Peláez subraya que «no queda ni rastro» de la cúpula de Industria que había hace un año
ASTURIAS
PSOE e IU-Convocatoria coinciden en que si afloran ahora responsabilidades políticas «se tendrán que depurar»
13 abr 2026 . Actualizado a las 13:51 h.El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha recordado que en la Consejería de Industria «no queda ni rastro» de quienes estaban a su frente en el momento del accidente que hace un año costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo y ha asegurado que las dos fuerzas que sustentan al Gobierno, PSOE e IU-Convocatoria, coinciden en que si afloran ahora responsabilidades políticas «se tendrán que depurar».
«A los pocos días del accidente la cúpula de la Consejería de Industria se cambió por completo y no queda ni rastro de quienes tenían responsabilidades políticas en el momento del accidente», ha afirmado el portavoz del Gobierno.
Ha añadido que, en lo fundamental, PSOE e IU «son coincidentes» para que, en el momento en el que haya responsabilidades políticas se tengan que depurar, si bien ha advertido de que en la actualidad hay aún muchas investigaciones abiertas, como la judicial y la parlamentaria, que se constituyó para definir esas responsabilidades políticas y que no tendrá listo su dictamen hasta finales de mayo.
Peláez ha insistido en que cualquier información que pueda derivar en responsabilidades políticas se asumirán, sin olvidar que la penal, que dirimirá el Juzgado de Cangas del Narcea, «es exclusiva de la empresa, porque en ningún caso la administración autorizó la extracción de carbón en Cerredo».
Hacer ruido
Ante el nerviosismo que, según la oposición, invade al Ejecutivo autonómico tras haberse hecho público el informe de la Inspección General de Servicios (IGS) sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, Peláez ha señalado que «el estado del Gobierno es de absoluta tranquilidad, determinación y firmeza en la misión que el propio presidente Adrián Barbón encargó: la de esclarecer los hechos».
Ha añadido que el informe «es solo el principio» a la hora de esclarecer todos los hechos que rodean a la tragedia de Cerredo, ha insistido en que Barbón mantiene el compromiso de «depurar todas las responsabilidades, «caiga quien caiga» y que el Gobierno lo está demostrando desde el principio.
Peláez ha negado que el informe de la IGS haya estado secuestrado por el gobierno durante casi un mes, como mantienen los partidos de la derecha, y ha afirmado que se hizo público «desde el minuto uno» y con «total transparencia».
Aunque el informe provisional fue trasladado a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo el 3 de marzo no podía estar en manos del Gobierno porque sería «caer en una ilegalidad» ya que mientras éste no sea definitivo tiene carácter provisional y no puede salir del ámbito de la consejería, ha explicado Peláez.
El informe definitivo se firmó el 27 de marzo y se dio a conocer, con la Semana Santa por el medio, el 6 de abril a los medios de comunicación, la comisión parlamentaria, la Fiscalía y la Comisión de Seguridad Minera, ha añadido el portavoz, que considera que las críticas de los partidos de la derecha responden a su estrategia de «generar ruido».
Hicieron ruido, ha añadido, cuando el Gobierno lo encargó, cuando se recibió y cuando se hizo público, «y seguirán haciendo ruido porque no les interesa la verdad, solo utilizar la tragedia para sacar rédito político».
Peláez también ha lamentado la instrumentalización que se está haciendo del Ayuntamiento de Gijón y que su alcaldesa, Ana Moriyón, de Foro, «entre al juego del PP utilizando la institución que ella preside».
El portavoz del Gobierno se refería así al hecho de que la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, del PP, saliese a pedir la dimisión del presidente del Principado, algo, en su opinión, «muy serio» porque tiene una responsabilidad, informa Efe.