Condenan a una administradora de fincas de Gijón por apropiarse de más de 151.000 euros de una comunidad de vecinos
ASTURIAS
La justicia considera probado que desvió de forma continuada dinero procedente de las cuotas ordinarias de los vecinos y diversas derramas a cuentas personales
24 feb 2026 . Actualizado a las 09:18 h.La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a una administradora de fincas que gestionó durante años una comunidad de propietarios de Gijón por apropiarse de más de 151.000 euros de fondos vecinales. La sentencia considera probado que la acusada, aprovechando el control que tenía sobre las cuentas bancarias de la comunidad, desvió de forma continuada dinero a cuentas personales y realizó pagos sin justificar, causando un grave perjuicio económico a los propietarios.
Según recoge la sentencia, la relación profesional comenzó en 2007. La administradora fue contratada por la comunidad a cambio de unos honorarios mensuales modestos, pero a cambio asumía un control casi absoluto de la gestión económica. Tenía autorización para operar en varias cuentas bancarias abiertas a nombre de la comunidad, disponía de claves y contraseñas y podía realizar transferencias sin supervisión directa. Durante años, esa situación no generó sospechas.
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El contexto cambió a partir de 2017, cuando la comunidad recibió más de medio millón de euros en financiación y subvenciones públicas para la rehabilitación del edificio. Ese volumen de fondos, unido a las cuotas ordinarias y a diversas derramas, incrementó notablemente el dinero gestionado. Entre 2018 y 2022, de acuerdo con los hechos probados, la administradora «incumpliendo el deber de lealtad y fidelidad a su gestión, procedió a distraer de la cuenta corriente de esta comunidad o no dar el uso legal pertinente a distintas cantidades de dinero».
El tribunal detalla cómo se realizaron transferencias desde las cuentas comunitarias a cuentas personales de la propia administradora, así como pagos con conceptos poco claros o directamente desconocidos para los vecinos. En algunos casos figuraban supuestas obras o servicios que nunca fueron acreditados. En otros, se trataba de ingresos entregados en mano por propietarios para amortizar deudas o pagar cuotas, dinero que nunca llegó a reflejarse en la contabilidad de la comunidad.
Uno de los aspectos que más peso tuvo en el juicio fue la prueba documental y el informe pericial. El perito encargado de analizar las cuentas concluyó que las transferencias «no tenían un mínimo soporte documental que justificara respondían al pago de obras ejecutadas a cargo de la comunidad, servicios prestados a ésta o suministros». Para el tribunal, ese análisis fue «minucioso, detallado y prolijo», y resultó determinante para desmontar la versión de la acusada.
Durante el juicio, la administradora negó haberse quedado con dinero alguno y alegó falta de recuerdo en numerosas preguntas. Afirmó que algunas transferencias respondían a gastos de la comunidad o a devoluciones de cantidades que ella había adelantado. Sin embargo, la Audiencia es contundente al valorar su declaración, que califica de «confusa y contradictoria», y señala que quedó «totalmente desvirtuada por la prueba documental incorporada al procedimiento», a la que atribuye un carácter «aplastante, clara y contundente».
La sentencia también aborda un argumento recurrente en estos casos: la posible falta de control por parte de los propios vecinos. El tribunal rechaza que pueda reprocharse a la comunidad una supuesta desidia, y recuerda que externalizar la administración implica precisamente confiar esas funciones a un profesional. «Ese es el motivo por el que se confió en la acusada y se permitió actuara en beneficio de la entidad que administraría», señala el fallo.
Desde 2020, además, la administradora dejó de convocar juntas de propietarios y de rendir cuentas, incluso cuando ya no existían restricciones por la pandemia. Tras su cese en 2022, tampoco devolvió la documentación esencial de la comunidad, como el libro de actas, pese a los requerimientos realizados.
Por todo ello, la Audiencia Provincial la condena a tres años de prisión y a una multa de ocho meses y quince días, además de la inhabilitación para ejercer como administradora de comunidades durante el tiempo de la condena. En el plano económico, deberá indemnizar a la comunidad con los más de 151.000 euros sustraídos. La sentencia declara además la responsabilidad civil directa de la aseguradora con la que la profesional tenía concertada su póliza de responsabilidad civil, que deberá pagar a los perjudicados, pudiendo reclamar después a la condenada.