Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales: «Los servicios sociales no son un gasto opcional para este Gobierno, son un derecho fundamental»

Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales del Principado, afronta semanas de presión política por los retrasos en la dependencia mientras su consejería despliega el Plan Agiliza para reducir demoras y reforzar la atención social. Reivindica la apuesta del Ejecutivo autonómico por los servicios públicos, defiende la colaboración con el tercer sector y sitúa el envejecimiento y la autonomía personal como grandes retos de la legislatura.

—En las últimas semanas ha habido un intenso debate político sobre los tiempos de tramitación de la dependencia. ¿Puede garantizar que Asturias cumplirá este año el plazo legal de 180 días? 

—Desde el Gobierno de Asturias hemos puesto en marcha el Plan Agiliza, que incorpora medidas organizativas, normativas y tecnológicas con un objetivo claro: cumplir el plazo legal de 180 días en la valoración de la dependencia antes de que finalice 2026. 

—El sistema llegó a registrar demoras de más de 400 días y ahora el objetivo es reducirlas a seis meses. ¿Qué ha fallado para llegar a esa situación? 

—En julio del pasado año se implantó la Historia Social Única, un hito previsto en la Ley de Servicios Sociales que supone un avance clave hacia un sistema más ágil, integrado y eficaz. Esta implantación implicó la unificación de datos procedentes de distintas administraciones, lo que hizo aflorar duplicidades y errores.

Esta situación obligó a realizar una parada técnica para depurar la información, lo que generó retrasos. Aun así, el sistema estuvo monitorizado en todo momento y se fueron adoptando decisiones para ir solventando las incidencias detectadas. Nuestro compromiso es afrontar los problemas con transparencia y actuar con determinación para resolverlos. 

—El Gobierno ha puesto en marcha el Plan Agiliza, con refuerzo de personal y cambios normativos. ¿Qué resultados concretos está dando ya este plan y en qué plazos se notarán? 

—El Plan Agiliza es una apuesta decidida por el futuro del sistema. Incluye refuerzo de personal especializado, mejoras tecnológicas, herramientas de inteligencia artificial para detectar y prevenir retrasos y una coordinación estrecha con los ayuntamientos y la Consejería de Salud.

El sistema está sometido a un seguimiento continuo con análisis mensuales. Aunque aún no disponemos de los datos de abril, en los dos primeros meses de aplicación hemos logrado reducir en 37 días el tiempo medio de valoración. Estamos en una senda de mejora clara y mantenemos el compromiso de alcanzar el plazo legal este mismo año, porque detrás de cada expediente hay una persona y una familia y eso es lo primero para la consejería. 

—Desde la oposición se habla incluso de «caos» en la gestión y se cuestiona la veracidad de los datos oficiales. ¿Qué responde a esas críticas? 

—El Gobierno de Asturias ha demostrado históricamente un firme compromiso con la atención a las personas y, en este caso, a las que se encuentran en situación de dependencia. Por eso, considero irresponsable poner en duda las medidas que estamos tomando y distorsionar la realidad. Cuando intentan generar desconfianza en el sistema público, quienes más lo necesitan pueden verse perjudicados. Por ello, es imprescindible ofrecer información rigurosa a la ciudadanía y seguir trabajando para reforzar la credibilidad de las instituciones. 

—Hay familias que denuncian esperas especialmente largas en situaciones de gran dependencia o urgencia social. ¿Qué mecanismos existen, o se van a implantar, para priorizar estos casos?

—Las situaciones de urgencia social o derivadas de resolución judicial se atienden de forma prioritaria y se resuelven en un plazo máximo de 24 horas. Además, contamos con recursos específicos como la Unidad de Convalecencia de la Residencia Mixta de Gijón, en coordinación con la Consejería de Salud, destinada a personas mayores con alta hospitalaria que requieren continuidad de cuidados. La derivación de estos casos la realizan los hospitales. 

—Actualmente hay personas esperando plaza en residencias públicas en Asturias. ¿Cómo piensa el Principado reducir esta lista y aumentar la oferta? 

—Reducir las listas de espera conlleva hacer una política sostenida de inversión y refuerzo del sistema público y por eso vamos a seguir reforzándolo y garantizando la dignidad de nuestras personas mayores.

