Guillermo Peláez: «Los impuestos los pagan las personas y no los territorios, igual que son las personas quienes reciben los servicios públicos»

El debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica y el rumbo económico de Asturias centran la agenda política en un momento clave para el Principado. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez defiende la postura de Asturias frente a la propuesta del Ministerio, defendiendo el coste de los servicios frente a la capacidad fiscal de los territorios, y desgrana las claves de los posible cambios en la «vía fiscal asturiana» para proteger a las clases medias sin comprometer la suficiencia presupuestaria.

—Quiero preguntarle primero por el estado de la reforma de la financiación autonómica, la propuesta del Ejecutivo central que Asturias rechaza. Desde el Principado se remiten sistemáticamente al acuerdo alcanzado en la Junta General del Principado y a la Declaración de Santiago con otras comunidades. ¿Cómo valora usted la situación actual y qué va a pasar en el corto plazo?

—Tras más de diez años con el modelo de financiación caducado, el diagnóstico común de todas las comunidades autónomas era que estábamos infrafinanciadas y que, por tanto, procedía renovar el sistema. Esa renovación debía partir de una propuesta del Ministerio para empezar a negociar, ya que es imposible que las comunidades autónomas nos pongamos de acuerdo para elaborar un documento inicial por nuestra cuenta. El Gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de tener mayoría absoluta, no hizo absolutamente nada al respecto. El actual Gobierno de España trató de abordar el problema y presentó una propuesta, un documento inicial para negociar que incluía 21.000 millones de euros más. Esto reforzaba la financiación de las comunidades autónomas que, al fin y al cabo, somos las que soportamos el peso del estado del bienestar. Esa es la parte positiva. La crítica que hacemos desde Asturias se dirige, en primer lugar, a las formas. Parecía una propuesta negociada exclusivamente con Cataluña. No podemos engañarnos ni hacernos trampas al solitario: todas las reformas del modelo, tanto la que hizo José María Aznar como la de José Luis Rodríguez Zapatero, fueron pactadas inicialmente con Cataluña porque no se puede obviar cómo funcionan las mayorías parlamentarias en España. A partir de ahí, las formas condicionan el fondo. Lo que observamos es que la propuesta presentada por el Gobierno de España (que, contrariamente a lo que afirma la derecha o algunos medios de comunicación, no es un cupo para Cataluña, sino una reforma del régimen común para las quince comunidades autónomas con los mismos criterios) adolece de problemas en los criterios de reparto. Es un modelo que, a nuestro entender, beneficia claramente a las comunidades del Arco Mediterráneo, incluyendo a Andalucía y a Castilla-La Mancha. Además, prima la capacidad fiscal y la riqueza de los territorios, en lugar de la necesidad de aportar recursos que permitan prestar servicios públicos en condiciones de igualdad en todo el país. Por ello, trasladamos al Ministerio que esa propuesta no podía contar con el voto favorable de Asturias. Mantuvimos una reunión bilateral con el Ministerio, que ofreció encuentros a todas las comunidades para explicar la propuesta y escuchar sus demandas. Esto fue criticado, pero es algo que siempre se ha hecho en todas las reformas, ya que es inviable negociar con quince interlocutores a la vez en la misma mesa; se requiere ese espacio bilateral. El propio Alberto Núñez Feijóo, siendo presidente de la Xunta de Galicia en 2009, se reunió bilateralmente al menos cuatro veces con el Ministerio de Hacienda de entonces. En nuestra reunión, nos ofrecieron un fondo para equilibrar con la media a aquellas comunidades que quedasen por debajo de la media por habitante ajustado. Estamos buscando que nos aclaren los términos de este fondo, ya que tras la reunión técnica de hace unos días el contenido no ha quedado claro. En cualquier caso, para Asturias sería del todo insuficiente. Lo crucial para nosotros es discutir sobre el coste efectivo de los servicios públicos basándonos en criterios como la orografía, la dispersión y el envejecimiento de la población. Si la propuesta no se modifica en este sentido, el Principado de Asturias votará en contra.

