El borrador del dictamen que exige responsabilidades políticas tensa la relación entre los socios de gobierno en el Principado
26 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El último día de marzo del año pasado murieron cinco mineros en un accidente en Cerredo. La investigación de las causas sigue un proceso judicial que todavía está en una fase inicial, pero también una indagación de carácter político, con una comisión de investigación en la Junta General y un informe de la Inspección de Servicios que hablan de graves carencias de control por parte de la administración. Con todo, las propuestas de reprobaciones incluidas en el borrador de dictamen de la comisión han desatado una tormenta política que ha tensado también la relación entre los grupos que sustentan el gobierno del Principado.
Desde el Ejecutivo y desde el parlamento, se ha manejado también el ritmo de los tiempos en función del interés y la capacidad de quien podía dirigirlos. El primer movimiento lo realizó el presidente Adrián Barbón al presentar el informe de la IGS. Este documento fue lanzado por el Ejecutivo como un elemento de transparencia y una respuesta técnica a las dudas sobre la vigilancia minera. En él se admite que el departamento operaba bajo una «inseguridad jurídica», revelando que se había utilizado de forma generalizada un instrumento técnico no regulado: los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC).
Según el informe de inspección, el PIC carece de definición legal y procedimiento reglado, lo que permitió al Servicio de Minas «perfilar su naturaleza de forma subjetiva». Esta figura se utilizó como una herramienta para mantener la vigencia de concesiones inactivas sin retomar una explotación comercial completa, permitiendo extracciones bajo la figura de «pruebas industriales». El informe de la IGS también denunció deficiencias estructurales graves, como la reducción de la plantilla del servicio y un sistema de inspección en el que las visitas se concertaban previamente con las empresas, vulnerando la eficacia del control.
El borrador del dictamen
Pero si cuando el Principado presentó el informe de la IGS recibió críticas por parte de la oposición por no haberles dado a conocer antes el documento, desde el parlamento, Covadonga Tomé aprovechó la ventaja que le da la presidencia de la comisión de investigación para mostrar el borrador de dictamen que, si bien coincide en gran medida con el diagnóstico de la IGS, introduce un elemento de conflicto directo: el señalamiento de responsabilidades políticas; además este documento es un borrador provisional, pendiente de votación y enmiendas, y no representa aún el texto definitivo de la Cámara.
El borrador de la comisión afirma que el accidente fue la culminación de «una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina deliberada y duradera que se pudo y se debió detectar». El texto propone la reprobación de siete cargos: los exconsejeros Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz; el exviceconsejero Isaac Pola; y tres altos funcionarios del Servicio de Minas.
Una coalición bajo tensión
La génesis de esta comisión de investigación ya fue un foco de máxima tensión para la coalición de gobierno en sus inicios. La negativa inicial del PSOE a apoyar su creación supuso el momento más crítico de la legislatura para los socios y fue cuando Convocatoria por Asturias (donde está IU) se planteó una posible salida del Ejecutivo. Esta semana, las tensiones han regresado porque han regresado las discrepancias. Para los socialistas las responsabilides son de la empresa propietaria de la explotación y ademán han puesto en cuestión el rigor del borrador de Tomé. Adriana Lastra lo calificó de «dislate jurídico» y «despropósito político». Pero en IU sí consideran que hay responsabilides políticas y que deben ejecutarse. En el otro extremo del espectro político, desde PP y Foro a Vox, la demanda de responsabildades escala hasta el propio Barbón lo que refuerza entre los socialistas la idea inicial, el temor que expresaban, de que la comisión se convirtiera en una confrontación huera.
A pesar de la tormenta política, en ambos documentos se expresa la necesidad de reformar los instrumentos de la administración con los que se ha desarrollado el sector en los últimos años. El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, ha manifestado que el Gobierno cumplirá las once recomendaciones de la IGS, que incluyen la profesionalización de la administración minera, la creación de una normativa autonómica para regular los PIC y la eliminación de los avisos previos en las inspecciones.
Por su parte, el borrador de la comisión añade recomendaciones como el adelanto de las indemnizaciones a las familias de los cinco fallecido que el Principado rechazó en inicio; pero giró este viernes al anunciar la creación de una línea autonómica de ayudas para víctimas de accidentes laborales. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, dijo que esta medida, fruto del «diálogo en el marco del Gobierno de unidad progresista», incluirá de forma específica a las familias de la tragedia de Cerredo. Peláez indicó que estas ayudas son una respuesta «seria y rigurosa» que ofrece seguridad jurídica frente a propuestas que el Gobierno considera legalmente débiles.
Esta nueva vía administrativa permite al Principado ofrecer un respaldo económico inmediato que será «absolutamente compatible con las indemnizaciones por responsabilidad civil o patrimonial» y con los seguros de vida percibidos.