El hostelero «crucificado» de Grado ya tiene sentencia: el Ayuntamiento y el Principado tienen que pagarle 345.000 euros
ASTURIAS
El juzgado atribuye el 70% de la responsabilidad al Consistorio y el 30% a la Administración autonómica por los daños derivados del cierre del gastrobar Trastévere
25 feb 2026 . Actualizado a las 11:40 h.El «caso Trastévere», el relativo al hostelero «crucificado» de Grado en 2023, ya tiene sentencia. La Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Oviedo ya ha fallado a favor del empresario, fijando en 345.346,89 euros la indemnización que deberán abonar las administraciones públicas al hostelero moscón Bernardo Álvarez y a su sociedad mercantil por los perjuicios derivados de la anulación de las licencias que permitieron abrir el gastrobar Trastévere en el casco histórico de Grado. La sentencia, dictada el 23 de febrero de 2026, estima parcialmente el recurso del empresario y corrige al alza la compensación que había reconocido en vía administrativa el Ayuntamiento de Grado.
El fallo declara la responsabilidad patrimonial concurrente de las administraciones implicadas por los daños causados tras la anulación judicial de las licencias de obra y actividad concedidas en 2021. La resolución atribuye el 70% de la responsabilidad al Ayuntamiento de Grado y el 30% restante a la Administración autonómica, al considerar que el informe favorable emitido por el servicio de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias resultó determinante para la concesión municipal de los permisos posteriormente anulados.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
La indemnización se distribuye entre el propio empresario y la mercantil titular del negocio. Bernardo Álvarez recibirá 15.000 euros por daños morales derivados del cierre del establecimiento y de las consecuencias personales acreditadas durante el proceso. Por su parte, la sociedad Trastevere Delicatessen S.L. será indemnizada con 330.346,89 euros por perjuicios económicos vinculados a inversiones realizadas, gastos asociados a la actividad y lucro cesante limitado a un período de explotación potencial de año y medio. A estas cantidades se sumarán los intereses legales correspondientes.
El juzgado anula así la resolución municipal de abril de 2025 que había reconocido únicamente 105.000 euros, tras asumir el criterio del Consejo Consultivo que fijaba los daños totales en 150.000 euros. La nueva valoración judicial eleva significativamente la cuantía al considerar acreditadas determinadas inversiones y pérdidas económicas directamente vinculadas a la anulación de las licencias.
La sentencia delimita con precisión qué conceptos resultan indemnizables y cuáles no. El tribunal reconoce los daños morales del empresario, parte de las inversiones efectuadas en el inmueble, determinados gastos vinculados a la obtención de licencias y el lucro cesante acreditado con base en la evolución real del negocio antes de su cierre. Sin embargo, rechaza incluir el pago de la hipoteca del local al seguir siendo propiedad del demandante, descarta indemnizar beneficios empresariales hipotéticos a largo plazo y niega compensación por la eventual devolución de la subvención LEADER al no existir obligación firme de reintegro.
La resolución no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
El origen del conflicto
El conflicto tiene su origen en la concesión de licencias urbanísticas para reformar un inmueble protegido y destinarlo a uso hostelero, autorizaciones que fueron posteriormente anuladas por los tribunales tras la impugnación de un vecino. Aquella decisión obligó al cierre del establecimiento poco más de un año después de su apertura, en julio de 2022, y desencadenó la reclamación patrimonial que ha desembocado en esta resolución judicial. El caso adquirió gran repercusión pública en octubre de 2023, cuando el empresario protagonizó una protesta simbólica en el mercado moscón recreando un «vía crucis» para denunciar la situación económica generada por el cierre del negocio y reclamar una solución administrativa.