Vivienda sostiene que la nueva ley resolverá las deficiencias de los pisos protegidos
ASTURIAS
Esta nueva norma implantará por primera vez el Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, sustituyendo el actual modelo basado en programas dispersos por una estructura estable y planificada
30 jul 2026 . Actualizado a las 18:48 h.La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha asegurado este jueves que el proyecto de Ley de Vivienda resolverá la mayoría de las deficiencias detectadas por la Sindicatura de Cuentas en la gestión de los pisos protegidos durante los años 2023 y 2024.
La Dirección General de Vivienda ha recordado que parte de las observaciones planteadas por el órgano fiscalizador ya fueron objeto de alegaciones en la fase provisional del documento, al diferenciar entre posibles incumplimientos normativos y aspectos de mejora organizativa o tecnológica. Para la consejería autonómica, la principal conclusión que se deriva del informe es la conveniencia de culminar la aprobación del proyecto de Ley de Vivienda, ya validado por el Consejo de Gobierno y actualmente en tramitación parlamentaria en la Junta General.
Esta nueva norma implantará por primera vez el Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, sustituyendo el actual modelo basado en programas dispersos por una estructura estable y planificada que incorporará un Observatorio, nuevos registros públicos y un servicio propio de inspección. Asimismo, el departamento autonómico ha recalcado que la fiscalización abarca los ejercicios 2023 y 2024, mientras que la ley en tramitación nace precisamente con el objetivo de corregir las deficiencias y limitaciones estructurales detectadas durante ese periodo.
Respecto al acceso a las viviendas, Vivienda ha aclarado que la legislación no exige la inscripción en el Registro de Demandantes (Red Viva) para todas las modalidades, siendo este requisito únicamente obligatorio en el caso de las promociones de carácter privado. En los supuestos de emergencia habitacional, urgencia social o violencia de género, las adjudicaciones se rigen por normativa específica y se tramitan habitualmente a propuesta de los servicios sociales municipales, sin requerir dicha inscripción previa, informa Efe.