PP y Foro que han insistido en que el responsable último de que se suprimiese en 2019 el Servicio de Seguridad Minera y de la gestión llevada a cabo desde entonces en ese servicio es Barbón
14 abr 2026 . Actualizado a las 12:36 h.El informe de la Inspección General de Servicios (IGS) sobre el funcionamiento del Servicio de Minas «no estable ninguna relación de causa efecto entre las consideraciones administrativas que pone de relieve y el accidente de Cerredo», según el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, que ha negado que el Servicio de Minas del Principado sea un caos.
«No hay correlación entre el proyecto de investigación complementario (PIC) de Cerredo y el accidente, cuya responsabilidad corresponde a una empresa que estaba realizando una actividad ilegal, para la que no tenía permiso», ha subrayado al ser preguntado en el pleno de la Junta General del Principado por las consecuencias políticas derivadas del informe de la IGS.
Sánchez, de cuyo departamento dependen las competencias en materia de minería, ha afirmado que «el informe no señala ninguna responsabilidad política, señala ámbitos de mejora» y que la responsabilidad política que él asume personalmente es la de dar cumplimiento a las once recomendaciones que plantea dicho documento.
Entre otras, el informe recomienda modernizar el sistema informático de Minas, mejorar los procedimientos de autorización de las transmisiones de derechos mineros, mejoras en las inspecciones, en los procesos sancionadores y en la tramitación de denuncias, así como una regulación específica para los PIC.
Según recoge Efe, Sánchez ha asegurado que el presidente Adrián Barbón ha ido incluso más allá de esas recomendaciones y que por eso ha decidido no aprobar ningún PIC en tanto no se regule esa figura que, según el informe de la IGS pudo utilizarse para eludir el plan de cierre de la minería y que se pudiera extraer mineral de explotaciones clausuradas.
Ha añadido que a corto plazo se van a regular las transmisiones mineras y todo lo relacionado con la solvencia técnica y económica de las empresas, así como las consultas al Instituto de Transición Justa cuando un PIC implique la extracción de carbón y la recuperación del Servicio de Seguridad Minera en menos de dos meses.
Como responsable de minería desde abril de 2025, Borja Sánchez ha asegurado que desde entonces ha habido una gestión transparente con un cumplimiento estricto de la normativa y del restablecimiento de la normalidad de funcionamiento de un departamento que estuvo convulsionado por este accidente.
«La asunción de responsabilidad política es esa: el presidente encarga el informe, asume las once responsabilidades e incluso va más allá. Si eso no es asumir responsabilidades políticas, no sé yo que es entonces», ha subrayado.
PP y Foro apuntan a Barbón
Sus explicaciones no han convencido al PP y Foro que han insistido en que el responsable último de que se suprimiese en 2019 el Servicio de Seguridad Minera y de la gestión llevada a cabo desde entonces en ese servicio es de Barbón.
«Lo menos que se puede pedir a un gobierno que ha sumido en el caos al Servicio de Minas es que asuma las recomendaciones del informe», ha señalado el diputado de Foro, Adrián Pumares, que ha pedido a Sánchez que «no caiga en la trampa» que le pueda tender Barbón con una estrategia que pasa por mandar por delante a un consejero a decir que no hay responsabilidad política alguna que depurar «para luego anunciarlas él como un claro ejemplo de regeneración».
Tras asegurar que «si algo caracteriza al presidente no es precisamente la lealtad con sus consejeros», Pumares se ha mostrado convencido de que Barbón va a cesar en las próximas semanas a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, (exconsejera del Gobierno asturiano) «seguramente para mandar ahí a Alejandro Calvo», actual consejero de Movilidad.
En su opinión, si Barbón cree que con ese cese va a ser suficiente «es que no ha entendido nada» porque él es el «único responsable político» de haber suprimido el Servicio de Seguridad Minera que ahora, siete años después, pretende recuperar.
Desde el Partido Popular, Rafael Alonso ha incidido en que el informe de la IGS supone una «enmienda a la totalidad de la gestión de Barbón en el área de minería» y que, aunque el presidente intente hacer creer que dicha decisión llegó al Consejo de Gobierno como un mero trámite o un papel más eso es algo «increíble».
«¿Nos tenemos que creer que fue mero papeleo? No se lo cree nadie, como tampoco que no tenía conocimiento, al menos verbal, del contenido del informe de la IGS» días antes de que se hiciese público, ha afirmado Alonso, que se ha mostrado convencido de que a los socialistas «les pone nerviosos que los asturianos estén esperando por responsabilidades políticas».
Para Alonso, al igual que un banco tiene cuatro patas, en este caso tres de ellas se corresponden con los exconsejeros que tuvieron las competencias de minería en los últimos años (Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Roqueñí, y Belarmina Díaz, que dimitió pocos días después del accidente, y la cuarta con Barbón. «La pata que falta es Barbón; es responsable de los actos de su gobierno y es hora de que lo asuma», ha afirmado.