Este aumento se produce en paralelo al crecimiento del retorno a la comunidad: el año pasado volvieron al Principado desde el extranjero cerca de 1.500 personas, la cifra más alta por segundo ejercicio consecutivo
08 ago 2026 . Actualizado a las 11:46 h.El Gobierno de Asturias ha incrementado en un 151% las ayudas al retorno, al pasar de 78 en 2023 a 196 al cierre de 2025. Este año se ha prestado apoyo a 110 personas en el primer semestre. Este aumento se produce en paralelo al crecimiento del retorno a la comunidad: el año pasado volvieron al Principado desde el extranjero cerca de 1.500 personas, la cifra más alta por segundo ejercicio consecutivo.
De este modo, Asturias alcanzó el saldo migratorio más positivo de la última década, con 14.225 personas más. La inversión destinada a las ayudas al retorno ascendió en 2023 a 70.875 euros y en 2025 alcanzó los 361.375. En lo que va de año, las subvenciones concedidas suman ya 259.650 euros.
La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, y la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, han presentado estos datos en un encuentro celebrado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) con personas emigrantes asturianas usuarias de la Oficina del Retorno.
«Asturias ha pasado de gestionar la emigración a impulsar el retorno. Duplicar las ayudas y agilizar los trámites no es un gesto simbólico: es una decisión política para que quien quiera volver encuentre una Administración que le acompañe», ha afirmado la vicepresidenta, quien ha subrayado, además, que el regreso de asturianas y asturianos a la comunidad constituye hoy «una prioridad política de primer orden». Durante esta legislatura, el Gobierno de Asturias ha reformado las bases reguladoras de las ayudas para ampliar el acceso a estas prestaciones.
Entre otras medidas, ha reducido de diez a cuatro años el tiempo mínimo de residencia en el exterior exigido para solicitarlas; ha incluido a descendientes de hasta segundo grado de consanguinidad, familias monoparentales, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género. Además, ha eliminado el requisito de haber mantenido la nacionalidad española durante años en el extranjero, en consonancia con la Ley de Memoria Democrática, informa Efe.