La Abogacía del Estado cifra en 31,2 millones la cuantía que TYC Narcea debería devolver
ASTURIAS
TYC Narcea dispone de quince días para presentar alegaciones antes de una propuesta de resolución
22 jun 2026 . Actualizado a las 13:32 h.La Abogacía del Estado ha emitido un informe en el que fija en 31,2 millones de euros la cuantía máxima que la empresa TYC Narcea tendría que devolver por las ayudas al cierre percibidas por la anterior titular de la concesión, ha informado a EFE este lunes el portavoz de los trabajadores, Carlos Menéndez.
La Abogacía del Estado ha dictado una comunicación, a petición del Instituto de Transición Justa (ITJ), en la que acuerda iniciar el procedimiento para la aplicación de lo previsto en la ley de cambio climático para proceder a la devolución de ayudas hasta un máximo de 31,2 millones.
El organismo ha otorgado un plazo de quince días a TYC Narcea para que pueda aportar documentos y realizar alegaciones y, concluido este trámite, se dictará una propuesta de resolución.
El portavoz de la plantilla, que afronta su segunda semana de acampada permanente en el Paseo de los Álamos de Oviedo, ha señalado que TYC Narcea alegará que es una «unidad de producción diferente» a la antigua carbonera y que, por tanto, no le corresponde devolver ninguna de las ayudas.
Según ha indicado, tras el plazo de alegaciones, se abrirá un periodo de hasta tres meses de tramitación entre el ITJ y la empresa antes de que haya una resolución definitiva, por lo que no se espera respuesta final hasta septiembre.
El portavoz ha subrayado que recibir este informe «era una de las dos condiciones que los trabajadores habían fijado para levantar la acampada», pero que la otra, que el proyecto de explotación salga a información pública, «sigue sin cumplirse», por lo que la plantilla continuará concentrada.
Los trabajadores han recibido este lunes la visita del diputado de Sumar en Congreso Rafael Cofiño y el portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, quienes han exigido que se active de inmediato la tramitación del proyecto de explotación.
Cofiño ha reclamado que la Dirección General de Minas tiene que «trabajar en paralelo» con el proceso abierto en ITJ, de forma que «cuando llegue la resolución del organismo el proyecto autonómico esté listo para ejecutarse».
Esta semana, 56 de los 68 trabajadores quedarán afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE), mientras otros 12 permanecen en la mina realizando labores de mantenimiento, debido a la paralización de la explotación a raíz del accidente mortal.
La plantilla aceptó el ERE el pasado 1 de junio después de que la empresa se comprometiera a la readmisión de los despedidos cuando se autorice la vuelta a la actividad en la mina, informa EFE.