El nuevo acuerdo entre las conserjerías de Derechos Sociales y Bienestrar y de Salud junto al SESPA permitirá a los equipos de valoración acceder a información sanitaria con autorización del solicitante
19 jun 2026 . Actualizado a las 18:27 h.Las consejerías de Derechos Sociales y Bienestar y de Salud han firmado un convenio que permitirá al personal sanitario encargado de la valoración de la dependencia acceder directamente a la historia clínica de las personas solicitantes, siempre con su autorización previa.
Esta medida responde al «compromiso del Ejecutivo autonómico de reducir los tiempos de espera y eliminar cargas administrativas innecesarias para la ciudadanía, especialmente para las personas mayores o con mayores dificultades de movilidad», ha informado en un comunicado.
El acuerdo, suscrito con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), introduce una mejora estructural en el funcionamiento del sistema de dependencia.
Hasta ahora, eran las propias familias las que debían solicitar, recoger y aportar un informe clínico junto con la solicitud, mientras que con este nuevo modelo, será la Administración la que, con el consentimiento expreso de la persona interesada, acceda directamente a esa información, lo cual simplifica el procedimiento.
Además, permitirá que el personal técnico disponga de información clínica completa y actualizada desde el primer momento, lo que «mejorará la calidad de las evaluaciones y contribuirá a una resolución más ágil de los expedientes».
El convenio incorpora un estricto marco de garantías para proteger la confidencialidad de la información sanitaria.
De esta forma, el acceso a la historia clínica solo se producirá con autorización expresa por escrito de la persona solicitante, que podrá retirarla en cualquier momento.
El Sespa mantendrá el control sobre la historia clínica electrónica, y el acceso quedará limitado a los datos necesarios para la valoración de la dependencia.
De esto modo, sólo podrán consultarlos los profesionales que intervengan en el expediente, todos los accesos quedarán registrados y serán auditables, y el personal autorizado deberá firmar un compromiso de confidencialidad que seguirá vigente incluso tras el cese de sus funciones.
El convenio se enmarca en el cumplimiento de Plan Agiliza, la hoja de ruta del Gobierno del Principado para «transformar el sistema de atención a la dependencia y reducir los plazos de tramitación».
A esta actuación se suma el refuerzo de los equipos profesionales, con la incorporación de 41 personas al Servicio de Atención a la Dependencia, una medida aprobada por el último Consejo de Gobierno y que supondrá una inversión de un millón.
Con el despliegue del Plan Agiliza, el Ejecutivo autonómico «avanza en su objetivo de situar en 180 días el plazo de resolución de las solicitudes de dependencia», informa EFE.