—Ha mencionado que esta reforma beneficia a los territorios del litoral mediterráneo y que incluye el principio de ordinalidad, al que Asturias siempre se ha opuesto. Siempre se ha defendido la premisa de que los impuestos los pagan las personas y no los territorios. ¿No cree usted que el planteamiento del Gobierno central mira más a los territorios que a los propios habitantes de las comunidades?

—Cuando afirmamos que la propuesta del Ministerio de Hacienda para renovar el modelo prima más la capacidad fiscal de los territorios que las necesidades de los ciudadanos, nos referimos a que el modelo tiende a beneficiar a las comunidades con mayores recursos. Desde Asturias siempre hemos defendido que los impuestos los pagan las personas y no los territorios, al igual que son las personas quienes reciben los servicios públicos. Por ello, este modelo beneficia claramente a Cataluña, Baleares, Madrid y a las comunidades del arco mediterráneo. Aunque incluye mecanismos de solidaridad como el reparto por población ajustada, observamos una clara tendencia a la ordinalidad que profundiza en la capacidad fiscal territorial en detrimento de las necesidades reales de los ciudadanos.

—¿Qué margen de negociación ve usted para acercar el texto a las posturas que defiende Asturias en el marco bilateral? ¿Qué peso cree usted que pueden tener las alianzas tejidas estos años con otras comunidades autónomas para hacer un bloque común?

—El margen es estrecho. Tras la reunión técnica donde se nos explicó el modelo, y más allá de las necesarias aclaraciones sobre el fondo para igualar la media —que seguimos reivindicando y que supondría más recursos para Asturias—, nuestro voto no va a cambiar si no hay modificaciones sustanciales. El margen es escaso y el recorrido de aquí al día 29 es limitado. No obstante, mantenemos la mano tendida al diálogo, aunque ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de Hacienda. Respecto al Partido Popular, la ministra María Jesús Montero les ofreció en reiteradas ocasiones un gran pacto de Estado por la financiación autonómica, pero el PP nunca quiso sentarse a negociar. El Gobierno de España presentó esta propuesta alternativa para tratar de garantizarse un apoyo parlamentario. Por eso insisto en que las formas determinan el fondo: el Gobierno central actúa conforme a su responsabilidad ante los equilibrios parlamentarios que sostiene. Hay que reconocer que ha asumido esa responsabilidad, en contraposición a la actitud de Rajoy cuando disponía de mayoría absoluta. Una vez presentada la propuesta, las comunidades gobernadas por el Partido Popular se han negado a negociar, a pesar de que las del arco mediterráneo salen claramente beneficiadas y experimentan tensiones internas. Por ejemplo, el consejero de Murcia, en un encuentro en la Universidad de Santiago de Compostela, se mostró inicialmente favorable al diálogo porque entendía que la propuesta suponía un incremento muy importante de recursos para su región. Diez días después, le retiraron las competencias de Hacienda. En Valencia existe un gran consenso entre la sociedad civil, la patronal y los sindicatos de que este modelo incrementaría notablemente sus recursos, y sin embargo sus gobernantes rechazan sentarse a negociar. Por otro lado, las comunidades firmantes de la Declaración de Santiago, que compartimos que este modelo no recoge nuestros intereses, tampoco se quieren sentar. Nos hemos sentido un poco huérfanos. Si el Ministerio hubiera percibido voluntad para un gran acuerdo de Estado, habría sido más fácil abrir el campo de juego para consolidar una mayoría parlamentaria. La negativa a negociar ha dejado al Ministerio sin incentivos. Me parece una actitud irresponsable por parte de los gobiernos autonómicos del Partido Popular seguir los dictados de Génova en lugar de defender los intereses de sus propios territorios, bloqueando la posibilidad de alcanzar un sistema con vocación de permanencia. En Asturias, el Partido Popular también se encuentra en una posición incómoda. En la mesa de financiación autonómica, las fuerzas parlamentarias que firmamos el gran acuerdo asturiano ratificaron la posición del Principado de votar 'no' en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hemos generado un consenso interno en defensa de Asturias, pero la oposición es incapaz de valorar la valentía de nuestro Gobierno al oponerse a una propuesta de su propio color político, y busca cualquier excusa para seguir criticando.