Cada persona en lista de espera representa un drama y, por eso, después de un análisis exhaustivo de las necesidades, hemos presentado un plan de actuación. Así, entre 2026 y 2028 está previsto incrementar la red pública en 725 nuevas plazas. Seguimos trabajando para planificar nuevas inversiones y acercar los servicios a las personas. 

—El Gobierno defiende un cambio hacia la atención domiciliaria y centrada en la persona. ¿Cómo se traduce esto en políticas concretas y presupuesto? 

—La traducción en cifras implica que, a finales de este año, cerca de 20.000 personas en situación de dependencia tendrán reconocido el derecho a servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, en este último caso de forma gratuita. Para ello, el Gobierno del Principado ha movilizado ya 36,9 millones mediante transferencias a los ayuntamientos, un 10% más que en 2025, con el compromiso de ampliar esta dotación si fuese necesario.

Además, se han destinado ocho millones en subvenciones para apoyar a personas que, sin tener aún reconocida la dependencia, necesitan apoyo, reforzando así la prevención y la autonomía personal. 

—En los últimos meses se han impulsado nuevos centros, como el de Aspace. ¿Va a seguir apostando por el modelo de acción concertada con entidades del tercer sector? 

—Sin duda. Seguimos fortaleciendo el modelo como pieza clave de nuestras políticas encaminadas a la mejora de la vida, la inclusión y la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad. En Asturias contamos con un marco legal que nos permite consolidar esta colaboración y mantener una red de centros concertados, tanto diurnos como residenciales, que ofrecen plazas públicas y atención especializada. Además, reforzamos este modelo con otras líneas de apoyo, y este año impulsaremos una nueva convocatoria para financiar inversiones que mejoren los servicios que prestan estas entidades. 

_ ¿Qué avances se están produciendo en la red de atención a personas con discapacidad, especialmente en el envejecimiento prematuro de estos colectivos? 

—Es una prioridad recogida en la Agenda para la atención integral de las personas con discapacidad (2024-2030), donde planteamos desarrollar servicios específicos adaptados a esta etapa de la vida. En la práctica, estamos ampliando la red de centros de día, que ya atienden tanto a personas mayores como a personas con discapacidad, y consolidando recursos especializados, como los centros de apoyo a la integración, cuyos resultados nos están permitiendo diseñar nuevos equipamientos de futuro.

Además, estamos avanzando en recursos residenciales adaptados a este perfil, como el que usted ha citado anteriormente, y explorando también fórmulas innovadoras de convivencia que puedan dar respuesta a estas necesidades. En definitiva, reforzamos la red para acompañar mejor a las personas con discapacidad a lo largo de todo su ciclo vital, con recursos ajustados a su proceso de envejecimiento y siempre desde el modelo de atención centrada en la persona. 

—Con el aumento de la demanda y la inflación de costes, ¿es sostenible el actual modelo de financiación de los servicios sociales? 

—Los servicios sociales no son un gasto opcional para este Gobierno, sino un derecho fundamental. Por eso ocupan un lugar prioritario en nuestros presupuestos: los entendemos como una inversión esencial para garantizar la cohesión social y el bienestar de la población. Su sostenibilidad exige una financiación suficiente y estable, basada en una fiscalidad justa, progresiva y redistributiva.

Es clave evitar que, en contextos de dificultad económica, el gasto social vuelva a convertirse en la variable de ajuste, como ocurrió con el Gobierno de Mariano Rajoy. Sus recortes debilitaron el sistema de atención a la dependencia, con recortes estructurales que provocaron que las comunidades autónomas dejásemos de percibir cerca de 6.000 millones. El PP redujo el nivel mínimo de valoración de la dependencia, suprimió la retroactividad del cobro de las prestaciones, endureció el copago y, en definitiva, precarizó absolutamente el sistema. 

Garantizar unos servicios públicos de calidad requiere un compromiso firme con unos ingresos públicos adecuados, donde quienes más tienen aporten más. A menudo no somos plenamente conscientes de su valor. Si tuviésemos que asumirlos de forma individual, hablaríamos de costes muy elevados: la educación de nuestros hijos, cada consulta sanitaria, cada intervención quirúrgica, tratamientos farmacológicos, la ayuda a domicilio, la asistencia personal, los centros de día, la atención temprana o una plaza residencial. Todos estos recursos forman parte en Asturias de un sistema público que garantiza igualdad de acceso y protección para toda la ciudadanía.

