El Principado encara el final de legislatura con una intensa agenda legislativa aún por culminar

El Gobierno del Principado de Asturias afronta el último tramo de la legislatura con una cartera legislativa ambiciosa, extensa y, en buena medida, todavía en construcción. Hasta el momento, el Ejecutivo regional mantiene en distinto grado de desarrollo y de tramitación más una veintena de propuestas normativas, entre anteproyectos, proyectos ya en tramitación parlamentaria y otros que apenas han superado la fase de información pública o de borrador. A un año de la previsible disolución de la Junta General del Principado de Asturias, el escenario sigue abierto y plantea dudas sobre cuántas de estas iniciativas lograrán culminar su recorrido antes de que se produzca la convocatoria oficial de las elecciones autonómicas de 2027. Estas son las iniciativas que el Principado espera sacar adelante en los próximos meses:

Ley de Hacienda. El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, Guillermo Peláez, anunciaba hace unas semanas que el Gobierno regional trabaja en una nueva Ley de Hacienda con el objetivo de que pase por el Consejo de Gobierno antes del verano y que toda su tramitación pueda llevarse a cabo durante lo que resta de legislatura. Con esta nueva norma, la administración regional busca modernizar la gestión económica y ahondar en la lucha contra la burocracia. 

Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA). A mediados del pasado mes de febrero culminaba el periodo de información pública del anteproyecto de Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA), una norma que actualizará el marco urbanístico vigente desde 2004. El objetivo de la misma es simplificar el planeamiento, reforzar el acceso a la vivienda pública y proteger el medio rural y el litoral. La nueva ley responde a los principales retos actuales, como son la despoblación, el acceso a la vivienda, el cambio climático, la protección del litoral y del medio rural, así como a la necesidad de reducir la burocracia asociada al planeamiento. 

Ley de Vivienda. El acceso a la vivienda centra una de las leyes más relevantes de la legislatura. El texto, que se encuentra en tramitación parlamentaria, está orientado a solucionar uno de los mayores problemas sociales actuales, esta ley busca aumentar la oferta de alquiler asequible y proteger a los colectivos con mayores dificultades de acceso. Introduce la posibilidad de declarar «zonas de mercado tensionado» para limitar los precios de los alquileres y contempla medidas para movilizar viviendas vacías mediante incentivos y penalizaciones. El proyecto también prioriza el aumento del parque público de vivienda y la rehabilitación energética, buscando que el hogar sea un derecho efectivo y no solo un bien de mercado.

Ley de Puertos del Principado de Asturias. Esta nueva regulación que impulsa el Gobierno regional pondrá fin a un vacío legal histórico al constituir la primera norma autonómica que ordena, de forma integral, la red de 24 puertos de titularidad regional. El texto apuesta por una visión estratégica que reconoce el carácter multifuncional de estos espacios —donde conviven lo económico y lo urbano— y los coordina como un sistema único para optimizar recursos y reforzar la cohesión del litoral asturiano. Por primera vez, se legisla sistemáticamente todo el ciclo portuario: desde la planificación de infraestructuras y la gestión del dominio público hasta la seguridad, la protección ambiental y el régimen sancionador, adaptando la normativa a la singularidad y escala del territorio.

Ley del Servicio Público de Empleo (SEPEPA). El anteproyecto de Ley del Servicio Público de Empleo culminaba hace casi un mes el trámite de información pública. Con esta norma, que sustituirá a la normativa vigente desde 2005, el Gobierno de Asturias busca consolidar un Sepepa moderno, digitalizado y orientado a resultados, capaz de acompañar de manera individualizada a cada persona en su itinerario profesional y de anticipar las necesidades del tejido productivo. Además, la futura ley pondrá en marcha el primer mapa del sistema asturiano de empleo, un instrumento que definirá la estructura territorial óptima para la prestación de servicios y facilitará un mejor acceso al mercado laboral. También incorporará un foro regional y nuevos planes territoriales en colaboración con los ayuntamientos.

Ley de Cooperativas. Esta iniciativa pretende dinamizar la economía social en Asturias facilitando la creación de empresas bajo este modelo asociativo. La principal novedad es la reducción del número mínimo de socios de tres a dos, lo que permite una mayor flexibilidad para emprendedores y proyectos en el ámbito rural. El texto también incluye medidas para la «digitalización de la gestión cooperativa» y agiliza los trámites administrativos, buscando que las cooperativas sean una alternativa real y competitiva frente a las sociedades mercantiles tradicionales.

Ley de Mecenazgo y Economía Social. El Gobierno de Asturias publicaba a finales de febrero el anteproyecto de la Ley de Mecenazgo, impulsado por la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos. La norma inicia su fase de información pública y busca incentivar la colaboración privada en actividades culturales, científicas, deportivas y sociales mediante incentivos fiscales. La norma busca favorecer la financiación de proyectos de interés general con rebajas tributarias de hasta cuatro años para los mecenas.

