El texto mantiene la exigencia de responsabilidades políticas tanto para cuatro exconsejeros del Principado
25 may 2026 . Actualizado a las 12:47 h.La comisión parlamentaria de investigación del accidente minero de Cerredo en el que fallecieron cinco trabajadores en marzo de 2025 ha aprobado este lunes el dictamen definitivo con el único voto en contra del PSOE.
El dictamen, que quedó cerrado el pasado viernes y solo tenía pendiente la redacción definitiva, incluye la exigencia de responsabilidades que deben concretarse en ceses y dimisiones, y de la concesión de ayudas a las víctimas de ese siniestro y a las del registrado en la misma explotación en 2022.
Una vez aprobado el dictamen por parte de PP, Vox, Convocatoria por Asturias-IU y el Grupo Mixto, y el único rechazo del PSOE, ahora se abre un plazo de quince días para la presentación de votos particulares.
Según ha explicado la presidenta de la comisión, la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, la previsión es que el dictamen sea aprobado en el último pleno de la Junta General del actual periodo de sesiones.
Tomé ha remarcado que el objetivo de esta comisión fue el de «esclarecer los hechos» y «dirimir responsabilidades políticas y de la administración» tanto en el accidente del año pasado como el registrado en el misma mina en 2022, cuando falleció un trabajador y otro resultó herido grave, así como hacer propuestas para evitar que algo así pueda repetirse y pedir la concesión de ayudas a las familias de la víctimas.
El PSOE, que ahora podría elaborar un voto particular, es el único grupo que ha rechazado el dictamen definitivo de la comisión al considerar que hay «defectos estructurales» al centrarse en la búsqueda de responsabilidades jurídicas o administrativas, y no políticas como corresponde a una comisión parlamentaria.
El texto mantiene la exigencia de responsabilidades políticas tanto para cuatro exconsejeros del Gobierno regional, que deberán sustanciarse «y no limitarse a quedar reflejadas en un papel sino conllevar ceses», como para tres altos funcionarios de la administración autonómica.
El texto incorpora además la exigencia de habilitar una línea de ayudas específica para las víctimas de los accidentes registrados en mina de Cerredo en 2022 y 2025 -seis muertos y un herido grave- sin que tenga la consideración de adelanto de las indemnizaciones que pudieran corresponder a las familias de los fallecidos y al trabajador herido; informó Efe.
Críticas del Gobierno
El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha considerado este lunes que el dictamen definitivo de la comisión parlamentaria de investigación del accidente de la mina de Cerredo «no se corresponde con la realidad de los hechos».
Peláez ha respondido en estos términos en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno al ser preguntado por la aprobación, con el único voto en contra del PSOE, del dictamen. El consejero, que ha dicho hablar por la parte mayoritaria del Ejecutivo, es decir, la socialista, ha afirmado que para el Gobierno del Principado «podría ser muy sencillo adoptar la decisión más oportuna desde el punto de vista demoscópico», pero es «responsable» y «toma las decisiones en base al interés general y a la realidad de los hechos».
Además, ha recordado los reparos que han puesto los letrados del parlamento a la inclusión de nombres y apellidos de los funcionarios a la hora de señalar responsabilidades, después de que la Junta General fuera amonestada hace unos años por el Tribunal Constitucional por ese mismo motivo en otra comisión de investigación, al considerar el alto tribunal que se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de una funcionaria.