Las cifras en el Principado revelan en todo caso una brecha importante entre las salidas de ciencias y humanidades
30 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.La entrada en el mercado laboral de los jóvenes universitarios en Asturias presenta cifras globales muy positivas en cuanto a inserción y retención de talento, aunque con una brecha importante en función de la tipología de los estudios cursados. Así lo revelan las cifras de las respuestas del Principado a una batería de preguntas parlamentarias formuladas por la diputada del PP, Susana Fernández Arias en las que inquirió el Ejecutivo sobre los resultados de diversas estrategias y programas públicos para la empleabilidad juvenil desplegados en la comunidad.
En su respuesta (y respecto a una serie de programas que van desde el Convenio Marco de Colaboración 2023-2028 con la Universidad de Oviedo al Programa Investigo o el Sistema Nacional de Garantía Juvenil) el Principado indica que un amplísimo porcentaje, el 75,7%, de los primeros contratos de los egresados universitarios se corresponden con empresas (ya sean públicas, privadas o bajo el régimen de autónomos) radicadas en el Principado de Asturias. Además señala que la efectividad de los programas de empleo juvenil muestra una evolución creciente en la obtención de puestos estables una vez finalizada la ayuda pública o el itinerario correspondiente. Aunque en su balance el Ejecutivo autonómico destaca que hay diferencias entre los programas, apunta a que hay un porcentaje promedio de inserción laboral estable en torno al 53% a los seis meses de concluir las acciones formativas o de apoyo, una cifra que se eleva hasta el 66% cuando se evalúa el escenario a los doce meses del término de dichas ayudas.
No obstante, los datos demuestran que la inserción laboral no se distribuye de manera homogénea en el territorio, manifestando una marcada dualidad según la rama académica del estudiantado. Los jóvenes titulados asturianos son absorbidos de forma efectiva principalmente por actividades vinculadas al ámbito de la ingeniería y el mantenimiento industrial, la salud y el sector sociosanitario, la informática, la logística, la energía y aquellas profesiones estrechamente relacionadas con perfiles técnicos especializados. En sentido contrario, la administración regional señala que las mayores dificultades y déficits de inserción en el mercado laboral de la región están directamente vinculados con las titulaciones pertenecientes a las áreas de humanidades, ciencias sociales, administración y comercio.
Según los datos ofrecidos en las respuestas del Principado a estas preguntas parlamentarias, para el desarrollo de estas políticas orientadas específicamente al empleo y al emprendimiento juvenil, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) cuenta con un presupuesto de 7,6 millones de euros. De forma paralela, el Convenio Marco con la Universidad de Oviedo, dotado de forma global con 1.047 millones de euros, busca reforzar la conexión de la oferta formativa con las necesidades reales del tejido económico asturiano a través de mesas de trabajo conjunto con empresas, clústeres y agentes sociales para identificar perfiles profesionales estratégicos.
En la enumeración de los programas y de las actividades desarrolladas en este ámbito en Asturias, el Principado incluye el fortalecimiento del Foro de Empleo de la institución académica, la organización de encuentros sectoriales impulsados desde centros universitarios de ámbitos industriales, tecnológicos y científicos, retos de innovación, hackathones y el impulso del programa Uniovi Emprende para el fomento de proyectos empresariales propios. A nivel formativo, se suma la ampliación de competencias digitales y transversales a través de los Cursos TalentUO y la apuesta por las Microcredenciales Universitarias como fórmulas de educación flexible. Finalmente, la administración autonómica destaca el impacto de medidas regulatorias de competencia estatal desarrolladas en la región como la Reforma Laboral y el contrato indefinido como fórmula ordinaria, las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con un incremento acumulado del 66% en ocho años, y la ordenación de las becas y contratos formativos.