Ley de Salud Pública. El Gobierno asturiano también tiene en tramitación la nueva Ley de Salud Pública, un proyecto clave de la Consejería de Salud para modernizar la vigilancia epidemiológica tras las lecciones del COVID-19. La norma busca que la salud no dependa solo de los hospitales, sino que se considere una cuestión transversal a todas las políticas regionales. Con un enfoque centrado en la equidad y la acción comunitaria, el texto prioriza la protección y promoción de hábitos saludables frente a la enfermedad. Actualmente, el anteproyecto agota sus fases de desarrollo técnico antes de iniciar su debate definitivo en la Junta General.

Ley de Salud Mental del Principado de Asturias. El Ejecutivo autonómico estimaba a finales del pasado año que la futura Ley del Principado de Salud Mental pudiera iniciar su tramitación parlamentaria en la primavera de 2026, en abril o mayo, precisaba la consejera de Salud, Concepción Saavedra, que trasladaba tras presentar el borrador de la ley a los grupos de la Junta General del Principado su pretensión de sacarla adelante «con el máximo consenso posible». La ley recoge los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, una estructura para defenderlos y la creación de una comisión de salud pública y la del Foro de la Salud Mental. La nueva norma aborda un modelo de salud mental, que es comunitario, y además de blindar derechos, blinda recursos suficientes.

Ley de Igualdad y Erradicación de la Violencia de Género. El Gobierno de Asturias prevé aprobar en los próximos meses una nueva ley de igualdad y contra las violencias machistas para reforzar la protección de los derechos de las mujeres. La norma, que modificará la ley del Principado de Asturias 2/2011, integrará todo el sistema público asturiano de prevención de la violencia de género y abordará nuevas formas de violencia, incluidas las digitales.

Ley de Infancia y Adolescencia. Este proyecto de ley, que ya ha iniciado su andadura en la Junta General del Principado, sitúa los derechos de los menores en el centro de la acción política, con un enfoque integral que va desde la prevención del maltrato hasta el apoyo tras la mayoría de edad. Entre sus puntos clave destaca el fomento del acogimiento familiar sobre el residencial y la creación de programas de acompañamiento para jóvenes extutelados hasta los 26 años. La norma garantiza que los menores tengan «derecho a ser escuchados en todos los procesos que les afecten», fortaleciendo su protección jurídica y social frente a situaciones de vulnerabilidad.

Ley para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real de las personas LGTBI y de sus familias. El Consejo de Gobierno aprobaba hace un mes el anteproyecto de ley LGTBI, una ley integral diseñada para blindar los derechos del colectivo LGTBI a través de una estrategia transversal en sectores críticos como la sanidad, la educación y el empleo. En el ámbito educativo, el texto prioriza la lucha contra el acoso por identidad u orientación sexual, mientras que en el sanitario garantiza una atención a las personas trans basada estrictamente en la despatologización. La norma no solo aborda la igualdad real en el acceso a la vivienda, sino que también busca el reconocimiento institucional de la diversidad familiar, consolidando un marco jurídico que protege la pluralidad de la sociedad asturiana frente a cualquier forma de discriminación.

Ley del Sistema Universitario de Asturias. Fruto de un acuerdo político entre el PSOE e IU, el Gobierno de Asturias anunciaba hace un mes que impulsará la que será la primera Ley del Sistema Universitario de Asturias, ya que el Principado no cuenta actualmente con una ley autonómica integral y se rige por la normativa estatal (LOSU). El objetivo principal de la nueva norma será blindar la Universidad de Oviedo, regular las universidades privadas como complementarias y corolar la calidad de las titulaciones, priorizando la investigación.

Ley del Consejo Social de la Universidad de Oviedo. La puerta a reformar el órgano que conecta la universidad con la sociedad se abrió hace poco más de un mes en el marco de negociación entre el PSOE e IU para rebajar la tensión existente entonces entre ambas formaciones, entre otros motivos, por la llegada de universidades privadas a la región. es otra de las iniciativas en cartera. Se planteó entonces una futura Ley del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, aunque el proyecto aún no ha sido formalizado.

Modificación de la Ley del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). Otra de las iniciativas que el Gobierno regional tiene en cartera es la reforma de la ley que regula el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) para reforzar su estructura y dotarlo de mayor autonomía y agilidad en su gestión. Es decir, se busca adaptar la investigación agroalimentaria a los nuevos retos climáticos y económicos. La modificación se anunció en abril de 2024 con motivo del 25 aniversario del Serida, aunque todavía no existe un proyecto formal.

