Podrán participar todos los residentes mayores de 16 años y las iniciativas populares deberán reunir 4.000 firmas
11 may 2026 . Actualizado a las 13:00 h.El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de Participación Ciudadana, que regulará por primera vez de forma integral los instrumentos de implicación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos autonómicos de manera que se puedan realizar consultas ciudadanas que no tengan carácter de referéndum sobre asuntos de interés.
Según ha señalado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, el texto, que ahora será remitido a la Junta General para su tramitación parlamentaria, reconoce el derecho a participar en los procesos regulados por la ley a los mayores de 16 años residentes en Asturias, incluidos extranjeros, así como a asturianos residentes en el exterior y personas desplazadas temporalmente fuera de la comunidad.
La futura norma, de cuyo contenido informará más adelante la Consejería de Ordenación del Territorio que ha promovido la elaboración del texto, regula también la iniciativa reglamentaria popular para la que se fija un umbral de 4.000 firmas, dos mil menos de las que sería necesarias para convocar una consulta sobre un asunto de interés, según recogía el borrador del texto, que atribuía también esta competencia al presidente.
El texto incorpora además la posibilidad de elaborar presupuestos participativos de manera que los ciudadanos, a través de una consulta, puedan elegir a qué proyectos destinar algunos fondos dentro de un elenco de iniciativas presentadas por el Principado.
La futura normativa obliga además a la administración autonómica a motivar públicamente las razones cuando rechace propuestas formuladas por la ciudadanía y reconoce el silencio positivo en determinados procedimientos impulsados desde la sociedad civil.
Además, incorpora el principio de garantía rural, con medidas específicas para asegurar la participación de las personas residentes en concejos rurales o zonas de baja densidad demográfica, lo que evitará desigualdades territoriales y favorecerá la descentralización de los procesos participativos.
Asimismo, contempla la creación del Consejo de Participación Ciudadana como órgano asesor que controle y garantice el cumplimiento de los derechos recogidos en el texto elaborando informes, recomendaciones y memorias anuales sobre el grado de aplicación de las políticas participativas.
También prevé la puesta en marcha de un Registro de Participación Ciudadana y un espacio digital de participación como plataforma pública de información, deliberación y seguimiento de los procesos participativos.
El proyecto de ley prevé acciones de formación y sensibilización para fomentar la cultura participativa, medidas de accesibilidad física, sensorial, cognitiva y digital, así como compensaciones por gastos de desplazamiento derivados de la participación en procesos promovidos por la Administración autonómica; informó Efe.