La empresa deberá subsanar las deficiencias antes de que el proyecto pueda avanzar a información pública
19 jun 2026 . Actualizado a las 18:04 h.El Gobierno asturiano realizará un estudio jurídico para determinar si es posible la autorización del proyecto de explotación de la mina de Vega de Rengos condicionada al pronunciamiento que emita el Instituto para la Transición Justa (ITJ) sobre la devolución de las ayudas al cierre percibidas por el anterior titular de la concesión.
Tras la reunión mantenida ayer por el presidente del Principado, Adrián Barbón, con los alcaldes mineros, el Ejecutivo ha recordado que la aprobación del plan de explotación de TYC Narcea Special Research, propietaria de los derechos mineros de Vega de Rengos, está supeditada a que la empresa aclare ante el ITJ si debe devolver dichos fondos.
Según ha informado el Ejecutivo, la última comunicación del Instituto a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, recibida en marzo y de la que fue informada la propiedad y la dirección facultativa de TYC Narcea, advertía de que, ante la posibilidad de reapertura de antiguas concesiones mineras, «deberá condicionar la validez de cualquier permiso a la devolución previa de las ayudas correspondientes frente al ITJ».
En esos casos, advertía el ITJ, se deberá tramitar un procedimiento separado iniciado por la solicitante para la determinación de la cuantía a devolver y su ulterior abono, «sin el cual el permiso que la autoridad minera pudiera otorgar carecería de ningún tipo de validez, y así debe manifestar en la resolución que a tal respecto pudiera emitir la autoridad minera».
Así, a la espera de la resolución del procedimiento en el ITJ, el Principado seguirá tramitando el proyecto de explotación con la intención de sacarlo a información pública cuando la empresa subsane las deficiencias detectadas en la documentación presentada como la ausencia de las especificaciones en materia de seguridad.
TYC Narcea presentó el proyecto de explotación en abril de 2025 tras serle requerido en enero de ese año por el Servicio de Minas coincidiendo con una prórroga al Proyecto de Investigación Complementario (PIC) que tenía en vigor la empresa y que le permitía la extracción de hasta 90.000 toneladas de carbón.
Previamente, en noviembre de 2023, la compañía había solicitado elevar ese cupo hasta las 300.000 toneladas, petición que fue rechazada por la autoridad minera, informa EFE.