—Pasando al plano de la fiscalidad y de la denominada «vía fiscal asturiana», el presidente del Principado lleva semanas destacando la importancia de no dejar atrás a las clases medias y ha sugerido próximos cambios en los impuestos. ¿Podría explicarme qué son esos cambios y a qué responden, en un contexto en el que ustedes ven necesario realizar estas modificaciones que han generado ciertas tensiones dentro de la coalición de Gobierno?

—En primer lugar, es necesario contextualizar la buena coyuntura económica del Principado. Llevamos varios años creciendo por encima del 2%, superando la media de la Unión Europea. El crecimiento de nuestra renta per cápita es superior a la media española porque, a diferencia de otros territorios donde el incremento del PIB se debe a un aumento demográfico estacionalizado y muy vinculado al sector servicios, en Asturias el crecimiento responde a una mayor productividad y valor añadido. Contamos con datos históricos de empleo, con más de 400.000 cotizantes a la Seguridad Social y menos de 50.000 parados. Esta solidez económica es la que permite mejorar el presupuesto público para reforzar el estado del bienestar y la inversión productiva sin poner en riesgo la suficiencia de los recursos públicos, que para nosotros es la máxima prioridad. En este escenario, el planteamiento del Gobierno es concentrar cualquier posible alivio fiscal en las clases medias y trabajadoras para avanzar hacia un sistema más progresivo y justo. En esto existe un pleno consenso entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. De hecho, en los tres últimos presupuestos hemos abordado reformas y rebajas fiscales dirigidas a la mayoría social. Diseñamos una reforma de la escala del IRPF que beneficia a las rentas de hasta 55.000 euros, permitiendo que el 90% de los contribuyentes pagara menos en la última campaña de la renta. Esto se compensó incrementando medio punto el tipo a las rentas superiores a 175.000 euros, mejorando la progresividad. Cuando hablamos de dar respuesta a las clases medias ante la evolución de los salarios y de los precios, nos referimos a corregir situaciones injustas. El presidente suele poner un ejemplo muy claro: una persona que ganaba 35.000 euros el año pasado y tenía derecho a la deducción por hijo a cargo, si este año pasa a ganar 35.200 euros debido a una actualización salarial, pierde por completo el derecho a esa ayuda. Nos referimos a monitorizar la realidad económica para adaptar los límites y evitar que las clases medias y trabajadoras se vean perjudicadas fiscalmente por el incremento del coste de la vida.

—¿En qué se diferencia esta propuesta del argumento que ha utilizado el Partido Popular durante estos años sobre la necesidad de deflactar los impuestos para adaptarlos a la inflación? ¿Es diferente?

—Desde un punto de vista puramente técnico, la deflactación tiene sentido, pero el Gobierno del Principado ya adaptó la tarifa del impuesto el año pasado mediante una reforma fiscal que supuso una rebaja de 40 millones de euros. Incrementamos el mínimo personal y familiar un 10%, que es el máximo legal permitido, asumiendo que el coste de la vida ha subido. Sin embargo, la derecha no quiere reconocer esto. Redujimos la tributación a las rentas de hasta 55.000 euros de manera progresiva, beneficiando especialmente a quienes ganan menos de 35.000 euros. Lo que no hicimos fue beneficiar a las rentas superiores a 55.000 euros, que es lo que exige el PP. Cuando el Partido Popular habla de deflactación, propone modificar todos los tramos. Dado que el IRPF es un impuesto progresivo y acumulativo, con la propuesta del PP quienes más se beneficiarían serían las rentas más altas. Eso para nosotros es regresivo. Afirmar que no hemos adaptado el IRPF a la inflación es falso. Lo hicimos el año pasado reformando la tarifa, incrementando los mínimos y reduciendo el tipo en el primer tramo, siempre fieles a la vía fiscal asturiana y a la progresividad para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos. Lo llamativo es que el Partido Popular votó en contra de esta rebaja fiscal de 40 millones para la mayoría social únicamente porque subíamos medio punto el tipo a las rentas de más de 175.000 euros. Deberían explicar por qué prefieren defender los intereses de los patrimonios más altos en lugar de los de la clase trabajadora.

