El Principado solicita formalmente una rebaja mientras duran las obras de modernización de la vía
14 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno asturiano escaló en la intensidad de su ofensiva contra el peaje del Huerna, la única comunicación por autopista entre la comunidad y la Meseta; reclamando formalmente que se rebaje el precio del peaje mientras se ejecutan las obras de modernización de los túneles y las de estabilización de un talud tras el argayo de 2024. Es una escalada cuyo transfondo es el choque con la Administración central, tras la falta de respuestas por parte del Ministerio de Transportes a las demandas asturianas después de la resolución de la Comisión Europea el pasado julio, que calificó de ilegal la prórroga de la concesión al haberse realizado sin licitación pública, es decir 'a dedo'.
Ante lo que el Principado considera una inacción del Estado para corregir este «agravio territorial», el Principado ha optado por agotar las vías administrativas como paso previo para llevar el asunto ante los tribunales. El Ejecutivo asturiano acordó recientemente el envío de requerimientos formales tanto al Ministerio de Transportes como a la empresa concesionaria, Aucalsa. Esta acción se fundamenta específicamente en la degradación del servicio que sufren los usuarios debido a la acumulación de obras, desvíos y restricciones de velocidad, especialmente agravadas tras el argayo de noviembre de 2024. Los informes técnicos que esgrime la Consejería de Movilidad denuncian que la infraestructura presenta un deterioro estructural incompatible con los estándares de una autopista de peaje. El Principado exige una revisión inmediata del régimen tarifario (argumentando que no es proporcional pagar el precio íntegro por un servicio limitado) y un también un calendario de obras verificable. Pero esta reclamación se da además junto a la otra gran batalla jurídica de Asturias: la supresión del peaje.
La prórroga
La polémica arranca con el nuevo siglo, año 2000, bajo la presidencia de José María Aznar y con el asturiano Francisco Álvarez-Cascos al frente del entonces Ministerio de Fomento. En aquel momento, el Gobierno del Partido Popular aprobó una prórroga de la concesión por 29 años adicionales, extendiendo el compromiso con Aucalsa hasta el año 2050. Zapatero habló de rescate pero nunca lo cumplió en ninguno de sus mandatos, y durante los gobiernos de Rajoy el Principado protestaba pero sin diente. El proceso para cuestionar la legalidad de esta prórroga a nivel comunitario se activó años después a raíz de una denuncia del secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa (siguiendo iniciativas lanzadas en Galicia) y que terminó en el dictamen de la Comisión Europea que sostenía que la prórroga vulneraba los principios de transparencia y libre concurrencia al no haberse permitido que otras empresas compitieran por la gestión de la vía.
Tras la resolución europea, el Principado ha buscado una salida política que evitara la parálisis judicial, llegando a proponer al Gobierno central la bonificación del 100% del peaje para todos los usuarios mientras se resuelve el fondo del asunto. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha enfriado siempre las expectativas asturianas al afirmar que rescatar la concesión es un asunto de extrema complejidad técnica y económica. Puente ha sostenido que el dictamen de la Comisión Europea es una «opinión» con peso, pero que carece de valor jurídico ejecutivo hasta que no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Estas declaraciones fueron recibidas entonces como una «distorsión de la realidad jurídica», generando un rechazo unánime entre los agentes sociales y políticos en Asturias, incluso en el propio Principado.
Son todos estos agentes sociales y políticos los que denuncian que el impacto económico del peaje sigue siendo un lastre para la competitividad de Asturias. Con una tarifa que para un turismo alcanza los 16,20 euros por trayecto en 2026, el coste es uno de los más elevados de España. Mientras Aucalsa obtuvo unos ingresos brutos de 47,8 millones de euros en 2024, la intensidad media diaria de tráfico se mantiene cerca de los 8.800 vehículos, evidenciando que se trata de una infraestructura crítica sin alternativa real.