El PP sostiene que en MInas había un «caos teledirigido» para enriquecimiento de algunos. Foro ve a Barbón como responsable de las irregularidades
08 abr 2026 . Actualizado a las 13:50 h.El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha remarcado este martes que su Gobierno ha asumido «íntegramente» las recomendaciones y conclusiones del informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente de Cerredo, lo que supondrá «una regeneración total y absoluta del Servicio de Minas de Asturias».
En su perfil en las redes sociales, Barbón ha expuesto que el propósito de este informe, que fue publicado ayer lunes, es «depurar todas las responsabilidades, analizar lo sucedido, rehacer el servicio y evitar, con y por todos los medios a nuestro alcance, que nada así pueda volver a suceder», y ha apuntado que en estos momentos está «procediendo a la lectura detallada y análisis exhaustivo del mismo».
El jefe del Ejecutivo asturiano ha dicho ser consciente de que «abundan los análisis en caliente, con declaraciones precocinadas que no se basan, ni siquiera, en una primera lectura del mismo», pero ha afirmado que su forma de hacer política no es esa.
El Gobierno de Asturias cumplió ayer con su palabra, con la publicación del Informe de la Inspección de Servicios del Principado, con el objetivo de llegar hasta el final en el caso Blue Solving, la mina ilegal en la que murieron el 31 de marzo de 2025, en una fecha grabada por…
— ? Adrián Barbón ?? (@AdrianBarbon) April 7, 2026
«Desde el rigor y la seriedad, reitero lo que ya señalé hace un año: saber la verdad, llegar hasta el final, hacer justicia a los mineros fallecidos y adoptar todas las decisiones que impidan que, nada así, vuelva a tener lugar», ha expresado Barbón, quien ha recordado que ese es el cometido que le encargó al consejero de Ciencia, Borja Sánchez, al confiarle las competencias de Industria.
Barbón ha dicho saber que «algunos querrán utilizar el Informe con una evidente intención electoral intentando poner fin a un Gobierno de progreso en Asturias», pero ha subrayado que lo que le importa es que su compromiso, «como miembro de la familia minera, es claro: cambiar, modificar y adoptar cuantas decisiones sean necesarias con el objetivo de que nunca, nunca más, algo así vuelva a suceder».
Ante las críticas por no haber publicado antes el informe, de más de 300 páginas, Barbón ha apuntado que el consejero Borja Sánchez recibió la versión definitiva el pasado 27 de marzo y lo analizó durante unos días con su equipo hasta que ayer lo expuso en el Consejo de Gobierno antes de hacerse público. Fuentes del Principado han precisado que el presidente conoció el informe ayer mismo (lunes) y que no había recibido el informe provisional.
Barbón ha recordado que el informe, «que ha analizado de arriba a abajo y de forma exhaustiva el Servicio de Minas de Asturias», es «una decisión personal» suya como presidente con el objetivo de «saber la verdad», en contraste con lo que pasa en otras comunidades ante hechos así y «se opta por el silencio o tapar las cosas», informa Efe.
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«En Asturias hicimos justo lo contrario: se ordenó la investigación exhaustiva y llegar hasta el final. Como dije entonces y repito hoy, era mi compromiso de sangre, como miembro de la familia minera, con las familias de los muertos», ha remarcado.
El PP cree que en MInas había un «caos teledirigido» para enriquecimiento de algunos
El Partido Popular considera que en el Servicio de Minas del Principado había un «caos teledirigido» que se ha aprovechado de la estructura de Gobierno para llevar a cabo «actuaciones ilegales» de las que algunos han sacado beneficio y se han enriquecido.
«Paree que el caos estaba teledirigido, que tenía como objetivo la acción basada en la omisión, medio en el que se movían intereses posiblemente basados en actuaciones ilegales», ha señalado el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, a raíz del informe que la Inspección General de Servicios hizo sobre la autoridad minera.
El informe señala que el Servicio de Minas del Principado llevó a cabo una actuación «insuficiente e inadecuada» a la hora de acreditar la capacidad y solvencia de Combayl y Blue Solving, las dos empresas del mismo entramado familiar que explotaron en los últimos años la mina de Cerredo, en la que el 31 de marzo del pasado año fallecieron cinco trabajadores por una explosión de grisú.
También apunta a que hubo «inactividad administrativa» en cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud de los trabajadores, la protección del medio ambiente y su restauración, que las inspecciones que se llevaban a cabo en Cerredo se hacían de acuerdo con la empresa y que la administración no prestó atención a contratos en los que se reconocía que iban a extraer carbón.
Sobre los proyectos de investigación complementaria (PIC), como el que había solicitado Blue Solving en Cerredo, advierte de que es la autoridad minera del Principado la que «procede unilateralmente a perfilar su naturaleza jurídica y fáctica» y que esta figura se utilizó para eludir el plan de cierre de la minería del carbón.