—En cuanto a los nuevos tributos, el impuesto sobre las estancias turísticas (la conocida como tasa turística) acaba de ser aprobado por el Consejo de Gobierno y está pendiente de tramitación parlamentaria. ¿Qué sabe usted de ella, qué ayuntamientos están interesados y cómo valoran el futuro despliegue de este impuesto?

—Es una medida de responsabilidad. El turismo genera un impacto que soportan principalmente las entidades municipales, las cuales demandan recursos para hacerle frente. Lo que hemos hecho es dotar a los ayuntamientos de un instrumento voluntario para obtener ingresos adicionales, defendiendo la autonomía local. Me llama la atención la postura del Partido Popular. En Galicia, una comunidad con un modelo turístico similar al nuestro, el PP aprobó la tasa turística, mientras que aquí en Asturias la critican con virulencia. Deberían explicar por qué quieren limitar la autonomía de las administraciones locales y negarles una herramienta fiscal que les ayudaría a gestionar mejor sus recursos.

—En relación con el Impuesto sobre Sucesiones, siempre se discute si es un tributo que realmente afecta a muy pocas personas en Asturias, en torno a unas 200 al año. ¿Por qué cree usted que es el protagonista de tantos debates políticos?

—El impuesto de sucesiones cuenta con un sólido respaldo técnico de organismos internacionales como la OCDE, que lo defienden como un instrumento eficaz para redistribuir la riqueza frente a las grandes acumulaciones de capital, teniendo además un menor impacto sobre la actividad económica que otros tributos. Para nosotros es un impuesto justo que grava el incremento patrimonial de quien recibe la herencia. La prioridad del Gobierno del Principado es que las clases medias y trabajadoras queden exentas de este gravamen. Esto lo conseguimos fijando el mínimo exento en 300.000 euros por heredero, sin contar la vivienda habitual. Gracias a ello, en Asturias solo paga este impuesto el 1% de los declarantes, es decir, las rentas y patrimonios más elevados. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: mantener el impuesto como una herramienta de redistribución de la riqueza para sostener el estado del bienestar, asegurando al mismo tiempo que la mayoría social no tenga que tributar por él.

—Centrándonos en los presupuestos autonómicos, ¿cree usted que se llegará a cumplir dos legislaturas completas habiendo aprobado las cuentas año a año? ¿Se logrará también en esta ocasión? ¿Considera que el acuerdo es más fácil o más difícil por encontrarse en el año previo a las elecciones?

—Soy optimista. Las fuerzas progresistas que sustentan y apoyan al Gobierno hemos demostrado responsabilidad y somos plenamente conscientes de lo crucial que es disponer de presupuestos para mejorar los servicios públicos y potenciar la inversión productiva. Hemos acreditado una gran capacidad de diálogo para construir mayorías parlamentarias estables. Frente a la inestabilidad de los gobiernos de coalición del PP con la extrema derecha en otras comunidades, incapaces de aprobar presupuestos y abocados a adelantos electorales, el Gobierno de Asturias ofrece estabilidad a través del acuerdo. Creo que la necesidad de consolidar una mayoría de progreso será el elemento de cohesión que nos permita sacar adelante los próximos presupuestos.

