El Principado facilitará financiación y formación a concejos que colaboren en dependencia

La Voz OVIEDO

ASTURIAS

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco Paco Paredes | EFE

La medida forma parte del «Plan Agiliza», impulsado por el Gobierno de Asturias para acortar trámites y garantizar una atención «más eficaz» a las personas que requieren apoyos en su vida diaria

04 mar 2026 . Actualizado a las 16:38 h.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha animado a los ayuntamientos a incorporarse al modelo de colaboración que les permite participar en las labores de valoración de la situación de dependencia y en la elaboración de los programas individuales de atención (PIA) para reducir los tiempos de las resoluciones, para lo que se facilitará financiación autonómica, formación y apoyo técnico. La medida forma parte del «Plan Agiliza», impulsado por el Gobierno de Asturias para acortar trámites y garantizar una atención «más eficaz» a las personas que requieren apoyos en su vida diaria, ha informado el Ejecutivo.

En la reunión telemática que ha mantenido este miércoles con responsables municipales, Del Arco ha precisado que la colaboración de los ayuntamientos es voluntaria y que su finalidad es la de complementar, en ningún caso sustituir, la actividad de los equipos autonómicos. «Se trata de aprovechar la cercanía de los servicios sociales locales para que realicen la valoración de la dependencia en los domicilios y determinen cuál es la prestación más adecuada en cada caso», ha explicado.

En la sesión, la consejera ha detallado las principales características del modelo, que ya funciona con éxito en cinco municipios: Castropol, Coaña, Villayón, Cangas del Narcea e Ibias. El sistema se basa en una encomienda de valoración de la dependencia integrada en el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales (2024-2027). Del Arco ha indicado que en esta primera reunión «se han sentado las bases» de la colaboración entre la consejería y las entidades locales para conocer qué ayuntamientos podrían asumir estas funciones y comenzar a trabajar, «ya que la iniciativa requiere de una labor preparatoria intensa, como la formación y el acceso a herramientas corporativas».

El personal de los servicios sociales municipales encargado de valorar y elaborar planes individuales de atención deberá contar con una titulación en Trabajo Social, Medicina, Psicología, Enfermería, Fisioterapia o Terapia Ocupacional. Por su parte, la consejería abonará 190 euros a los ayuntamientos por cada expediente gestionado y el pago será anticipado cada ejercicio.

Derechos Sociales se encargará también de la formación certificada para los profesionales municipales, así como de la supervisión y coordinación desde los equipos territoriales del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. Además, los equipos especializados de la consejería seguirán colaborando estrechamente con los ayuntamientos que se adhieran a esta iniciativa, con el fin de garantizar una atención homogénea en toda la comunidad, informa Efe.