Ley de Cultura e Identidad Asturiana. Esta norma, que se presenta como pionera en el ámbito estatal, busca modernizar un ecosistema cultural asturiano. La ley se articula sobre dos ejes: el blindaje de los derechos culturales y lingüísticos y una reestructuración administrativa que tendrá como pieza central la creación de la Axencia de las Industrias Culturales. Para asegurar su cumplimiento, se establecerá un Comité de Protección de los Derechos Culturales, garantizando por ley el acceso al patrimonio, la libertad de creación y la profesionalización del sector, con el fin de lograr una gestión pública más ágil y adaptada a la realidad actual de Asturias.

Ley de Bibliotecas y Fomento de la Lectura. La tramitación de la futura Ley de Bibliotecas de Asturias se iniciaba hace más de un año con el inicio del periodo de consultas previas. Según trasladó entonces la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, el objetivo de esta ley es garantizar el acceso a los servicios bibliotecarios en todos los concejos, renovar y reforzar el sistema asturiano de bibliotecas y articular una política de fomento de la lectura y el libro. La norma se encuentra en una fase inicial, con escasos avances visibles hasta el momento.

Ley de Colegios Profesionales. Se trata de la primera ley propia del Principado en esta materia, diseñada para ordenar el funcionamiento de estas corporaciones de derecho público bajo principios de transparencia y buen gobierno. La norma, que está en tramitación parlamentaria, busca garantizar que los colegios profesionales sirvan como herramienta de control de la deontología y como «garantía de calidad del servicio para la ciudadanía». Establece criterios claros para la creación de nuevos colegios, exigiendo siempre que la profesión en cuestión requiera titulación universitaria oficial y sea de interés público.

Ley de Participación Ciudadana. Con esta ley, que ya ha pasado el trámite de información pública, el Ejecutivo regional quiere reforzar los mecanismos de implicación social en la toma de decisiones públicas, como puede ser promulgar decretos o crear foros y jurados ciudadanos para debatir sobre políticas públicas.Para la elaboración de la ley, se ha contado con la participación de más de 500 asociaciones asturianas y de casi 700 personas que han aportado sus propuestas.

Ley de Cooperación para el Desarrollo y Solidaridad. El Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo aprobaba hace apenas dos semanas el anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad, paso previo a que el anteproyecto sea elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación y posterior remisión a la Junta General para su debate parlamentario. La futura norma actualiza el marco legal vigente situando la cooperación feminista como prioridad transversal y apostando por una cooperación internacional más eficaz, flexible y alineada con el contexto estatal e internacional, los principales tratados de derechos humanos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias. Este proyecto de ley, ya en tramitación parlamentaria, actualiza la normativa para reforzar la protección ante la era digital y prácticas comerciales invasivas, estableciendo un régimen sancionador disuasorio. Se blinda especialmente a consumidores vulnerables (edad, discapacidad, brecha digital) ante abusos empresariales y endurece las sanciones administrativas para asegurar que las multas tengan un carácter verdaderamente disuasorio ante grandes infracciones.

Ley de regulación de la venta, suministro y consumo de bebidas energéticas. Este proyecto de ley busca limitar el acceso de los adolescentes a productos con altos niveles de cafeína y taurina debido a los riesgos para la salud detectados por los expertos. El texto establece la prohibición de venta y consumo a menores de 16 años, equiparando su tratamiento al del alcohol en espacios públicos y centros educativos. Además, se imponen restricciones a la publicidad y se obliga a que estos productos no se sitúen junto a refrescos comunes en los comercios para evitar una «percepción de inocuidad» entre los jóvenes.

Ley de Impuesto sobre Estancias Turísticas. El Gobierno de Asturias impulsa un marco jurídico para implementar la tasa turística en el verano de 2026, fruto de un acuerdo presupuestario con el Grupo Mixto. La idea es que la aplicación sea voluntaria para cada ayuntamiento, dotándoles de autonomía para decidir si activan este gravamen. La ley extenderá su alcance incluso a cruceristas que pernocten en aguas locales, buscando canalizar recursos hacia la gestión de la nueva realidad turística. Tanto la oposición en la Junta como los empresarios del sector han manifestado su rechazo a la medida en los últimos meses.

Modificación de la Ley de Espectáculos. Esta proposición de Ley, presentada a iniciativa de los grupos políticos en la Junta (a excepción de Vox) busca la reforma de la Ley 8/2002 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y adaptar la ley vigente a la realidad cultural actual. La modificación pretende facilitar que locales de hostelería puedan albergar «actividades culturales de pequeño formato», como conciertos acústicos o lecturas literarias, sin necesidad de licencias complejas propias de grandes salas. El objetivo es desburocratizar la cultura de proximidad y permitir que los pequeños negocios contribuyan a la dinamización artística de los concejos sin riesgos de inseguridad jurídica.

En conclusión, el panorama legislativo del Principado tiene una intensa agenda por delante en la que conviven proyectos estratégicos en fase avanzada de tramitación con otros que tienen más ajustada su culminación antes del final de la legislatura por los plazos que conlleva cada fase del proceso y la tramitación parlamentaria antes de su aprobación en la Junta y su publicación en el BOPA.

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