A lo largo de la semana las administraciones han puesto en cuestión la actividad extractiva en la comunidad
21 mar 2026 . Actualizado a las 09:32 h.La semana política de lunes a viernes se abrió y se cerró con una polémica inédita, un enfrentamiento entre la administración central y la asturiana a cuenta del carbón, que dejó varios escenarios sin resolver. No se trata del primer encontronazo del ejecutivo de Barbón con un ministerio (han sido reciente con Transportes a cuenta del Huerna), pero pocos se esperaban que el negro mineral recuperara protagonismo a estas alturas. Dos accidentes mineros, el de Cerredo y el de Veiga de Rengos, que son totalmente distintos pero sucesivos en el tiempo, han puesto la lupa sobre las últimas reminiscencias de la extracción de carbón en Asturias, sobre su volumen y sobre la normativa que la ampara.
Fue así que a comienzos de la semana fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) afirmaron oficialmente «no haber tenido constancia de la actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo del año pasado», vinculando este descubrimiento a la tragedia de la mina de Cerredo, donde fallecieron cinco mineros; el Ministerio se remitía al Instituto para la Transición Justa (ITJ) que decía no tener tales datos. Ante esta declaración, el presidente del Principado, Adrián Barbón, manifestó su «sorpresa», rebatiendo que el ITJ debía conocer dicha actividad dado que la empresa pública Hunosa extrajo mineral en el pozo Nicolasa hasta diciembre de 2024.
En el seno del Gobierno de coalición, el coordinador de IU, Ovidio Zapico, calificó de «poco creíble» que ninguna administración supiera de la extracción y exigió «depurar responsabilidades». Los accidentes de la minería han sido con diferencia los que han llevado a IU a posiciones más incómodas y críticas dentro del Ejecutivo a lo largo de la legislatura. En esos días de confusión, con la administración autonómica y la central lanzándose los trastos sobre la extracción de carbón, se intensificaron las críticas de la oposición, en particular de PP y Foro que hablaron de descontrol y caos.
El viernes por la tarde, desde el Principado se anunciaba que ya se había trasladado al MITECO la información actualizada sobre la actividad extractiva de carbón para su correcta inclusión en la próxima edición de la Estadística Minera de España, «una vez localizado el origen de la falta de actualización en determinados registros». El Gobierno de Asturias insistió en que ha estado siempre a disposición del ministerio para trasladar la información relativa a las actividades mineras pero remarcó que «no ha recibido solicitud oficial alguna por parte del ministerio para corregir o ampliar los datos de los que disponía».
En el centro de la controversia se encuentra la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC). Se trata de un instrumento jurídico utilizado por el Principado para autorizar extracciones bajo la premisa de realizar «pruebas industriales» o buscar carbón para usos no térmicos, como la siderurgia. Sin embargo, el PIC se mueve en una zona gris, ya que no aparece definido expresamente en la Ley de Minas. Esta falta de encaje legal ha provocado que no haya constancia oficial en las estadísticas nacionales del número concreto de toneladas extraídas, mientras las administraciones se lanzan la pelota sobre la responsabilidad de volcar esos datos. Mientras el MITECO sostiene que la estadística nacional «no recoge dicha actividad» porque el Principado no la notificó en los formularios electrónicos, desde Asturias se defiende que el Ministerio conocía la situación al menos verbalmente y a través de los planes de labores de empresas como Hunosa.
La devolución de ayudas
A lo largo de la semana, el eje del debate se ha desplazado también hacia la posible obligación de que las empresas mineras reintegren las ayudas públicas concedidas tras el cierre de la minería no competitiva en 2018. De acuerdo con la Ley de Cambio Climático de 2021, cualquier reapertura de unidades inscritas en el Plan de Cierre está supeditada legalmente a la devolución previa de dichas subvenciones. En este sentido, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) ya ha anunciado que prevé «adoptar una resolución» al respecto en las próximas semanas, lo que afectaría a las explotaciones de Pilotuerto, en Tineo; Mina Miura, situada en el concejo de Ibias; y la de Veiga de Regos, pendiente de los permisos para reactivar su actividad.
No obstante, según un informe jurídico de la empresa TYC Narcea al que ha tenido acceso este periódico, la compañía esgrime una batería de argumentos para oponerse a cualquier tipo de reembolso. En primer lugar, la firma sostiene la plena independencia de su explotación, defendiendo que se trata de una «nueva unidad de producción» jurídica y funcionalmente distinta a la de la antigua Carbonar. Según este planteamiento, la mina actual no utiliza las mismas infraestructuras de interior ni los accesos de la etapa anterior, lo que la situaría fuera del ámbito de aplicación de la ley de cierre.
A este argumento se suma la naturaleza de la adquisición de los activos, que se realizó a través de un proceso judicial de liquidación concursal. La defensa jurídica de TYC Narcea recalca que los bienes se adquirieron «libres de cargas y gravámenes», lo que implica que la actual operadora no heredó las deudas ni los compromisos administrativos de la anterior propietaria. Por último, el informe apela a la prescripción del derecho de la Administración a reclamar el dinero. La compañía alega que, al haber transcurrido más de cuatro años desde el último pago de las ayudas en 2018 sin que se abriera ningún expediente de investigación, cualquier acción de reintegro habría caducado legalmente