El documento señala que el accidente fue resultado de graves carencias en la supervisión de la mina
21 abr 2026 . Actualizado a las 17:28 h.El accidente en la mina de Cerredo, ocurrido hace poco más de un año en el concejo de Degaña, se presenta como la culminación de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina que se pudo y se debió detectar. Esta es la conclusión principal del borrador del dictamen elaborado por la diputada Covadonga Tomé, presidenta de la comisión parlamentaria encargada de depurar responsabilidades políticas por el siniestro que costó la vida a cinco mineros y causó heridas a otros cuatro el 31 de marzo de 2025. El documento, que será objeto de negociación entre los grupos parlamentarios antes de su aprobación definitiva, sostiene que la explosión de grisú fue el resultado de una supervisión insuficiente sobre una explotación que, legalmente, se encontraba en proceso de cierre y carecía de permisos para la extracción de carbón.
El dictamen provisional propone la reprobación de siete cargos vinculados a la administración del Principado de Asturias por sus responsabilidades personales y políticas. Entre los señalados se encuentran tres exconsejeros de la etapa de Gobierno de Adrián Barbón: Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón; y Belarmina Díaz, quien ocupó la Dirección General de Minas y posteriormente la Consejería hasta su dimisión tras el accidente. También se incluye al exviceconsejero de Industria, Isaac Pola, y a tres altos funcionarios del Servicio de Minas. A los responsables políticos se les atribuye el mantenimiento de una estructura de inspección incapaz de controlar adecuadamente la actividad minera, así como la falta de una vigilancia reforzada sobre un expediente que ya contaba con antecedentes de siniestralidad mortal.
En el plano técnico, el borrador detalla fallos específicos en las labores de inspección y asesoría jurídica. Se cuestiona la actuación de Alberto Quirino Vázquez, jefe de sección, por realizar visitas a las instalaciones sin advertir indicios de actividad extractiva ilegal que, según el texto, resultaban perceptibles para cualquier observador diligente. Asimismo, se señala a Santiago Berjano Serrano, jefe de servicio, por validar dichas actas sin cuestionar su metodología, y a Gonzalo Martín Morales, asesor jurídico, como promotor de los proyectos de investigación complementaria. Esta figura jurídica, que carece de regulación expresa en la Ley de Minas, habría sido utilizada para encubrir la extracción bajo la apariencia de labores de restauración, creando una «absoluta incompatibilidad» con el proyecto de cierre de la mina firmado en 2019.
Por su parte, el Gobierno de Asturias, a través de su portavoz Guillermo Peláez, ha rechazado la existencia de una relación de causa-efecto entre la actividad administrativa y el accidente. Peláez, hablando en representación de la parte socialista del Ejecutivo de coalición, sostiene que la responsabilidad directa recae exclusivamente sobre la empresa Blue Solving, a la que acusa de realizar una actividad «ilegal, clandestina y en condiciones deplorables» fuera del amparo de la Administración. Desde el Ejecutivo se subraya que no proceden los señalamientos personales o técnicos contra funcionarios y exconsejeros, insistiendo en que la causalidad necesaria para derivar responsabilidades o indemnizaciones directas requiere de un procedimiento administrativo que aún no ha acreditado tales extremos.
En todo caso el diputado del Partido Popular Rafael Alonso, ha criticado la negativa del presidente Adrián Barbón a reconocer cualquier responsabilidad política. Alonso sostiene que, con independencia del proceso penal que se sigue en el Juzgado de Cangas del Narcea, es evidente que el mecanismo administrativo permitió a la empresa mantener una actividad ilegal durante un tiempo prolongado. El Partido Popular defiende que los cargos señalados no deberían seguir ocupando puestos de responsabilidad pública dada la gravedad de los hechos, aunque mantiene una postura de cautela hasta realizar una lectura sosegada del texto íntegro para decidir si presentarán alegaciones adicionales.
El informe de la comisión también pone de relieve deficiencias institucionales graves, como la falta de verificación de la solvencia técnica y económica de las sociedades involucradas en el cambio de titularidad de la mina. Además, denuncia que la Administración no activó los procesos sancionadores pertinentes cuando la empresa incumplió la presentación de las garantías financieras obligatorias. La investigación parlamentaria ha enfrentado dificultades adicionales debido al desorden documental, tras recibir más de mil ficheros que no seguían la estructura de un expediente administrativo reglado, lo que a juicio de la presidencia de la comisión constituye un incumplimiento del deber legal de diligencia.
Finalmente, el borrador plantea una serie de recomendaciones urgentes para evitar que se repitan episodios similares. Entre ellas destaca la solicitud de una moratoria total sobre los proyectos de investigación complementaria y la revisión de oficio de todos los que se encuentren vigentes. También se insta al Principado a anticipar las indemnizaciones a las familias de las víctimas y a remitir el dictamen final al Ministerio Fiscal para que evalúe si se han derivado responsabilidades penales adicionales. A largo plazo, la comisión propone una reforma profunda del sistema de control que incluya inspecciones sorpresa, la creación de una normativa minera autonómica y una mejora en la coordinación entre los agentes del medio natural y la inspección de minas.