El Gobierno desconocía la explotación de carbón en Asturias hasta el accidente de Cerredo
ASTURIAS
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo , Borja Sánchez, asegura que la comunicación del Gobierno asturiano con el Minsterio es «constante, continua y permanente»
18 mar 2026 . Actualizado a las 16:25 h.El Gobierno central desconocía la actividad extractiva de carbón en Asturias hasta marzo de 2025, cuando se produjo el accidente de la mina de Cerredo en el que murieron cinco trabajadores por una explosión de gas metano.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) han apuntado que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) «no tenía constancia de que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025». De hecho, han apuntado que «la estadística minera del Miteco, elaborada a partir de la información facilitada por las comunidades autónomas, no recoge dicha actividad».
Tras conocer la actividad extractiva, «el ITJ ha venido solicitando formalmente información al Principado para identificar las explotaciones activas» y verificar si se encuentran afectadas a la obligación de reintegro de ayudas.
A este respecto, recuerdan que la explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas de acuerdo a la Ley de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el plan de cierre de la minería no competitiva acordado en el marco de la Unión Europea. El proceso de obtención de la documentación está siendo «lento» y el ITJ la está analizando, especialmente la relativa a los planes de labores de las explotaciones.
Al margen de la mina de Cerredo, donde no hay actividad desde el accidente, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad, la de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Miura, en Ibias, y Pilotuerto, en Tineo.
Sobre este asunto se ha pronunciado el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, quien ha pedido al jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, que aclare si se trata de «un descuido» o de algo «intencionado».
El senador del PP por Asturias José Manuel «Lito» Rodríguez también ha exigido «responsabilidades urgentes y explicaciones inmediatas», tanto al Gobierno de Barbón como al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ante lo que ha calificado como un «absoluto despropósito». El representante del PP ha afirmado que su partido defiende la actividad minera «siempre que se cumpla la legislación y las normas de aplicación».
El secretario general de Foro, Adrián Pumares, ha dicho que es algo «muy preocupante» y ha acusado al Gobierno del Principado de mantener «una actitud de opacidad no solo con la oposición y la ciudadanía, sino también con otras administraciones». Pumares ha reiterado sus sospechas «sobre el uso de proyectos de investigación complementaria como posible cobertura para extracciones irregulares».
La diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, ha exigido a Barbón «una respuesta clara y pronta» porque Asturias debe «saber con exactitud el motivo de esta falta de transparencia». Tomé ha afirmado que «bastantes sombras hay ya en torno a la explotación de carbón como para añadir la falta de información necesaria al Instituto de Transición Justa».
Comunicación continua
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo , Borja Sánchez, por su parte, ha asegurado que la comunicación del Gobierno asturiano con el ITJ es «constante, continua y permanente» y que, dentro de una actitud de colaboración leal, le han trasladado toda la información que han solicitado sobre la situación legal de las minas tras las denuncias recibidas a mediados de marzo del pasado año.
Ha afirmado que en todos los procedimientos se está aplicando el «máximo rigor jurídico y administrativo», que todo lo que les llega del ITJ está siendo trasladado a las empresas afectadas y que en la consejería están tratando de aclarar qué datos se tendrían que haber enviado a este organismo, por parte de quien, cuándo y cómo.
Sánchez ha dejado claro también que la posible evolución de las ayudas al cierre es una cuestión que «debe aclararse entre la empresa y el ITJ» y que ahora toca «avanzar hacia la fórmula por la cual se podría reabrir con todas las garantías jurídicas», informa Efe..