El Principado afirma que reformará la figura en medio de la polémica sobre la gestión de las minas
12 may 2026 . Actualizado a las 10:31 h.El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha indicado este martes en sede parlamentaria que la consejería ya cuenta con un borrador de la instrucción que permitirá concretar los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), en el que se recogerán de manera clara los criterios que han de regir su tramitación.
«La orientación que les puedo trasladar y que les puedo adelantar es que en ningún caso supondrán la extracción de mineral, incluido carbón, más allá de catas, sondeos o calicatas, para determinar la existencia, volumen o calidad de los recursos en concesiones activas que dispongan de proyectos de explotación previamente autorizados», explicó Borja Sánchez.
Sánchez respondía así al diputado de Vox, Gonzalo Centeno, que ha interpelado al consejero sobre el perjuicio económico que se está causando tanto a empresas como a trabajadores del sector, cuyas labores estaban amparadas por los proyectos de investigación complementaria y que ahora están en suspenso por la incertidumbre jurídica que caracteriza el uso de esta figura.
El consejero ha querido aclarar que, en contra de lo afirmado por Centeno, a partir de 2021 solo hay una empresa que contaba con un PIC, TYC-Narcea, ya que, en el caso de Mina Miura, esta empresa tiene autorizado un proyecto de explotación. En el caso de Cerredo, el PIC nunca llegó a producir efectos jurídicos al no haberse presentado el plan de labores, condición que se trasladó a la empresa como preceptiva.
El consejero ha aprovechado para informar del estado de ejecución del Plan Regenera, puesto en marcha a raíz del informe de la Inspección de Servicios para analizar todo lo ocurrido en el accidente mortal de la mina de Cerredo.
Sánchez ha indicado que, además de la ya mencionada instrucción de los PIC, también cuentan con el borrador de la instrucción relativa a la transmisión de derechos mineros, que concretará los criterios y requisitos de solvencia técnica y económica exigibles para acreditar la capacidad de los adquirientes. «Ambas instrucciones ya están ultimadas y en fase de revisión final», dijo el consejero.
Añadió que también está muy adelantado el procedimiento para la modificación del decreto de estructura orgánica en el que se crea la Jefatura de Servicio de Seguridad Minera. Ya están en marcha los tres expedientes de actuaciones previas y, cuando esté cubierta la Jefatura del Servicio de Minas, se iniciará el programa de inspecciones.
Borja Sánchez ha insistido en que Asturias quiere seguir siendo un agente activo y protagonista en esta transición y en este cambio de modelo.
Apoyo a Mina Miura
El consejero ha aprovechado para trasladar su solidaridad y la del Gobierno de Asturias con los trabajadores de Mina Miura, que mañana llegarán a Oviedo tras su marcha desde la explotación, y ha indicado que sus reivindicaciones le parecen justas y justificadas. «Espero que la empresa acabe ya de presentar el ERTE en la consejería. Estamos esperándolo y lo que deseo es que se les abone la totalidad de los salarios que se les adeudan, porque no son 10 nóminas, son 13 nóminas».
También se ha referido a la situación de TIC Narcea y ha advertido de que «en ningún caso se va a autorizar ninguna actividad que afecte a antiguas explotaciones de carbón sometidas al plan de cierre sin disponer de ese dictamen del Instituto de la Transición Justa».
«En el caso de TIC Narcea, nuestro compromiso es seguir tramitando el proyecto de explotación. No es cierto que no se esté tramitando; claro que se está tramitando y justamente se están ultimando los trámites para poder elevarlo a información pública. Lo que ocurre es que la decisión final estará, a su vez, condicionada a la aclaración que deba hacer el ITJ a la empresa sobre si tiene o no que devolver algún tipo de ayuda», explicó.
Borja Sánchez dijo ser «plenamente consciente de que la actividad minera puede ser una fuente de empleo y de riqueza en el suroccidente», pero ha advertido de que siempre debe desarrollarse dentro del marco legal. «Minería sí, riqueza sí, empleo sí, pero siempre dentro de la ley y con todas las garantías, porque esto es lo que hay que trasladar tanto a las empresas como a los trabajadores», afirmó.
Gonzalo Centeno, por su parte, ha indicado que «la sospecha que cada día que pasa se va convirtiendo más en certeza es que el uso de los PIC en fraude de ley no viene de los funcionarios de la inspección de minas que lo autorizaron, ni de los juristas que han ido configurando la naturaleza de este permiso para situaciones regladas por la ley, sino de los altos cargos del Principado».
El diputado de Vox considera que, «siendo benevolentes, es muy fácil adivinar el origen de todas estas decisiones políticas que, con el uso fraudulento de los PIC, han llevado a esta situación, desde el cierre de las explotaciones de carbón deficitarias decretado por la Unión Europea en 2018, a la vez que se subvencionaban los costes, sobre todo los laborales».
«He llegado a la conclusión de que, al revés de lo que está ocurriendo aquí, el PIC no es ilícito. Lo que ocurre es que no se emplea para lo que se creó. El problema no es de encaje legal, sino de práctica administrativa», dijo Centeno, que se preguntó qué va a pasar con el empresario de buena fe que inició una explotación amparado por un PIC que creía legítimo y al que le encaminó la administración, así como qué ocurrirá con su inversión y con el empleo que había creado; informó Europa Press.