La disputa por estos casi siete milómetros cuadrados tiene repercusiones para las ganaderías de la zona de Santa María del Puerto
24 mar 2026 . Actualizado a las 14:37 h.El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por el Gobierno asturiano y el Ayuntamiento de Somiedo contra la sentencia que en enero de 2025 dictó la Audiencia Nacional en favor del municipio leonés de Cabrillanes en la disputa que desde hace años mantienen por 674 hectáreas de pastos. Dicha sentencia avala la decisión adoptada en 2019 por el Ministerio de Política Territorial por la que los terrenos que hasta ahora forman parte del concejo asturiano deben pasar al municipio leonés.
En su recurso, Asturias sostiene que la orden ministerial y la sentencia por la que se aprobó el deslinde entre ambos términos municipales vulneran la normativa estatal y la jurisprudencia que exigen basar este tipo de procedimientos en los documentos más antiguos que haya con la «conformidad expresa» de todos los municipios afectados. En este caso, el Ayuntamiento de Somiedo y el Principado consideran acreditado que dicha conformidad no se produjo en el apeo de 1785, que ha sido utilizado para fijar el límite controvertido, y defienden que los únicos documentos válidos son los posteriores deslindes de 1882 y 1932, firmados y aceptados por todas las partes.
Por lo tanto, para Asturias, la sentencia de la Audiencia Nacional no se ajusta a lo que quiso expresar el representante del puerto asturiano que hace ya 240 años no quiso firmar el acta de la Real Ejecutoria, que contempla este deslinde en favor de León, y que tampoco nadie lo hizo en su nombre. La disputa por estos casi siete milómetros cuadrados tiene repercusiones para las ganaderías de la zona de Santa María del Puerto ya que un resultado desfavorable supondrá un recorte en la financiación que reciben de la Política Agraria Común (PAC).
El Ayuntamiento de Somiedo ha hecho público este martes un comunicado en el que celebra que el procedimiento continúe su curso. Además, confía en que el Supremo fije una «doctrina clara» que garantice que los deslindes municipales se fundamenten en documentos respecto de los que exista una «conformidad acreditada, fehaciente e inequívoca de todos los interesados», informa Efe.