Del Huerna a Cerredo: los frentes abiertos entre Asturias y el Gobierno de Sánchez
ASTURIAS
El peaje de la AP-66 y la gestión del lobo han llegado a los tribunales, mientras que el sistema de financiación, las infraestructuras y las discrepancias sobre el accidente minero mantienen abiertas las tensiones entre ambas administraciones
19 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.En los últimos meses, la relación entre el Gobierno del Principado de Asturias y el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado marcada por la coexistencia de varios frentes de discrepancia que abarcan desde infraestructuras estratégicas hasta la financiación autonómica, la gestión de especies como el lobo o, más recientemente, el accidente de la mina de Cerredo. Aunque se trata de ámbitos distintos, todos ellos reflejan diferencias de fondo sobre inversión estatal en Asturias, reparto de competencias y, en general, gestión administrativa. De todos esos conflictos, los únicos que se encuentran actualmente judicializados son el peaje del Huerna y la gestión del lobo, mientras que en cuanto a financiación, infraestructuras o el accidente minero de Cerredo las discrepancias públicas siguen desarrollándose en un cruce de reproches a nivel político.
El peaje del Huerna (AP-66) se ha consolidado como el principal frente abierto entre el Principado y el Gobierno central. El Ejecutivo asturiano mantiene su posición de rechazo a la prórroga de la concesión hasta 2050 y ha intensificado su estrategia para lograr su revisión o supresión, combinando presión política, administrativa y acciones judiciales. El conflicto ha escalado en los últimos meses con la decisión del Principado de llevar el caso a instancias judiciales superiores, tras reiteradas negativas del Ministerio de Transportes a revisar el fondo de la concesión. En este sentido, el Gobierno asturiano sostiene que la prórroga del peaje genera un perjuicio estructural para la competitividad de la región, al encarecer de forma permanente la conexión con la Meseta.
El lobo, otro conflicto en los tribunales
El segundo frente judicial abierto entre Asturias y el Estado es el relativo a la gestión del lobo ibérico. La inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) redujo el margen de actuación de las comunidades autónomas para su control poblacional, lo que generó una confrontación con Asturias. El Principado defiende la necesidad de flexibilizar el régimen de protección en determinadas zonas, especialmente aquellas con alta incidencia de daños a la ganadería extensiva. El conflicto ha terminado en los tribunales después de que el Tribunal Supremo anulase el programa anual de control del lobo aprobado por el Gobierno asturiano, reforzando así la dimensión judicial de este enfrentamiento competencial entre ambas administraciones.
Fuera ya del ámbito judicial, otro de los grandes ejes de discrepancia es el sistema de financiación autonómica, cuya reforma permanece bloqueada a nivel estatal desde hace años. Asturias, junto a otras comunidades, reclama una actualización del modelo que incorpore factores como el envejecimiento de la población, la dispersión territorial y el coste real de prestación de servicios públicos. El Principado argumenta que el sistema vigente no refleja adecuadamente sus necesidades estructurales, lo que genera tensiones en la suficiencia financiera de la comunidad. Sin embargo, la falta de consenso entre comunidades autónomas y el Estado ha impedido hasta ahora una reforma global del sistema, manteniendo abierto el debate en el ámbito político y técnico.
Infraestructuras pendientes y discrepancias por Cerredo
Las infraestructuras ferroviarias y viarias constituyen otro de los puntos recurrentes de fricción. El Gobierno asturiano viene reclamando una aceleración de las inversiones estatales comprometidas, especialmente en la red de cercanías y en las conexiones ferroviarias. El Principado denuncia retrasos acumulados en la ejecución de obras y deficiencias en la calidad del servicio, lo que considera una desventaja estructural para la movilidad interna y la competitividad económica de la región. Aunque existen planes de inversión en marcha, la percepción institucional es que el ritmo de ejecución no responde a las necesidades planteadas.
A estos frentes se ha sumado en las últimas semanas la controversia derivada del accidente en la mina de Cerredo, que se cobró la vida de cinco trabajadores el año pasado. El Ministerio para la Transición Ecológica aseguró recientemente que no tenía constancia de que en Asturias siguiera existiendo actividad extractiva de carbón hasta marzo de 2025, una afirmación que generó malestar en el Principado. Desde el Gobierno asturiano se rechazó esa versión y se defendió que la información sobre la actividad minera era conocida y compartida entre ambas administraciones de forma habitual. Una discrepancia ha abierto un nuevo foco de tensión política entre ambos gobiernos del PSOE.