El consejero de Medio Rural indica que espera que en el censo se certifique un aumento de las manadas
24 abr 2026 . Actualizado a las 14:16 h.El Gobierno asturiano prevé tener aprobado antes de que finalice el semestre el decreto que dará cobertura jurídica a nuevas batidas para cazar lobos, una especie sobre la que en breve ofrecerá los datos de 2025, que reflejan «un incremento importante» del número de manadas y que, de no tomarse medidas, haría «insostenibles» determinadas actividades ganaderas.
Así lo ha anunciado el consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos, en una rueda de prensa para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que estimó parcialmente una demanda contra el programa anual de control del lobo 2025-2026 en Asturias, cuya ejecución ya se había frenado para cumplir una resolución previa del Supremo cuando ya se habían abatido 31 de los 51 ejemplares previstos.
Marcos ha señalado que el fallo del TSJA no tiene «ninguna trascendencia» ni consecuencias para la administración autonómica dado que estaba previsto desde que se conoció la sentencia del Supremo que anulaba un artículo del Plan del Lobo y autorizaba su caza solo cuando fuese la única solución para evitar daños al ganado, y estableciendo unas «rigurosas condiciones» para hacerlo.
El futuro decreto, cuyo texto saldrá a información pública la semana que viene, incorporará en su nueva redacción los criterios fijados por el Supremo sobre cómo se deben realizar los controles poblacionales y quiénes deben hacelos para dar soporte jurídico al plan de gestión de la especie, ha apuntado.
De esta forma, una vez que se conozca la situación de la especie en Asturias al disponer de los datos de 2025, que serán remitidos al comité consultivo del lobo, y al disponer ya del soporte jurídico que proporcionará el nuevo decreto, el Principado elaborará un nuevo programa de control de la población para 2026-2027. «Ya les anticipo que para nada hay una disminución del número de manadas existentes, hay un incremento importante»; dijo el consejero.
El consejero ha recordado además que la demanda de Ecologistas en Acción y del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico solicitaba también la declaración de inconstitucionalidad de los programas de gestión de la especie y cuestionaba la competencia de las comunidades autónomas para realizar los controles poblaciones, cuestiones que fueron desestimadas por el TSJA.
Marcos ha incidido en que el debate sobre el lobo, excluido en 2025 del Listado de Especies Protegidas, está «muy polarizado socialmente» y desde el Gobierno asturiano trabajan «con rigor» para hacer «lo que es correcto y necesario» para garantizar el equilibrio entre su supervivencia y el desarrollo de una actividad económica «fundamental» como son los sectores agroalimentario y ganadero.
«Estamos haciendo lo que es correcto, responsable y necesario», ha subrayado Marcos, que ha rechazado que se defienda «que son más importantes las bajas de una especie que las de otras especies domésticas» y que ha advertido de que el incremento de daños del lobo y el soporte económico de las compensaciones a pagar pueden acabar generando una situación «insostenible» si no se toman medidas.
Para el titular de Medio Rural, cada vez que se aprueban unos controles poblacionales detrás hay unos expedientes que justifican por qué se realizan en unas zonas determinadas donde se producen daños considerables que pueden acabar haciendo «imposible» el desarrollo de la actividad ganadera; informó Efe.