El objetivo principal del Gobierno de Asturias es lograr la declaración de nulidad de la prórroga en línea con un dictamen de la Comisión Europea
14 abr 2026 . Actualizado a las 20:06 h.El Gobierno de Asturias ha remitido este martes sendos requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la sociedad concesionaria Aucalsa en los que requiere que se adecúe el peaje de la AP-66 a las condiciones de la vía, que presenta afecciones prolongadas en más del 60 por ciento de su trazado.
En el requerimiento dirigido al ministerio se exige la adopción inmediata de medidas para corregir la actual situación de la vía y se solicita el restablecimiento de las condiciones adecuadas de prestación del servicio, la revisión del régimen tarifario conforme al nivel real de las prestaciones y la valoración de la suspensión temporal del peaje o, subsidiariamente, la aplicación de reducciones tarifarias o compensaciones.
Asimismo, se insta al ministerio a ejercer de forma efectiva sus funciones de supervisión y control y a establecer un calendario cierto, detallado y verificable de finalización de las actuaciones en curso.
El requerimiento dirigido a Aucalsa reclama la revisión inmediata de la planificación de las obras para evitar la acumulación de incidencias, así como la adopción de medidas que permitan recuperar niveles adecuados de servicio.
Igualmente, se solicita información técnica detallada sobre el alcance y duración de las afecciones, el calendario y estado de ejecución de los trabajos, los sistemas de información a las personas usuarias y la justificación del mantenimiento del cobro íntegro del peaje.
De igual modo, se requiere una evaluación cuantificada del impacto de las obras sobre la capacidad de la infraestructura, los tiempos de recorrido y la seguridad, junto con la propuesta de medidas de adecuación tarifaria o compensación a los usuarios.
Supresión y reducción del peaje
El objetivo principal del Gobierno de Asturias es lograr la declaración de nulidad de la prórroga del peaje del Huerna, acordada en el año 2000, en línea con un dictamen de la Comisión Europea de julio del pasado año que concluye que dicha es prórroga de 25 años constituye una modificación sustancial del contrato concesional, equiparable a una nueva adjudicación sin licitación pública, en vulneración de los principios de igualdad, transparencia y concurrencia.
A tal efecto, el Principado ha instado formalmente la revisión de oficio del citado real decreto y continúa avanzando en la preparación del correspondiente recurso contencioso-administrativo, que será interpuesto en caso de no atenderse dicha revisión, informa el Principado.
De forma complementaria, y sin perjuicio de este procedimiento principal, ha constatado una «degradación sustancial, sostenida y generalizada» del nivel de servicio de la autopista, derivada de la ejecución simultánea de obras, incidencias geotécnicas y medidas de gestión del tráfico que implican restricciones continuadas a la circulación.
Las actuaciones inspectoras realizadas por la Dirección General de Consumo acreditan afecciones prolongadas en más del 60 por del trazado, con reducciones de carril, limitaciones de velocidad de hasta 40 kilómetros/hora, circulación en tramos en un único carril, desvíos provisionales y actuaciones simultáneas en túneles y zonas de especial complejidad.
Estas circunstancias, según el Principado, están provocando una reducción significativa de la capacidad de la infraestructura, un aumento de los tiempos de recorrido y una pérdida de fiabilidad en los desplazamientos, incompatibles con los estándares exigibles a una autopista de peaje.
De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, esta situación puede suponer una ruptura de la equivalencia entre el servicio efectivamente prestado y la contraprestación exigida, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas correctoras y fundamenta la eventual actuación en vía judicial; informó Efe.