El Consejo de Ministros toma la medida por «motivos humanitarios relacionadas con su estado de salud»
28 jul 2026 . Actualizado a las 23:23 h.El Consejo de Ministros ha acordado conceder el indulto al gestor cultural Natalio Grueso, condenado a 8 años de prisión, 8 de inhabilitación y una multa, por «motivos humanitarios relacionadas con su estado de salud».
Según un comunicado del Ministerio de Justicia, el Gobierno ha acordado indultar la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento y mantener el resto. El indulto, uno de los cinco aprobados por el Gobierno, fue solicitado por numerosos artistas y profesionales del sector audiovisual -alrededor de ochenta firmas, encabezadas por el cineasta Woody Allen-, que este martes han agradecido en un comunicado la decisión del Gobierno por causas humanitarias, que reciben con «alivio debido a su delicada situación de salud, que ha empeorado seriamente durante los últimos meses en prisión».
Ahora podrá «afrontar su situación acompañado por sus seres queridos y en las condiciones de cuidado más adecuadas», añaden.
Grueso fue condenado en junio del año 2000 por la Audiencia de Oviedo a una pena de ocho años de cárcel por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societaria durante su gestión al frente del Centro Niemeyer de Avilés (Asturias), un fallo que fue ratificado por el Tribunal Supremo en abril de 2023.
Tras más de dos años fugado, fue detenido en el sur de Portugal, en la localidad de Évora, donde se había ocultado y donde mantenía un perfil bajo y discreto para pasar desapercibido. La Guardia Civil le buscaba después de que la Audiencia de Oviedo decretara su ingreso en prisión, una vez que el Supremo ratificó su condena.
Ya en febrero de 2024, la Audiencia Provincial de Oviedo dictó una orden internacional de detención sobre el que fuera director general de la Fundación Niemeyer de Avilés entre 2006 y 2011. Indulto parcial a la expresidenta del Parlament Laura Borrás.
Resto de indultos
El Consejo de Ministros también ha acordado conceder el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, por el que se le conmutará la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día que se le impuso por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por otra de dos años.
El resto de la pena que le fue impuesta por estos delitos cometidos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (multa e inhabilitación de 4 años y 1 día) se mantiene. El indulto a Borrás se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que la condenó y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba «desproporcionada y excesiva».
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Borrás en marzo de 2023 por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero propuso su indulto parcial para que pudiera evitar la prisión. Rebajada de tres a dos años la pena del exalcalde de Linares (Jaén)
El Ejecutivo también ha acordado indultar de forma parcial al exalcalde socialista de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez, una decisión con la que se conmuta la pena de prisión de tres años impuesta por otra de dos años, si bien se mantiene la pena de inhabilitación de siete años.
Fernández Gutiérrez fue condenado por la Audiencia de Jaén en noviembre de 2011 como autor de un delito de malversación de caudales públicos por cobrar sobresueldos por un valor de 125.377 euros procedentes de las cuentas del grupo municipal socialista al que pertenecía.
La solicitud de Fernández -que fue alcalde de Linares desde 1999 hasta 2017 y además portavoz del grupo socialista desde 2011, que fue cuando cobró dichas cantidades- contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, el aval del grupo popular y el grupo socialista de Linares, el apoyo del Ayuntamiento de esta localidad y el de una asociación vecinal que recabó una cifra relevante de firmas a su favor en el municipio.
Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado indultar parcialmente a dos personas más (ciudadanos particulares, no públicos) condenadas por delitos contra la salud pública a las que se les conmutarán las penas de 3 y 4 años y medio de prisión por una de dos años. Las dos contaban con informes favorables de los tribunales sentenciadores y del ministerio fiscal, informa Efe.