El informe de la Inspección General de Servicios del Principado afirma que Blue Solving llevaba a cabo una actividad «clandestina» en Cerredo. El PP pide responsabilidades políticas y Tomé ve «impresentable» que el Gobierno valore el informe antes de remitirlo a la Junta
06 abr 2026 . Actualizado a las 17:09 h.El Servicio de Minas del Principado pudo utilizar la figura del «proyecto de investigación complementaria» (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minera no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, según un informe elaborado por la Inspección de Servicios de la administración autonómica.
Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas como requisito ineludible para autorizar la explotación en minas sometidas a cierre, según recoge el informe que la Inspección General de Servicios del Principado ha elaborado a raíz del accidente registrado hace ahora un año en la mina de Cerredo. El Gobierno asturiano encargó dicho informe tras la explosión registrada el 31 de marzo del pasado año en la que perdieron la vida cinco trabajadores leoneses y otros cuatro resultaron heridos cuando se encontraban en el nivel tercero de la explotación realizando labores de extracción de mineral.
Según el informe emitido hace un par de semanas por el Servicio de Minas del Principado, en dicha mina la empresa titular de los derechos de explotación, Blue Solving, llevaba a cabo una actividad «clandestina», no estaba autorizada para la extracción de carbón, se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías. Blue Solving tenía autorizada la extracción de materiales achatarrable y acopios de carbón y había solicitado un PIC que le permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico, si bien el Principado mantiene que nunca llegó a estar operativo porque la empresa no llegó a presentar un plan de labores, como era preceptivo.
El informe elaborado ahora por la Inspección de Servicios, y dado a conocer este lunes por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también señala que los PIC no tienen una regulación explícita en la normativa minera, que el Principado no contaba con planes anuales de inspecciones de minas, y que hay margen de mejora en la planificación de esas visitas y en los expedientes sancionadores.
También se hace referencia a la falta de comunicación con el Instituto de Transición Justa (ITJ) a la hora de conceder autorizaciones a explotaciones susceptibles de cierre, situación en la que se encontraba la mina de Cerredo, que además cambió varias veces de empresa titular de los derechos de explotación.
Once recomendaciones
El informe, de más de 300 páginas, plantea también once recomendaciones para mejorar el servicio y las inspecciones a explotaciones mineras, recomendaciones que, según ha asegurado el consejero, el Gobierno va a asumir en su totalidad con el fin de conseguir una mayor seguridad jurídica, administrativa y laboral.
Entre las recomendaciones se encuentra la de elaborar una disposición que regule las transmisiones de los derechos mineros y a revisar o reformular la figura de los PIC, una figura que se ha venido utilizando en Asturias desde hace dos décadas, informa Efe.
El PP pide responsabilidades políticas
El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha afirmado este lunes que el informe elaborado por la Inspección General de Servicios Minas «acredita que el caos y el descontrol en el servicio de Minas fue a más» con el Gobierno de Adrián Barbón, y ha considerado que «debe haber una responsabilidad política».
En declaraciones a los periodistas durante su participación en la tradicional Comida en la Calle de Avilés, el líder de los populares asturianos ha remarcado que el informe sobre el accidente de la mina de Cerredo pone de manifiesto «una mala praxis de la Administración del Principado y una negligencia a la hora de abordar los asuntos mineros». Queipo se ha preguntado «cómo de grave tiene que ser el asunto» para que la propia Inspección de Servicios mande a la Fiscalía el informe sobre el funcionamiento del Servicio de Minas de Asturias.
«Ahora se entiende por qué Adrián Barbón no quería que existiera una comisión de investigación» en la Junta General y «luego la dinamitó en todo lo posible para intentar que su funcionamiento no fuera el correcto o incluso controlado», ha dicho Queipo. Además, ha denunciado que el Gobierno asturiano «ha tenido secuestrado por conveniencia el informe durante un mes, porque se sabía que internamente el Ejecutivo ya lo tenía, pero no han dejado que vea la luz».
«El problema es que necesitamos tener un Gobierno que dé certezas, no que nos genere estas incertidumbres, un Gobierno que sea capaz de poner orden, y más cuando estamos hablando de que ha tenido como consecuencia el llevarse por delante cinco vidas de mineros hace un año», ha subrayado Queipo.
Tomé ve «impresentable» que el Gobierno valore el informe antes de remitirlo a la Junta
La diputada del Grupo Mixto y presidenta de la comisión parlamentaria de investigación del accidente de la mina de Cerredo, Covadonga Tomé, ha considerado este lunes que resulta «impresentable» que el Gobierno asturiano haya realizado una valoración pública del informe de la Inspección General de Servicios antes de remitirlo a dicho órgano. Fuentes del Principado han precisado que el informe fue remitido a la comisión parlamentaria de investigación mientras la vicepresidenta y el consejero ofrecían la rueda de prensa.
En un comunicado, Tomé también ha afirmado que las medidas anunciadas por el Ejecutivo autonómico «no son suficientes si no se acompañan de una depuración clara de responsabilidades políticas y administrativas».
La parlamentaria ha precisado que el informe, de más de 300 páginas, exige «una lectura detallada, tiempo y seriedad» dado que «en una cuestión de esta gravedad no caben ni las prisas ni los intentos de dar por cerrado un asunto que sigue bajo investigación», informa Efe. «Siempre defendimos que el objetivo era llegar al final para que no volviera a repetirse una tragedia como la de Zarréu. Seguimos trabajando en el mismo camino», ha manifestado Tomé.
Pumares pide a Barbón que aclare desde cuándo tienen el informe
El diputado del Grupo Mixto y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha criticado este lunes al Gobierno regional por su «estrategia de hacer público el informe extraordinario de la Inspección General de Servicios sobre el accidente mortal de la mina de Cerredo el mismo día que hay un consejo de gobierno para conjuntamente anunciar propuestas» y asegura que la pregunta que tiene que responder Adrián Barbón es desde cuándo tiene ese informe y por qué motivos no lo hizo público.
Pero además Pumares ha incidido en que Barbón también tiene que explicar qué responsabilidades va a asumir y quién las va a asumir, porque ha indicado que el informe deja en muy mal lugar al Servicio de Minas y al Gobierno de Barbón, informa Europa Press. «Se deja también claro que se tomaron decisiones que perjudicaron la seguridad y la labor de inspección únicamente en base a criterios económicos y que los Proyectos de Investigación Complementaria, los PIC, además de ser una simple afección jurídica y un fraude de ley, en el caso concreto de Cerredo pues no se llevaron a cabo tampoco los trámites necesarios para garantizar que se cumplía con ese PIC», dijo Pumares.