La oposición culpa al Gobierno de «desmantelar» la seguridad minera y exige una cuestión de confianza
12 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El accidente mortal ocurrido en la explotación de Cerredo el 31 de marzo de 2025 ha desencadenado una importante crisis política en el Principado de Asturias que ha puesto en cuestión el modelo por el que se concedían permisos para extraer mineral desde la administración autonómica y que ha despertado una ola de reacciones en los grupos con representación parlamentaria. La historia viene de lejos.
En las navidades de 2018 se cerraron la mayor parte de las verjas de las explotaciones mineras de carbón en Asturias, por acuerdo europeo para el cierre de las minas no rentables, poniendo así un punto y aparte a casi dos siglos de actividad industrial. Sin embargo, este cierre no fue un punto final, ya que la extracción de carbón nunca cesó del todo; en el pozo Nicolasa se continuó abasteciendo a la térmica de La Pereda y se mantuvieron extracciones para usos industriales y siderúrgicos. El Principado reconoce ahora que se ha podido usar un instrumento técnico para continuar la extracción eludiendo el plan de cierre: los denominados Proyectos de Investigación Complementaria (PIC).
El informe de la IGS revela una cierta inseguridad jurídica en la forma en la que se han dado paso a estos proyectos. El PIC no existe como título administrativo en la legislación minera vigente; carece de una definición legal y de un procedimiento regulado, lo que ha permitido al Servicio de Minas «perfilar su naturaleza de forma subjetiva». Al tramitarse como un simple «proyecto técnico» y no como una concesión o permiso de investigación ordinario, la administración admite que se han evitado trámites rigurosos, especialmente en el ámbito medioambiental.
Administrativamente, el PIC se define como un plan cuya finalidad es mejorar el conocimiento geológico y minero de una concesión ya otorgada para promover nuevas unidades o perfeccionar las existentes. A diferencia de los permisos ordinarios, el Principado permitió que incluyeran la extracción de mineral en tonelaje y tiempo limitados bajo la figura de «pruebas industriales», justificadas para verificar la idoneidad del producto antes de su comercialización. No obstante, el informe destaca una función adicional: el PIC se convirtió en una «obligación» para el titular cuando el proyecto de explotación original finalizaba. La Ley de Minas exige ejercer el derecho al aprovechamiento para evitar la caducidad; así, el PIC se utilizó como la herramienta para mantener la vigencia de las concesiones inactivas sin retomar una explotación comercial completa.
Esta práctica fue generalizada en la geografía asturiana, con autorizaciones en Mina Moscona, Salave, Pontones, La Esperanza u Ortosa-Godán. Los casos más recientes se sitúan en Cerredo, donde se autorizó la extracción de 60.000 toneladas de carbón pese a estar el terreno en restauración pública, y en Coto-Sur. En este último, la empresa TYC Narcea defiende la «independencia jurídica, técnica y económica» de su proyecto, alegando que es una unidad distinta a la clausurada y que su objetivo es la antracita de alta calidad, confiando en que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) avale la inaplicabilidad de la Ley de Cambio Climático a su actividad.
El análisis de gestión describe un departamento operando con menos recursos y con menos rigor. El balance crítico revela deficiencias estructurales, como la reducción de la plantilla de 22 efectivos en 2019 a solo 17 en 2024, una merma de recursos que la Inspección considera incoherente con el aumento de la carga de trabajo. En cuanto a la inspección, se denuncia que las visitas se concertaban con las empresas y que las denuncias se enviaban íntegras al presunto infractor antes de personarse en la mina, permitiendo que pudieran corregirse u ocultarse los incumplimientos.
Una moción
El fin de semana Adrián Barbón aseguró que el PP presentará «muy pronto» una moción de censura en su contra. Según el líder autonómico, esta estrategia busca que los populares recuperen la iniciativa política frente a Vox tras conocerse el informe de la Inspección General, Barbón lo presenta como un ejercicio de transparencia y acusa a la oposición de hacer demagogia, llegó al retar al PP a presentar una denuncia ante la fiscalía si apreciaba un delito.
El presidente del PP regional, Álvaro Queipo, ha exigido a Barbón que «dé la cara» en sede parlamentaria y abandone la «demagogia» y los mensajes vacíos en redes sociales ante un informe que califica de «demoledor». Por su parte, Adrián Pumares (Foro) ha señalado directamente al presidente como el responsable de «desmantelar» en 2019 el Servicio de Seguridad Minera, un organismo que funcionaba como referente y cuya supresión ha dejado, a su juicio, la credibilidad del jefe del Ejecutivo asturiano totalmente «hundida».
En defensa de la gestión autonómica, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha subrayado que la «única responsable» de las muertes es la empresa Blue Solving por realizar extracciones ilegales. Peláez ha criticado el uso «torticero» de la tragedia por parte de PP, Vox y Foro, comparando la diligencia del Principado al encargar la investigación con otras gestiones de la derecha. El portavoz del Gobierno defiende que, aunque se ha detectado un funcionamiento administrativo «anómalo», no existen por ahora responsabilidades políticas que justifiquen las dimisiones solicitadas por la oposición.
Finalmente, el consejero de Ordenación del Territorio y dirigente de IU, Ovidio Zapico, ha tildado de «sobreactuación» la petición de dimisión de Barbón por parte del PP. Zapico considera que estas exigencias solo buscan «erosionar al gobierno de coalición progresista» y a la izquierda en su conjunto. Aunque reconoce que el informe de inspección será la «pieza angular» de la que se derivarán consecuencias políticas y administrativas que su formación ya está analizando, ha dejado claro que estas «nunca deben de llegar a la figura del presidente».
En la presentación del informe el Principado aseguró «el Gobierno lo hace suyo y cumplirá las once recomendaciones que en el mismo se establecen». Las recomendaciones de la IGS se centran en profesionalizar la administración minera, instando a crear una normativa autonómica que regule la transmisión de derechos y la autorización de proyectos como los PIC. Se propone redimensionar la plantilla, actualizar tecnológicamente el catastro minero y establecer protocolos de inspección que eliminen los avisos previos a las empresas para proteger la eficacia del control.
Además, se exige una coordinación real entre las distintas consejerías con competencias territoriales para evitar que se ignoren actividades ilegales en montes públicos o zonas protegidas. La Inspección demanda también un control riguroso sobre las obligaciones financieras y medioambientales de las empresas, requiriendo una motivación expresa en los expedientes sobre solvencia técnica. Específicamente para los PIC, se recomienda contar con informes previos del ITJ que avalen la no vulneración de la prohibición de extraer carbón o la necesidad de devolver ayudas públicas. Finalmente, se insta a depurar responsabilidades por la inactividad administrativa ante contratos sospechosos, como el detectado en Cerredo entre Blue Solving y COMBAYL