La Alianza por las Infraestructuras abordará la semana que viene la situación del Huerna
ASTURIAS
Tras la respuesta del Ministerio, el Principado ha anunciado que interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo
16 abr 2026 . Actualizado a las 13:52 h.El Gobierno asturiano ha convocado una reunión de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita para el próximo jueves donde informará a sus integrantes —grupos parlamentarios y agentes económicos y sociales— de la decisión del Ministerio de Transportes de inadmitir la acción de nulidad contra la prórroga del peaje del Huerna hasta 2050. Tras la respuesta del Ministerio, el Principado ha anunciado que interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo y ha convocado la reunión para exponer su estrategia legal y reforzar «una posición común, firme y coordinada» ante una decisión que no responde «a una discrepancia de carácter político» sino a una defensa de la legalidad ante una prórroga que presenta indicios fundados «de nulidad radical».
Según el Ejecutivo asturiano, esta convocatoria responde a su compromiso de coordinar una acción conjunta activando todas las vías necesarias, jurídicas, políticas e institucionales para defender los intereses de la región después de la «decepcionante e insatisfactoria» resolución del Ministerio de Transportes, que supone «una renuncia expresa» a analizar la legalidad de una decisión adoptada en 2020 «de extraordinaria relevancia jurídica, económica y social». A su juicio, el Gobierno central ha optado por ampararse en un criterio estrictamente temporal para eludir un pronunciamiento sobre una posible infracción grave del ordenamiento jurídico nacional y del derecho comunitario que, tal y como planteó la Comisión Europea, se vio vulnerado por una prolongación del canon durante 29 años —habría concluido en 2021— equivalente a una nueva adjudicación y que, por tanto, debería haber sometido la concesión a una nueva licitación pública con garantías.
La prórroga modificó el contrato original y alteró sus condiciones económicas en favor de la concesionaria y generó ventajas económicas y financieras de carácter extraordinario como la extensión del periodo de financiación o el diferimiento en la devolución de anticipos públicos también en beneficio de la empresa y carecía de una justificación válida dado que la reducción de peajes respondía a decisiones comerciales de la compañía y no a un desequilibrio sobrevenido que exigiera compensación, según el Principado. De forma paralela a la judicialización del conflicto con el recurso ante el Supremo, el Principado remitió el martes sendos requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la sociedad concesionaria Aucalsa en los que requiere que se adecue el peaje de la AP-66 a las condiciones de la vía, que presenta afecciones prolongadas en más del 60 por ciento de su trazado.
En el requerimiento se exige la adopción inmediata de medidas para corregir la actual situación de la vía y se solicita el restablecimiento de las condiciones adecuadas de prestación del servicio, la revisión del régimen tarifario conforme al nivel real de las prestaciones y la valoración de la suspensión temporal del peaje o, subsidiariamente, la aplicación de reducciones tarifarias o compensaciones, informa Efe.