—El sector de la defensa se perfila como un motor clave para la reindustrialización de Asturias. Tenemos sobre la mesa el proyecto de Indra en el Tallerón de Gijón, pero también la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en Barros (Langreo). ¿En qué situación nos encontramos ahora y cuál es el margen de maniobra que tiene el Gobierno del Principado para intentar que todo esto cuaje como se espera?

—Indra presentará próximamente la solicitud para declarar como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) tanto la iniciativa de Barros como el desarrollo que ya ejecuta en el Tallerón. Esta declaración abre un marco legal que dota de agilidad a los proyectos. Consideramos que esta inversión es estratégica para la región y emplearemos todos los instrumentos legales a nuestro alcance para garantizar que se materialice. En este momento estamos acompañando a las partes implicadas para que alcancen un acuerdo. Debemos mantener la discreción necesaria para facilitar el diálogo. Asimismo, apelamos a la responsabilidad de Duro Felguera, una empresa con un compromiso histórico con Asturias, para que colabore activamente en el desarrollo de este proyecto estratégico.

—Como señala el presidente, existe una serie de proyectos que se podrían ir a otras comunidades autónomas, pero a veces se confunden las iniciativas asturianas con las de Galicia. ¿Son el mismo proyecto o no tienen relación?

—No tienen relación directa; son proyectos completamente independientes. En el contexto actual, la inversión en defensa en Europa y España va a incrementarse notablemente para mejorar las capacidades de disuasión. Este esfuerzo no puede traducirse en adquirir tecnología y equipos a potencias extranjeras, lo cual generaría dependencia tecnológica y económica. La estrategia de la Unión Europea pasa por desarrollar una base industrial de defensa propia, lo que exige una gran inversión pública. Los proyectos previstos son de gran envergadura, lo que hace que la inversión de Indra en Galicia sea perfectamente compatible con la que proyecta realizar en Asturias.

—Anteriormente ha mencionado la figura de los proyectos estratégicos. ¿Qué otras iniciativas de este tipo tienen sobre la mesa bajo la normativa del Principado, considerando que el proyecto de Cosco ha generado también roces dentro de la coalición de Gobierno?

—En el caso de Cosco, dando continuidad a los informes de los servicios técnicos, el Consejo de Gobierno aprobó su reconocimiento como proyecto de interés estratégico. Esperamos que se desarrolle con rapidez y genere los puestos de trabajo previstos, actuando como un dinamizador de la logística y la distribución alimentaria en la región. Cosco es un operador logístico global que podría haberse asentado en cualquier otro punto de la cornisa cantábrica, por lo que es una excelente noticia que haya elegido Asturias. También seguimos muy de cerca el desarrollo del proyecto de Sunwafe en la Zalia, que cuenta con un importante respaldo financiero del Gobierno de España. Asimismo, el sector de la defensa en Asturias cuenta con un gran potencial de crecimiento, no solo a través de Indra sino también con empresas consolidadas como Santa Bárbara Sistemas. Debemos aprovechar el gran volumen de inversiones previstas para posicionar a Asturias como un polo industrial de primer orden en este sector, aprovechando nuestra experiencia industrial tradicional y captando inversiones que permitan, además, avanzar en proyectos clave como la descarbonización y electrificación de la gran industria.

—Respecto a ArcelorMittal, ¿tienen ustedes un mayor optimismo sobre la viabilidad y ejecución de las inversiones para la electrificación y descarbonización de la planta?

—La Unión Europea está dando pasos decididos en la dirección correcta, por ejemplo, con la implantación del mecanismo de ajuste en frontera para proteger la producción de acero verde frente a competidores externos. El gran reto sigue siendo reducir el coste de la factura eléctrica. La ventaja competitiva de España en la generación de energías renovables nos sitúa en una posición óptima para desarrollar el hidrógeno verde a precios competitivos. Ahí reside la verdadera garantía para hacer sostenible y viable el proyecto de electrificación y descarbonización de las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias.

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