Está previsto que el dictamente esté listo a finales de mayo y no se reabrirá para recabar nuevos testimonios pese a la petición del PP
09 abr 2026 . Actualizado a las 16:07 h.El dictamen de la comisión constituida en la Junta General para determinar si hubo responsabilidades políticas en el accidente que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo estará listo a finales de mayo, dirimirá «responsabilidades políticas a todos los niveles y no hará ningún tipo de concesión». Así lo ha asegurado la presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos, Covadonga Tomé tras señalar que los trabajos continuarán con el cronograma previsto y no se reabrirá para recabar nuevos testimonios, tal y como había reclamado el PP.
Aunque la decisión no se adoptará hasta que se celebre el lunes, 13 de abril, una nueva reunión de la comisión de investigación, PSOE, IU y la diputada Covadonga Tomé ya han anunciado que se opondrán. Según Tome, la comisión parlamentaria «va a tener su dictamen en el plazo convenido» y será «riguroso», a pesar del «dolor y vergüenza» que le produce ver a un PSOE que ahora «trata de sacar pecho cuando desde el principio se opuso a la investigación» y a una derecha que «pone en marcha una estrategia de dilación de los tiempos para sacar provecho electoral y desgastar al gobierno».
El PP había reclamado que se reactivase la comisión a raíz de que el informe de la Inspección General de Servicios sobre el Servicio de Minas pusiese de relieve deficiencias normativas, usos inadecuados de los proyectos de investigación complementaria, falta de diligencia en las inspecciones, controles insuficientes e inadecuados o inactividad en cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud de los trabajadores, entre otros fallos. Según el representante del PP, Luis Venta, el hecho de que no quieran reabrir las comparecencias, aunque es posible reglamentariamente, demuestra que la intención del Gobierno y de quienes lo sustentan es «dar un carpetazo rápido y acabar cuando antes con »el bochorno de su gestión política y administrativa».
Para la presidenta de Vox, Carolina López, «lo lógico es que se ampliasen comparecencias para que no quede duda» y si Barbón quiere de verdad que se depuren responsabilidades hay que preguntarse por qué se opone a que comparezcan los autores del informe. Desde IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha justificado su oposición en el hecho de que ya se está elaborando el dictamen, en que el informe de la IGS es ya «tremendamente exahustivo» y en que la derecha y la extrema derecha solo piden la reapertura porque pretenden hacer de un terrible accidente un circo político.
Un año de trabajo
Esta comisión recabó entre julio del pasado año y el mes de febrero el testimonio de más de 70 comparecientes, entre ellos técnicos e inspectores del Servicio de Minas, brigadistas de Salvamento, agentes de medio rural, exconsejeros de Industria y cargos políticos del gobierno asturiano, alcaldes y varios empresarios mineros, aunque la mayoría de estos últimos no respondió a ninguna de las preguntas que se les plantearon. El borrador del dictamen que está elaborando Tomé estará listo para finales de este mes y el definitivo para finales de mayo, una vez debatidas y sometidas a votación las alegaciones que presenten el resto de grupos parlamentarios.
La comisión parlamentaria constituida el 15 de mayo en la Junta General del Principado a propuesta del PP y Foro, y apoyada por Vox y Tomé, es una de las vías abiertas para tratar de esclarecer las causas del accidente en el que fallecieron los cinco mineros, todos ellos leoneses. La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.
Además de la esta comisión, sigue abierta la vía judicial, en manos del Juzgado de Cangas del Narcea, se ha hecho la auditoría de la Inspección General de Servicios del Principado y la Comisión Regional de Seguridad Minera ha emitido un informe técnico en el que determina que en Cerredo se llevaba a cabo una actividad «clandestina» sin que se cumpliesen las medidas de seguridad necesarias, informa Efe.