Aunque el Principado presenta mejor balance que la media nacional, la falta de potencia en nudos clave puede frenar proyectos en las grandes ciudades, según un informe elaborado por BBVA Research
14 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.En el debate recurrente sobre la escasez de oferta de vivienda, parte de los argumentos suelen dirigirse a la falta de suelo finalista, la lentitud de las licencias administrativas o la carencia de mano de obra y recursos materiales en el sector de la construcción. Sin embargo, existe otro elemento técnico clave que condiciona el ritmo de ejecución de las nuevas promociones: la capacidad de la red eléctrica para garantizar el suministro a las futuras viviendas. En este escenario, Asturias no muestra un déficit estructural de potencia a nivel autonómico para responder a sus necesidades estimadas, pero sí un marcado desequilibrio interno que limita el margen de desarrollo inmediato en la capital.
Así lo revela el informe «La saturación de la red eléctrica en España y su papel en la escasez de vivienda nueva», elaborado por BBVA Research. Este trabajo examina la capacidad disponible en los nodos de distribución eléctrica del país y evalúa en qué medida la red de transporte y distribución actúa como un obstáculo para la edificación. A nivel general, el estudio determina que Asturias cuenta con una capacidad firme disponible suficiente en sus infraestructuras para atender su demanda residencial proyectada. Bajo la metodología aplicada (que asigna el 31,5% de la capacidad de la red al sector residencial y contempla un consumo estándar de 5 kilovatios (kW) por vivienda), la comunidad dispone de potencia para abastecer a un volumen estimado de entre 25.000 y 30.000 nuevas viviendas. Esta cifra contrasta con el déficit acumulado de vivienda en la región entre 2021 y 2025, que requiere una demanda de potencia significativamente inferior, calculada en unos 20 megavatios (MW), frente a los más de 130 MW utilizables en el territorio asturiano.
En todo caso, y siempre según la descripción de este informe, hay un problema en el equilibrio interno de la comunidad. La mayoría de la potencia eléctrica utilizable no está en los principales núcleos urbanos, sino en el resto de concejos. En el caso de Oviedo, la red existente en el municipio únicamente dispone de potencia firme para abastecer a un rango reducido de entre 1.000 y 2.000 viviendas, lo que implica que un incremento concentrado de la demanda residencial en la capital requerirá la construcción de nuevas subestaciones o el refuerzo de las líneas actuales. Por el contrario, la situación descrita para Gijón presenta un margen holgado. Al examinar el desarrollo urbanístico de Nuevo Roces, proyectado para albergar cerca de 3.500 viviendas, el informe constata que la infraestructura eléctrica asignada a su entorno cuenta con capacidad suficiente para asimilar de forma directa hasta 4.410 inmuebles, por lo que este ámbito no se encuentra frenado por limitaciones de red.
En su comparativa con el resto de territorios, la posición del Principado en el informe es más holgada que la de otras comunidades y que la media del conjunto de España. En gran parte del territorio nacional, la disponibilidad de potencia en los nudos de distribución se encuentra muy ajustada o agotada; de hecho, el 88% de los nodos del país dispone de menos de 1 MW utilizable, un umbral insuficiente para conectar desarrollos residenciales de dimensión media. Frente a regiones como Madrid (donde se indica que la capacidad de red apenas permite cubrir un tercio del déficit acumulado) o áreas con tensionamiento en el litoral mediterráneo y Andalucía, Asturias se encuadra en el grupo de territorios donde la capacidad teórica agregada supera el requerimiento energético de su déficit residencial, de forma similar a otras comunidades del norte.
El informe de BBVA Research advierte de que en el conjunto de España existen más de 80.000 viviendas previstas que dependen directamente de la ejecución previa de infraestructuras eléctricas de transporte y distribución. La ampliación de la red para dar servicio a desarrollos urbanísticos de cierta envergadura requiere de media entre 5 y 8 años de planificación, tramitación administrativa e inversión, lo que genera retrasos directos en la llegada de nueva vivienda al mercado. Para mitigar esta barrera, el estudio plantea un conjunto de recomendaciones que incluyen agilizar la liberación de capacidad reservada y no utilizada a corto plazo, mejorar la coordinación entre el planeamiento urbanístico y la planificación eléctrica a medio plazo, e incrementar la inversión en redes y tecnologías de almacenamiento a largo plazo.