Un año de la tragedia de Cerredo: un año de búsqueda de responsabilidades penales y políticas
ASTURIAS
La empresa Blue Solving carecía de autorización para extraer carbón y las condiciones de seguridad eran insuficientes e inadecuadas
30 mar 2026 . Actualizado a las 14:13 h.La mañana del 31 de marzo der 2025 cinco trabajadores perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos por una explosión de grisú registrada en el interior de la mina de Cerredo, y tras un año de actuaciones técnicas, judiciales y políticas la investigación sigue en marcha para despejar interrogantes y determinar si pudo haberse evitado la mayor tragedia de la minería asturiana en tres décadas.
Por el momento, todas las vías abiertas apuntan a que en el interior de esta mina de montaña situada en el límite entre Asturias y León se estaba extrayendo carbón, que la empresa carecía de autorización para hacerlo y que las condiciones de seguridad eran insuficientes e inadecuadas.
No solo el testimonio de algunos de los heridos que sobrevivieron a la explosión lo ha puesto de relieve, también el Servicio de Minas del Principado que hace un par de semanas emitió un informe que concluye que la actividad desarrollada en Cerredo era «clandestina», que no estaba autorizada la extracción de carbón, que se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y que no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías.
La sospecha de que Blue Solving, la empresa titular de los derechos mineros de Cerredo, estaba llevando a cabo una actividad irregular y sin seguridad planeó desde los primeros días, e incluso llevó a la entonces consejera de Transición Ecológica de Asturias, Belarmina Díaz -dimitió once días después del accidente- a afirmar que las condiciones de trabajo que había en el interior de la mina no se daban «ni en el peor de los chamizos».
En el momento de la explosión había en el interior de la mina once trabajadores contratados por Blue Solving, una sociedad que solo disponía de una licencia para retirar chatarra y materiales, y otra para un proyecto de investigación que le iba a permitir sacar 60.000 toneladas de 'carbón verde' pero que, según el Gobierno asturiano, nunca llegó a estar activo porque la empresa no presentó un plan de labores.
Frente judicial y político
A día de hoy, la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Cangas del Narcea sigue abierta, mientras que en el ámbito político y administrativo se han sucedido inspecciones, comparecencias y la elaboración de informes, algunos de ellos aún inconclusos.
El juzgado mantiene como investigados por cinco delitos de homicidio por imprudencia y otros cuatro de lesiones al empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, a su mujer Ana María Rodríguez y a su hijo Adrián Rodríguez, así como al director facultativo, y por tanto máximo responsable de la seguridad de la mina, José Antonio Fernández Casillas.
También ha prorrogado la instrucción ante la falta de algunos informes y declaraciones, aunque levantó el secreto de sumario a mediados de febrero, unos días antes de que la comisión constituida en el parlamento asturiano para depurar responsabilidades políticas recabase los últimos testimonios.
Hasta finales de abril tiene de plazo para terminar de analizar la documentación recabada y los testimonios de los más de 70 comparecientes que durante meses han ido desfilando por la Junta General del Principado.
No obstante, a falta del dictamen, PP, Vox y Foro ya consideran que las declaraciones de brigadistas, mineros, guardas, técnicos y políticos han dejado claro que había graves deficiencias de seguridad que la administración no detectó, y que puede hablarse de negligencia e incluso de fraude de ley en los permisos dados para que se pudiese sacar carbón de la mina.
Proyectos de investigación
Precisamente, los proyectos de investigación complementaria (PIC) con los que Minas autorizaba la extracción de carbón que no tuviese destino térmico, y que en el caso de Blue Solving contaba con una subvención del Instituto para la Transición Justa, han estado en el punto de mira de la comisión parlamentaria por si pudiesen haber sido utilizados como 'tapadera' para seguir extrayendo mineral.
También son objeto de controversia el papel que ha jugado la Dirección de Minas y las inspecciones que se llevaron a cabo en Cerredo, una mina que recibió ayudas europeas para su cierre en 2018 y que reanudó su actividad en 2022 bajo la titularidad de distintas empresas del entramado familiar de Chus Mirantes.
Durante ese periodo se produjo otro accidente que costó la vida a un trabajador y heridas graves a otro cuando en agosto de 2022 volcó un camión cargado de carbón, lo que entonces hizo saltar ya las alarmas y llevó a que se abriesen dos expedientes sancionadores a la empresa titular de los derechos mineros, aunque la actividad se reanudó ocho meses después.
Las inspecciones, según la exconsejera de Industria y responsables de la Dirección de Minas que declararon ante la comisión, no detectaron incumplimientos graves en materia de seguridad ni que se estuviesen llevando a cabo trabajos no autorizados, aunque el anterior dueño de la mina, el también empresario leonés Victorino Alonso, declaró que la administración tenía que saber perfectamente que se estaba extrayendo mineral sin autorización.
Las actuaciones del Servicio de Minas del Principado está siendo objeto de un informe encargado a la Inspección General de Servicios de la administración asturiana con el que se pretende aclarar si hubo errores y cómo puede mejorarse, un documento que aún no ha visto la luz.
Tampoco se ha aclarado la polémica que en las últimas semanas se ha producido entre el Gobierno central y el asturiano, a raíz de que el Instituto para la Transición Justa asegurase que no tenía conocimiento de que se estuviese extrayendo carbón de minas asturianas hasta el accidente de hace un año, informa Efe.