La FSA llama a los dirigentes de las agrupaciones locales a una reunión para buscar cohesión interna
23 abr 2026 . Actualizado a las 20:52 h.Tras tres días de escalada en la polémica política y con el presidente en viaje oficial en México, la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha movido ficha hacia una estrategia de cohesión interna para unificar su postura frente al borrador del dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo. Este movimiento fue anunciado por Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias y vicesecretaria general de Acción Política de la FSA, en un contexto de creciente presión política y social. Mientras los grupos de la oposición y el socio de gobierno del PSOE, Izquierda Unida, exigen que se asuman responsabilidades por las deficiencias administrativas detectadas tras la muerte de cinco mineros, los socialistas se resisten a este diagnóstico y apuntan que la responsabilidad es de la empresa minera.
La reunión, convocada de urgencia por el secretario de organización, Luis Fernández Huerga, para la tarde de este viernes en Oviedo, congregará a los secretarios generales de todas las agrupaciones locales del partido. En este encuentro participarán también las vicesecretarias generales, Adriana Lastra y Dolores Carcedo. Lastra ha justificado la cita indicando que «es lógico en cualquier organización, cuando hay circunstancias como la que estamos viviendo, se convoque a los secretarios de las agrupaciones». La dirección pretende trasladar a sus cuadros municipales los motivos por los que la Comisión Ejecutiva Autonómica ha decidido rechazar el borrador. Según la delegada del Gobierno, para el presidente Adrián Barbón sería «mucho más fácil, mucho más sencillo y mucho más cómodo asumir este relato que se ha construido, pero no lo hacemos porque esa no es la verdad». Lastra sostiene que «pedir responsabilidades personales a cuatro cargos políticos y tres técnicos de la administración nos parece de todo punto irresponsable».
Esta movilización interna se produce en medio de una tormenta política que ha dejado a los socialistas en una posición de soledad parlamentaria. El borrador del dictamen insta a la reprobación de cuatro figuras clave de la gestión socialista: los exconsejeros de Industria Enrique Fernández (actual presidente de Hunosa), Nieves Roqueñí (presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón) y Belarmina Díaz, además del exviceconsejero Isaac Pola. El resto de las fuerzas parlamentarias, desde IU-Convocatoria hasta el bloque formado por el PP, Vox y Foro, coinciden en que las irregularidades administrativas afloradas son de tal magnitud que resulta «ineludible» el señalamiento de los responsables. Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Luis Venta, ha acusado a la Administración de «desviar la atención con obviedades» para no afrontar las consecuencias políticas de haber «adecuado a capricho» autorizaciones que derivaron en extracciones ilegales.
Es preciso destacar en todo caso que el documento actual es un borrador provisional y no el texto definitivo de la comisión. La presidenta de la misma, Covadonga Tomé, ha recordado que ahora se abre una fase en la que el resto de formaciones pueden presentar alegaciones de adición o sustitución, o incluso emitir votos particulares. No obstante, la aritmética parlamentaria sugiere que la reprobación política de los exconsejeros cuenta con el respaldo mayoritario de la Cámara. Aunque esta medida tiene un carácter simbólico y no obliga jurídicamente al cese de los cargos, las fuerzas de la oposición y el propio sindicato SOMA-UGT han advertido que mantener a los señalados en sus puestos tras una reprobación parlamentaria supondría un elevado coste ético y político para el Gobierno de coalición.
En cuanto al contenido del dictamen, el texto pone de relieve que la administración asturiana «incumplió su función de control, no llevó a cabo procesos sancionadores pertinentes y concedió autorizaciones incompatibles entre sí». Entre sus recomendaciones principales destaca la petición de una moratoria total sobre los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), figura que se describe en el informe como una vía utilizada de manera «torticera» para permitir una actividad extractiva prohibida. Asimismo, se plantea el adelanto de las indemnizaciones a las familias de los fallecidos por parte del Principado, una iniciativa que el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha descartado alegando que «no es jurídicamente posible» sin un procedimiento administrativo reglado que justifique una «relación de causalidad directa».
Finalmente, el Ejecutivo insiste en que el foco de la responsabilidad debe situarse exclusivamente sobre la empresa Blue Solving por desarrollar una actividad «ilegal y clandestina» que fue «ocultada deliberadamente a la administración». Frente a la denuncia de Covadonga Tomé de que el Gobierno se niega a admitir que «no cumplió con su función de vigilancia», el PSOE se aferra al informe de la Inspección General de Servicios como la única vía técnica válida para introducir mejoras en el Servicio de Minas, alejándose de las conclusiones de una comisión parlamentaria que, según Dolores Carcedo, está «llena de juicios de valor y errores». El conflicto entra ahora en una fase de resolución orgánica dentro de la FSA, mientras el presidente Barbón sigue los acontecimientos desde su viaje institucional en México.