Polémica por el nombramiento de la nueva gerente de Vipasa: el gobierno lo ve legal y la oposición lo califica de «enchufe»
ASTURIAS
Susana González, exdirectora de Vivienda de Gijón, es ahora la nueva responsable de la empresa pública asturiana
07 abr 2026 . Actualizado a las 16:34 h.El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido este martes el proceso de selección «intachable» jurídicamente que determinó el nombramiento de Marta Pulgar como nueva gerente de la empresa pública Vipasa, un «enchufe» resuelto «con opacidad» a juicio de los grupos parlamentarios de PP y Vox.
Zapico ha hecho estas afirmaciones durante su comparecencia a solicitud del PP para informar del proceso iniciado con el cese de la anterior responsable de Vipasa y la convocatoria de la plaza resuelta el pasado 30 de marzo a favor de Pulgar, ex concejala y ex diputada de IU durante dos legislaturas y que ya ocupó ese cargo entre 2008 y 2012 en los gobiernos de Vicente Álvarez Areces y Francisco Álvarez-Cascos.
Según el consejero, pese a que el acceso al cargo de gerente no se rige por las normas de acceso a la función pública, el proceso cumplió los requisitos de publicidad, concurrencia, idoneidad y adecuación al perfil del puesto y contó con 45 candidaturas inicialmente que fueron evaluadas de manera objetiva por el tribunal, integrado por los miembros del consejo de administración de Vipasa.
«La militancia en un partido no puede lastrar las posibilIdades de una persona para acceder a un cargo público», ha apuntado Zapico tras defender que no se ha tratado de una decisión discrecional dado el perfil profesional y la trayectoria vinculada a la gestión pública de la nueva gerente.
Por el contrario, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha cuestionado un proceso de selección cuyas bases carecían de criterios de puntuación y en el que se requerían determinadas titulaciones peo se dejaban fuera otras lo que llevó, por ejemplo, a excluir del mismo la candidatura de un ingeniero que había sido gerente de Vipasa al no estar incluida esa formación entre las solicitadas por el tribunal.
«Ha sido una pura pantomima», ha lamentado Cuervas-Mons tras cuestionar que no se explique el criterio para las titulaciones o que no se fijase la puntuación de la entrevista final en un proceso «opaco» que constata el carácter de «incorregibles depredadores de puestos públicos» de los partidos del Gobierno. «Cada vez que sale una plaza de más de 60.000 euros, hay una ex consejera o un ex alcalde», ha apuntado.
En la misma linea, el parlamentario de Vox Javier Jové ha reprochado a Zapico que fuese incapaz de explicar los motivos del cese de la gerente que ocupó el cargo desde 2024 —cuando Pulgar optó también al puesto y se retiró al final del proceso— y que haya convertido su consejería «en un gran colocódromo de Izquierda Unida que vienen aquí a pastar y que han colonizado la estructura del Principado».
Por su parte, la portavoz de IU-Ca, Delia Campomanes, ha lamentado la operación de «embarrado político» y de «matonismo político» realizada desde la derecha para desprestigiar a una profesional que no encaja en sus prejuicios ideológicos y que, ha recordado, ocupó ese mismo cargo el Gobierno de Foro entre 2011 y 2012 por lo que se ha preguntado si Álvarez-Cascos se dedicaba también «a colocar comunistas».
Para el portavoz socialista, José Ramón García, tener trayectoria política no debe ser un demérito para un cargo para el que un gobierno plantea los criterios que ve necesarios para su elección —«ustedes habrían cogido a alguien de un fondo buitre o de una agencia inmobiliaria», ha apuntado— y ha puesto como ejemplo la designación del ex diputado del PP Ramón García Cañal para dirigir la Empresa Municipal de Limpieza de Gijón.
Impagos de alquileres y garajes de viviendas públicas
Por otra parte, Zapico ha respondido también durante su comparecencia ante la comisión correspondiente de la Junta General a una pregunta del PP sobre la deuda total por impagos de alquileres de rentas en las viviendas del Principado y de VIPASA, que ha cifrado a 31 de diciembre de 2025 en 2,2 millones de euros.
Además, el consejero ha avanzado que se está perfilando una propuesta para poner a disposición de los usuarios interesados las 695 plazas de garaje correspondientes a viviendas públicas que se encuentran sin arrendar en quince municipios de la región al no estar interesados los residentes en las mismas.
Dichos inmuebles, según recoge Efe, se construyen por exigencia de los planes urbanísticos cuando se lleva a cabo una promoción de vivienda pública aunque no responda a una demanda real de sus ocupantes y están configuradas como una parte aneja a la vivienda, como si se tratara de un trastero, y no pueden por tanto alquilarse ni venderse a terceros.
El Gobierno trabaja ahora, ha apuntado el consejero, en una fórmula que permita poner esas plazas de garaje a disposición de otros usuarios a un precio inferior al del mercado mediante autorizaciones de uso con una duración inicial de un año que tendrían siempre carácter temporal y serían revocables con un preaviso mínimo de un mes