El fiscal mantiene su petición de 25 años de cárcel para la pareja que encerró a sus hijos
ASTURIAS
La defensa, por su parte, pide la libre absolución y que se favorezca la reagrupación familiar de los tres hijos con los padres
12 mar 2026 . Actualizado a las 18:10 h.La Fiscalía de Asturias ha ratificado este jueves su petición de 25 años y cuatro meses de prisión para los padres que mantuvieron encerrados durante cerca de cuatro años a sus tres hijos en una casa situada a las afueras de Oviedo. Mientras, la defensa pide para ellos la libre absolución y que se favorezca la reagrupación familiar.
Lo han hecho después de que los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, declarasen ante el tribunal que les juzga a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Oviedo, una vista oral que aún se prolongará el jueves 19 de marzo con una cuarta jornada en la que los letrados de la defensa expongan sus informes. Con la ayuda de un traductor, los padres han declarado durante varias horas y han respondido «tranquilos y confiados en que se haga justicia», ha señalado el abogado de la madre, Javier Muñoz, que ha evitado dar más detalles ya que han sido apercibidos por el tribunal de que se trata de un juicio a puerta cerrada.
Sí que ha trascendido que la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales con una petición de pena de 25 años y cuatro meses de prisión para cada progenitor por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia, y que ha incrementado a 30.000 euros la indemnización solicitada para cada uno de los tres menores por daños morales, una petición a la que se ha adherido la acusación particular ejercida por el Gobierno del Principado. Además reclama que se les prohíba acercarse a sus hijos —dos gemelos que actualmente tienen 9 años y su hermano mayor, de once— y se suspenda cualquier régimen de visitas durante más de once años, posición que contrasta con la de la defensa, que aspira a que sus clientes queden libres y pueda llevarse a cabo la reunificación familiar con el apoyo de los servicios sociales.
Miedo infundado
Según la Fiscalía, el «miedo infundado» de los padres a un hipotético contagio durante la pandemia de Covid les llevó a encerrar a sus hijos en el interior de la casa desde diciembre de 2021 hasta abril de 2025, tiempo en el que estuvieron privados de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales y en el que no tuvieron comunicación alguna con el mundo exterior, por lo que ni siquiera salían al jardín. Los niños presentaban igualmente problemas de control de esfínter, por la utilización indebida y prolongada de pañales, caminaban encorvados con las piernas arqueadas, presentaban dificultades para subir y bajar escaleras, tenían la piel irritada y convivían entre «cantidades ingentes de basura y suciedad».
Aislamiento voluntario
Para la defensa, sin embargo, no puede hablarse de detención ilegal, sino de un «aislamiento voluntario» por parte de unos padres que habían estado enfermos de coronavirus, y que presentaban un «miedo insuperable» a enfermar de nuevo, por lo que decidió autoconfinarse y educar a sus hijos en una casa que en ningún caso creen sea «la de los horrores», como fue bautizado por la prensa. Los menores, según mantienen los letrados de la defensa, estaban aseados, no tenían malformaciones y podían deambular con libertad por el hogar, que presentaba zonas perfectamente ordenadas y otras con mucha acumulación de enseres, algo que no es un delito.
«Es una situación extraordinaria, anómala, extraña, pero no constitutiva de delito. Tener la casa desordenada no es un delito y no escolarizar a los hijos en un centro oficial puede ser una infracción administrativa y puede ser reprochable desde el punto de vista personal o social, pero no jurídico», en palabras del abogado de la madre. La situación en la que se encontraban los niños se conoció el 28 de abril del pasado año a raíz de la llamada de una vecina y desde entonces se hallan bajo la tutela de los servicios sociales del Principado, mientras que los padres se encuentran en prisión preventiva y no han vuelto a ver a sus hijos, aunque sí mantienen contacto telefónico con ellos. La vista oral concluirá el próximo 19 de marzo con la exposición de los informes de los letrados y la posibilidad de que el matrimonio acusado haga uso de la última palabra antes de que el caso quede visto para sentencia, informa Efe.