El ITJ inicia un expediente a TYC Narcea para evaluar la devolución de las ayudas al cierre de la minería
ASTURIAS
La compañía dispone de un plazo de quince días hábiles para presentar alegaciones de carácter técnico y jurídico ante la Administración
22 jun 2026 . Actualizado a las 12:27 h.El Instituto para la Transición Justa (ITJ) ha notificado formalmente a la empresa TYC Narcea el inicio de un procedimiento administrativo relativo a la posible devolución de las ayudas públicas que le fueron concedidas en su momento. Estas subvenciones se otorgaron en el marco del Plan de Cierre de la minería del carbón, el programa estatal diseñado para gestionar el cese de la actividad extractiva y la reconversión de las comarcas mineras afectadas. La apertura de este expediente marca el comienzo de una fase de revisión en la que el organismo público examinará si la situación actual de la firma se adecúa a las exigencias regulatorias vinculadas a dichos fondos.
El punto central de la controversia técnica y jurídica se sitúa en la interpretación del artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética. Esta normativa regula con especificidad las condiciones, restricciones y compatibilidades de las actividades industriales que se desarrollan tras el desmantelamiento de las explotaciones mineras, especialmente cuando han mediado recursos económicos públicos para asegurar la clausura de las instalaciones.
La posición reflejada por la Administración en el acuerdo de inicio difiere sustancialmente de la postura mantenida por TYC Narcea. El principal desacuerdo radica en la definición de la unidad de producción y la vinculación de las tareas actuales con las del pasado. Mientras que el procedimiento administrativo evalúa si existe una continuidad en la explotación, la empresa sostiene que las labores que ejecuta actualmente no corresponden a la misma unidad de producción que recibió las ayudas al cierre. Según argumenta la compañía, aquellas subvenciones fueron otorgadas en su día a la sociedad Carbonar, mientras que las actuaciones vigentes forman parte de un proyecto industrial diferenciado, tanto desde el punto de vista técnico como del esquema legal.
Ante este escenario, la dirección de TYC Narcea ha manifestado que considera la apertura de este expediente como el cauce administrativo adecuado para clarificar la correcta interpretación de la ley, con el objetivo de resolver la situación bajo un marco de plenas garantías jurídicas. Para defender su postura, la empresa fundamentará su argumentación en un análisis minucioso de los antecedentes del caso, la normativa nacional, el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y la realidad técnica de las operaciones que se llevan a cabo sobre el terreno.
A partir de la recepción oficial de la notificación del acuerdo, se ha abierto un plazo de quince días hábiles para que la compañía formule las alegaciones correspondientes y presente las pruebas documentales que estime oportunas. Fuentes de la empresa han indicado que trabajarán con la máxima celeridad en la elaboración de esta respuesta técnica y jurídica, señalando que la situación de los activos ya ha sido objeto de estudios previos detallados, lo que les permitirá fundamentar su postura de manera sólida dentro de los plazos establecidos por la Administración.
Este expediente administrativo se enmarca dentro de las funciones habituales de control y supervisión que el Instituto para la Transición Justa aplica sobre los fondos públicos destinados a la reestructuración minera. Por su parte, TYC Narcea ha reiterado de forma expresa su total disposición a cooperar con las autoridades competentes a lo largo de todo el proceso de tramitación, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con el cumplimiento del marco legal vigente y con el desarrollo de proyectos industriales orientados a la transición energética sostenible.