Los grupos que sustentan el gobierno (PSOE e IU) acuerda una ley de universidades que debe esperar la tramitación pendiente
29 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno asturiano, tanto el del PSOE como el de Convocatoria por Asturias (que incluye a IU), se mostraron confiados esta semana en que el parlamento autonómico disponga de tiempo antes de que se disuelva en marzo de 2027 de cara a las elecciones autonómicas de ese año, para aprobar la anunciada Ley de Universidades. El anuncio de la elaboración de la futura norma les sirvió para solventar sus diferencias en torno a la implantación en Asturias de la Universidad de Nebrija en Avilés y de la Alfonso X El Sabio en Oviedo, ya autorizadas, y la Europea en Gijón, pendiente de completar ese trámite, y llevó a IU a renunciar a la presentación de un recurso en los tribunales contra esta decisión del Gobierno del que forma parte. En el balance de esa gestión de trámites legislativos pendientes se enumeraron siete proyectos de ley remitidos por el Gobierno y una proposición de ley (a iniciativa de los grupos) que son los siguientes:
Proyectos de Ley del Gobierno del Principado
Proyecto de Ley de regulación de la venta, suministro y consumo de bebidas energéticas para la protección de menores de 16 años: Esta norma busca limitar el acceso de los adolescentes a productos con altos niveles de cafeína y taurina debido a los riesgos para la salud detectados por los expertos. El texto establece la prohibición de venta y consumo a menores de 16 años, equiparando su tratamiento al del alcohol en espacios públicos y centros educativos. Además, se imponen restricciones a la publicidad y se obliga a que estos productos no se sitúen junto a refrescos comunes en los comercios para evitar una «percepción de inocuidad» entre los jóvenes.
Proyecto de Ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias: Este proyecto actualiza el marco normativo asturiano para responder a los nuevos desafíos del comercio electrónico y los servicios digitales. La ley refuerza la protección de los ciudadanos frente a cláusulas abusivas y prácticas comerciales agresivas, introduciendo la figura de la «persona consumidora vulnerable» para proteger específicamente a mayores y colectivos con menos recursos. Asimismo, se endurecen las sanciones administrativas para asegurar que las multas tengan un carácter verdaderamente disuasorio ante grandes infracciones.
Proyecto de Ley de Colegios Profesionales: Se trata de la primera ley propia del Principado en esta materia, diseñada para ordenar el funcionamiento de estas corporaciones de derecho público bajo principios de transparencia y buen gobierno. La norma busca garantizar que los colegios profesionales sirvan como herramienta de control de la deontología y como «garantía de calidad del servicio para la ciudadanía». Establece criterios claros para la creación de nuevos colegios, exigiendo siempre que la profesión en cuestión requiera titulación universitaria oficial y sea de interés público.
Proyecto de Ley de Cooperativas: Esta iniciativa pretende dinamizar la economía social en Asturias facilitando la creación de empresas bajo este modelo asociativo. La principal novedad es la reducción del número mínimo de socios de tres a dos, lo que permite una mayor flexibilidad para emprendedores y proyectos en el ámbito rural. El texto también incluye medidas para la «digitalización de la gestión cooperativa» y agiliza los trámites administrativos, buscando que las cooperativas sean una alternativa real y competitiva frente a las sociedades mercantiles tradicionales.
Proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia: Esta ley sitúa los derechos de los menores en el centro de la acción política, con un enfoque integral que va desde la prevención del maltrato hasta el apoyo tras la mayoría de edad. Entre sus puntos clave destaca el fomento del acogimiento familiar sobre el residencial y la creación de programas de acompañamiento para jóvenes extutelados hasta los 26 años. La norma garantiza que los menores tengan «derecho a ser escuchados en todos los procesos que les afecten», fortaleciendo su protección jurídica y social frente a situaciones de vulnerabilidad.
Proyecto de Ley para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real de las personas LGTBI y de sus familias: El objetivo de esta norma es blindar los derechos de las personas LGTBI mediante una estrategia transversal que abarca la sanidad, la educación y el empleo. El texto incluye protocolos específicos contra el acoso escolar por motivos de identidad u orientación sexual y asegura que la «atención sanitaria a las personas trans» se realice bajo criterios de despatologización. Además, establece medidas para combatir la discriminación en el acceso a la vivienda y promueve la visibilidad de los diversos modelos familiares existentes en la sociedad asturiana.
Proyecto de Ley de Vivienda: Orientada a solucionar uno de los mayores problemas sociales actuales, esta ley busca aumentar la oferta de alquiler asequible y proteger a los colectivos con mayores dificultades de acceso. Introduce la posibilidad de declarar «zonas de mercado tensionado» para limitar los precios de los alquileres y contempla medidas para movilizar viviendas vacías mediante incentivos y penalizaciones. El proyecto también prioriza el aumento del parque público de vivienda y la rehabilitación energética, buscando que el hogar sea un derecho efectivo y no solo un bien de mercado.
Proposición de Ley (Iniciativa de Grupos Parlamentarios)
Se trata de la la reforma de la Ley 8/2002 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, presentada por Convocatoria por Asturias; esta propuesta busca adaptar la ley vigente a la realidad cultural actual. La reforma pretende facilitar que locales de hostelería puedan albergar «actividades culturales de pequeño formato», como conciertos acústicos o lecturas literarias, sin necesidad de licencias complejas propias de grandes salas. El objetivo es desburocratizar la cultura de proximidad y permitir que los pequeños negocios contribuyan a la dinamización artística de los concejos sin riesgos de inseguridad jurídica.