Un grupo ecologista defensor del lobo pide la destitución del consejero de Medio Rural
ASTURIAS
El colectivo Grupo Lobo Asturias le considera «responsable de las matanzas indiscriminadas de lobos que se han demostrado ilegales»
17 feb 2026 . Actualizado a las 12:02 h.El colectivo ecologista Grupo Lobo Asturias ha pedido este martes la destitución del consejero de Medio Rural del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, «como responsable de las matanzas indiscriminadas de lobos que se han demostrado ilegales» a la vez que ha reclamado una investigación por parte de la Fiscalia contra los cazadores que participaron en las mismas.
En un comunicado, este colectivo asegura que está demostrado científicamente que eliminar ejemplares de forma sistemática no reduce los conflictos con la ganadería sino que por el contrario los incrementa dado que en los años en que el lobo estuvo incluido en el LESRPE y no hubo controles de población los daños al ganado disminuyeron los daños en relación con períodos anteriores. «Azuzar el odio al lobo como chivo expiatorio es una estratagema para desviar la atención respecto a los verdaderos problemas de la ganadería asturiana», añaden.
El Tribunal Supremo ha anulado el programa anual de control del lobo aprobado por el Gobierno asturiano en 2022 al estimar el recurso presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), que inicialmente fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
La sentencia incide en que, tras la inclusión de todas las poblaciones de lobo del territorio nacional en el grado de protección estricta, resulta incompatible con el establecimiento de medidas de gestión para la extracción o captura de ejemplares, sin perjuicio de las autorizaciones individuales al concurrir las excepciones previstas la ley.
Además, en el caso de la sentencia relativa al plan de extracción de ejemplares aprobado en Cantabria, el autoriza la caza del lobo «sólo cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado», por lo que considera que debe ir precedida de un examen de «medidas alternativas» que «razonablemente» puedan adoptar las explotaciones ganaderas para impedir sus ataques, informa Efe.