Las horas extras impagadas en Asturias permitirían crear 1.500 empleos, según CCOO

La Voz OVIEDO

ASTURIAS

El secretario general de CCOO Asturias, Damian Manzano (d) junto a Marcos Llorente (i), portavoz de la sección sindical de CCOO Industria, realizan declaraciones a la prensa durante la concentración de trabajadores de las ITV este miércoles en Oviedo
El secretario general de CCOO Asturias, Damian Manzano (d) junto a Marcos Llorente (i), portavoz de la sección sindical de CCOO Industria, realizan declaraciones a la prensa durante la concentración de trabajadores de las ITV este miércoles en Oviedo Paco Paredes | EFE

Cada semana se realizan en Asturias casi 150.000 horas extraordinarias, de las que un 38% quedan sin retribución

06 ago 2026 . Actualizado a las 12:11 h.

CCOO de Asturias ha denunciado este jueves que cerca de 10.000 trabajadores realizan cada semana horas extraordinarias no remuneradas en el Principado, una situación que, según el sindicato, equivale a la creación de 1.500 empleos a jornada completa y convierte a la comunidad en la que registra el mayor porcentaje de asalariados que prolongan su jornada laboral.

La central asegura que las horas extra no pagadas suponen un coste laboral anual de 73,5 millones de euros entre salarios brutos y cotizaciones sociales, recursos que, a su juicio, las empresas dejan de abonar tanto a los trabajadores como a la Seguridad Social y a las administraciones públicas.

Según los datos difundidos por CCOO, en Asturias se realizan cada semana 149.799 horas extraordinarias, de las que el 38%, unas 56.226 horas, no se pagan ni se compensan con descanso, un volumen de trabajo que equivaldría a 4.000 empleos a jornada completa.

El responsable de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha afirmado que las horas extraordinarias no remuneradas representan el equivalente a incorporar una gran empresa a la comunidad y ha asegurado que cada trabajador afectado deja de percibir una media de 142 euros semanales entre salario y cotizaciones.

El sindicato sostiene que esta situación supone una pérdida anual de unos 7.400 euros por trabajador y reclama medidas para combatir una práctica que, según denuncia, perjudica tanto a la población asalariada como a las cuentas públicas mediante la reducción de ingresos por cotizaciones e impuestos, informa Efe.