La brecha social frena la adaptación térmica de las viviendas en Asturias ante las nuevas olas de calor

Las recientes e inéditas olas de calor registradas en Asturias han puesto de manifiesto la creciente necesidad de adaptar el parque de viviendas a rigores del clima que no eran conocidos en la comunidad. Y cada vez más ciudadanos son conscientes de la importancia de acondicionar sus hogares frente al estrés térmico; sin embargo, el Principado aparece como la comunidad con mayor brecha de desigualdad en este ámbito. A la hora de afrontar reformas de aislamiento o climatización, las personas y familias con menores ingresos económicos son las que encuentran mayores barreras financieras para llevar a cabo estas intervenciones, y los problemas se cronifican.

Así lo revela el informe Radiografía de las reformas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas en España: quién necesita rehabilitar, y por qué no lo hace, elaborado por Isabella Becerra y Jorge Galindo para el centro de políticas económicas EsadeEcPol. El estudio subraya que, aunque la necesidad de reforma viene marcada en gran medida por la antigüedad de los inmuebles, en Asturias se da una brecha de desigualdad acusada: la tasa de rehabilitación entre quienes necesitan mejoras alcanza el 49,5% en los hogares sin riesgo de pobreza o exclusión social, pero cae drásticamente hasta el 23,5% entre aquellos en riesgo de pobreza. Esto supone una diferencia de 25,9 puntos porcentuales, la mayor brecha de equidad socioeconómica observada en todo el país. En el ámbito residencial, la eficiencia energética consiste en optimizar el consumo de energía necesario para mantener unas condiciones adecuadas de habitabilidad y confort. Esto se logra mediante la actuación sobre la envolvente del edificio (aislamiento térmico en fachadas, cubiertas y ventanas) y la mejora o sustitución de las fuentes e instalaciones de climatización. Cuando una vivienda es ineficiente, el coste económico de mantenerla acondicionada se dispara, lo que agrava la vulnerabilidad de los hogares con menos recursos.

Respecto al Principado, el informe apunta que en invierno, un 85% de la población asturiana logra mantener una temperatura adecuada en su hogar. En verano, el 73% de la población de renta baja y el 91% de la de renta alta consiguen mantener su vivienda fresca (una brecha de 17,6 puntos porcentuales), favorecidos por una demanda de refrigeración baja en comparación con el sur peninsular (tan solo 22 grados-día de refrigeración acumulados en 2025 frente a los 387 de media nacional). En cuanto a las obras realizadas, el 22,8% de la población reside en viviendas donde se han hecho reformas en los últimos cinco años. Si se observa únicamente a quienes declaraban necesitar mejoras, el Principado alcanza una tasa de ejecución del 43,5%, lo que muestra una elevada focalización de las reformas sobre la necesidad. No obstante, Asturias registra la mayor brecha de desigualdad socioeconómica del país entre quienes necesitan obras y en materia de rehabilitación protegida, Asturias contabilizó 7.179 expedientes aprobados bajo programas públicos entre 2023 y 2025, tras ampliar en 10 millones de euros su presupuesto para elevar la inversión del programa a más de 26 millones entre 2025 y 2026.

A escala estatal, el informe describe un país climáticamente dividido entre el norte y el sur lo que lo divide también en sus reformas. Frente a la media nacional de rehabilitación del 19,3% en 2025, el 22,8% de Asturias sitúa a la comunidad por encima del promedio del país, aunque por detrás de líderes territoriales como la Comunidad Foral de Navarra (27,9%), el País Vasco (26,7%) o las Islas Baleares (26,6%). Sin embargo, la brecha de equidad asturiana de 25,9 puntos porcentuales entre hogares con y sin riesgo de pobreza contrasta severamente con los 4,1 puntos de Navarra o los 9,4 de Extremadura. Asimismo, mientras comunidades del sur como Andalucía (14,2%), Extremadura (14,4%) o Murcia (14,5%) presentan menores tasas de ejecución general y soportan más de 600 grados-día de refrigeración estival, Asturias registra un volumen de solicitudes protegidas (7.179) superior al de autonomías mucho más pobladas como Andalucía (6.737) o Cataluña (4.129).

En conjunto, el estudio fija las claves del problema en la falta de capacidad económica (el coste frena al 78%), el desajuste de incentivos en el alquiler y los obstáculos de gestión en comunidades de propietarios. Para dar respuesta a estos retos, los autores plantean ocho soluciones prioritarias: focalizar las ayudas en los hogares de máxima antigüedad y renta baja; dimensionar las subvenciones para superar la barrera de entrada; simplificar la toma de decisiones vecinales con agentes rehabilitadores; brindar ayuda directa y acompañamiento técnico integral; notificar ayudas de forma proactiva utilizando registros administrativos; permitir el reparto limitado de ahorros entre propietario e inquilino; adaptar las políticas al estrés térmico de verano; y consolidar convocatorias administrativas permanentes para agilizar la tramitación.

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