Según Queipo, del informe se desprende que «es más que evidente que los PIC se utilizaron para saltarse el corsé legal y es conveniente que alguien aclare si se usaron como instrumento para alimentar el caos que había en Minas».
Para el presidente de los populares asturianos, el caos al que apunta el informe es demasiado hasta para el Gobierno de Adrian Barbón, por lo que parece que estaba buscado para «poder hacer la vista gorda y que algunos pudieran sacar beneficio con actividades ilegales».
En su opinión, responsables de este caos son los exconsejeros que en el periodo analizado por el informe tuvieron minas entre sus competencias: el actual presidente de Hunosa, Enrique Fernández; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, y Belarmina Díaz, que dimitió once días después del accidente. «Parece que ha habido premios a una acción que ha favorecido el enriquecimiento de algunos», ha añadido Queipo en una rueda de prensa en la que ha asegurado que «hay responsabilidades políticas» que tienen que aclararse, caiga quien caiga, aunque sea el presidente del Principado.
Reactivar la comisión
Según Queipo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, también es responsable y tiene que «dejar de esconderse y dar la cara» por lo que su grupo parlamentario y Foro han acordado pedir la celebración de un pleno extraordinario en la Junta General para que el propio presidente de explicaciones sobre el informe «aunque le resulte incómodo».
El PP también va a pedir que se reactive la comisión de investigación constituida en el parlamento asturiano a raíz del accidente de Cerredo, que hace semanas cerró el periodo de comparecencias y se encuentra elaborando el borrador del dictamen. Según Queipo, a raíz de este extenso informe se hacen necesarias nuevas comparecencias para aclarar algunos de los extremos que en él se incluyen porque sería conveniente que el dictamen final cuente con todos los mimbres.
Queipo también se ha mostrado escéptico ante el hecho de que el Gobierno asegurase ayer que el jefe del Ejecutivo asturiano no había recibido el informe de la Inspección General hasta ayer mismo, pese a que el borrador fue remitido a la consejería de Ciencia, Industria y Empleo el 5 de marzo y el documento final el día 27. De ser verdad, ha añadido el líder de los populares asturianos, «sería la demostración de que a Barbón le importa un carajo lo que pasa en Asturias», informa Efe.
Foro ve a Barbón como responsable de las irregularidades
El secretario general y diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha atribuido este martes al presidente del Principado, Adrián Barbón, la responsabilidad del desmantelamiento del servicio de seguridad minera para evitar accidentes como el de la mina de Cerredo, en Degaña, donde murieron cinco trabajadores.
Ésa es una de las cuestiones que figuran en el «demoledor» informe de la Inspección General de Servicios relativo al siniestro que, según Pumares, confirma las denuncias realizadas por Foro desde hace un año y que, ha subayado, ni corrige ni matiza el documento provisional en poder del Ejecutivo hace un mes y que no fue presentado hasta ayer para anunciar medidas que ha calificado de «cosméticas».
Al margen de exigir a Barbón que pida disculpas y dé explicaciones de su gestión, el parlamentario forista ha señalado que la responsabilidad política no puede limitarse a la dimisión de la exconsejera Belarmina Díaz sino que debe extenderse a sus predecesores en el cargo, Enrique Fernández, hoy presidente de Hunosa, y Nieves Roqueñí, actual responsable de la Autoridad Portuaria de Gijón, así como al jefe del Ejecutivo por haberlos nombrado y por su papel en el desmantelamiento del servicio.
Según el parlamentario de Foro, no se trata de fallos puntuales sino de problemas graves y estructurales dentro del Principado que evidencian que el sistema no funcionó como debía dado que se ha constatado que en Cerredo se estaba extrayendo carbón de manera irregular «con empresas que actuaron con total impunidad mientras los sucesivos gobiernos de Barbón miraron hacia otro lado».
Así, ha recordado que el informe refleja que los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) fueron utilizados como un «fraude de ley» para permitir la extracción ilegal de carbón al margen de la normativa vigente y que no se garantizó que las empresas implicadas cumplieran con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos necesarios ni que los procesos administrativos se realizaran conforme a derecho.
En este sentido, ha destacado el debilitamiento del servicio de seguridad minera desde la llegada de Barbón al Gobierno del Principado, un periodo «en el que se redujeron tanto los efectivos como la especialización por motivos económicos» lo que, a su juicio, convierte al jefe del Ejecutivo en el principal responsable del desmantelamiento de un servicio «clave» que debía haber evitado el accidente.
Tras insistir en que los mecanismos de control fallaron y en que el Gobierno autonómico no actuó cuando debía y que permitió que la situación se prolongara en el tiempo, Pumares ha pedido conocer qué medidas se van a adoptar a partir de ahora y quién va a asumir las responsabilidades políticas derivadas de estos hechos.
A su juicio, el anuncio del consejero de Ciencia de la necesidad de «dimensionar» el servicio de seguridad minera constata que, si esa necesidad existe, es porque previamente se redujo su estructura, informa Efe.