Por eso, el reto no es solo mantener este modelo, sino reforzarlo. Se trata de garantizar el derecho efectivo a unos servicios públicos de calidad, capaces de responder a las necesidades crecientes de la sociedad. El Gobierno de Asturias tiene claro que los servicios públicos se refuerzan, no se debilitan. 

—En las últimas semanas su consejería ha estado muy presente en la agenda pública. ¿Qué balance hace y qué mensaje transmite a las familias? 

—Un mensaje claro: pueden confiar en el sistema público. Seguimos trabajando para reforzarlo y mejorar su respuesta, pese al ruido y al intento de erosión política de la derecha. El balance de estos dos años es el de un trabajo intenso y constante, y así vamos a seguir, reforzando unos servicios públicos sólidos, capaces de acompañar desde la infancia hasta la vejez. Somos un gobierno comprometido con las personas y con la idea de que el verdadero progreso se mide en bienestar.

Estamos desarrollando una intensa agenda legislativa y estratégica, con iniciativas como la Ley de Infancia, la Ley del Voluntariado o la Ley del Tercer Sector, tres herramientas fundamentales para fortalecer el sistema de derechos sociales. Además, hemos diseñado y puesto en marcha estrategias específicas dirigidas a retos muy concretos: la atención a las personas con discapacidad, la soledad no deseada o la prevención y erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia. 

—Se habla de automatización e inteligencia artificial para agilizar expedientes. ¿Cómo se aplica y qué garantías ofrece? 

—La automatización y la inteligencia artificial se utilizan como herramientas de apoyo para mejorar la eficiencia. Permiten ordenar documentación, detectar incidencias o identificar expedientes prioritarios. En todo caso, las decisiones siguen siendo adoptadas por profesionales. Además, estos sistemas se aplican con pleno respeto a la normativa y con garantías de protección de datos y controles para evitar errores. Queremos ganar tiempo sin perder derechos. 

—Más allá de la dependencia, ¿qué programas prioritarios está desarrollando la consejería? 

—Centramos buena parte de nuestra acción en la prevención y en la promoción de la autonomía de las personas. Con la Estrategia CuidAs como eje, estamos implantando un nuevo modelo de cuidados que refuerza la atención a la fragilidad para evitar que las situaciones de dependencia se agraven. A ello se suman numerosas iniciativas de envejecimiento activo, que contribuyen a combatir la soledad no deseada y a fomentar la participación social, en las que participan ya 30.000 personas.

En inclusión social, ultimamos la nueva convocatoria de subvenciones para programas integrales de asistencia material básica y la convocatoria financiada con el 0,7% del IRPF para 2027. Entre ambas movilizarán un total de 6.085.449 euros, dirigidos a las personas más vulnerables.

Y en infancia, avanzamos en la prevención con nuevos recursos como el centro Los Pilares, programas de intervención en crisis familiares y la ampliación de la atención temprana hasta los seis años. También impulsaremos una campaña específica para prevenir la violencia contra la infancia.

En definitiva, estamos desarrollando una acción integral que acompaña a las personas a lo largo de toda su vida, con más recursos, más prevención y más cercanía. 

— ¿Qué indicador le gustaría presentar al final de la legislatura? 

—Quien me conoce sabe que si me comprometo con algo, lo cumplo, y que no concibo llevar las cosas adelante sin participación activa y sin coordinación. Llevo trabajando casi cuarenta años en esta consejería y mi compromiso con las personas es absoluto. Consolidar un sistema más ágil y más justo, con un marco normativo actualizado, con las acciones previstas desarrolladas y con servicios más cercanos y accesibles para la ciudadanía sería un buen final de legislatura. 

— ¿Está el sistema preparado para el envejecimiento de la población? 

—Asturias es una comunidad con una trayectoria en la que los gobiernos progresistas han demostrado un compromiso con las personas y este es el mejor aval para afrontar el futuro. La ciudadanía tiene que tener claro que son los gobiernos progresistas los que ponen en el centro a las personas, los que no recortan derechos sociales en épocas de crisis, los que apoyan a los niños y niñas, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a las personas mayores, a las personas con dificultades y a las familias, los que tejen redes y hacen comunidad. Y estas políticas garantizan que el sistema pueda asumir el aumento de la demanda en los próximos años. Por encima del ruido y del intento de confundir e intranquilizar de la derecha y la ultraderecha, está la historia reciente, los hechos. Solo es necesario pararse, comparar y reflexionar sobre nuestro Estado de bienestar.

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