Asturias respalda la prohibición explícita de un tren cremallera para acceder a los Lagos de Covadonga
ASTURIAS
Alejandro Calvo cree que el PP intenta «hacer resurgir un debate que no existe» dado que el coste que tendría la construcción de dicha infraestructura sitúa el proyecto «en el ámbito de los deseos»
14 abr 2026 . Actualizado a las 13:19 h.El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, ha considerado «absolutamente lógico» que el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de los Picos de Europa incluya la prohibición explícita de construir un tren cremallera como el que reclama Cangas de Onís para acceder a los Lagos de Covadonga.
Según Calvo, que se ha expresado así durante su respuesta en el pleno del parlamento regional a una pregunta del diputado del PP Pedro de Rueda, la prohibición de ese tipo de infraestructura ya está «implícita» dado que así figura en la ley de Parques Nacionales y ha atribuido la inclusión de la mención concreta al tren cremallera el nuevo PRUG al interés de organizaciones «aunque sea redundante».
El consejero ha lamentado la «obsesión» del PP por una infraestructura que, en caso de que se plantease realmente su puesta en marcha, lo más sencillo de modificar sería el PRUG que aprueban conjuntamente las tres comunidades con territorio en el parque dado que requeriría también cambiar la normativa estatal.
A su juicio, el PP, que gobierna el Ayuntamiento de Cangas de Onís que ha anunciado su intención de recurrir el Plan de Uso y Gestión, intenta con estas iniciativas parlamentarias «hacer resurgir un debate que no existe» dado que el coste que tendría la construcción de ese tren cremallera sitúa ese proyecto «en el ámbito de los deseos y no de la realidad».
Para el parlamentario popular, el Gobierno asturiano falta a la verdad cuando intenta justificar una decisión política como una obligación legal dado que la Ley de Parques Nacionales, aunque establece un marco garantista no prohíbe nuevas infraestructuras si están justificadas, con lo que incluir de forma expresa el veto al tren cremallera supone disfrazar de obligación legal una decisión política.
A su juicio, con esa «tomadura de pelo» el PSOE y su socio de gobierno de IU intentan ocultar que han modificado su postura «de manera unilateral, sin consenso ni explicación técnica» después de que en 2017 la Junta General del Principado aprobase por unanimidad una iniciativa que pedía estudiar la implantación de dicha infraestructura y que incluso en 2023 el propio Gobierno se mostrara abierto a analizar esta opción.
De Rueda, que ha advertido de que el nuevo PRUG ya ha sido recurrido a los tribunales y corre «serias posibilidades» de correr la misma suerte del que fue anulado por defectos de forma en 2005, ha lamentado que se rechace una solución alineada con las políticas europeas de sostenibilidad y ya implantada en otros espacios protegidos para apostar por un modelo basado en miles de desplazamientos en autobús.