El Ayuntamiento de Cangas del Narcea recibe un coche embargado, se lo roban y acaba calcinado: deberá pagar 2.900 euros al dueño
ASTURIAS
El Consejo Consultivo considera que el Consistorio no garantizó la adecuada custodia del vehículo, que estaba depositado en una nave municipal mientras se tramitaba su embargo
10 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Un vehículo que había quedado bajo custodia del Ayuntamiento de Cangas del Narcea terminó robado de una nave municipal y posteriormente apareció calcinado en un monte. Ocurrió en julio de 2018, después de que el propietario entregara el automóvil al Ayuntamiento en el marco de un procedimiento de embargo. Ahora, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias considera que la Administración debe responder por la pérdida del vehículo y plantea una indemnización de 2.900 euros, aunque antes de abonarla deberá comprobar si continúa pendiente la deuda que había originado el embargo.
El caso se remonta al 30 de junio de 2018, cuando el propietario entregó el automóvil al jefe de la Policía Local, después de formalizar el correspondiente acta de retención y depósito. El vehículo fue trasladado a una nave municipal, donde debía permanecer custodiado mientras se materializaba el embargo acordado en un procedimiento de reintegro. El 3 de julio, el jefe de la Policía Local comunicó a la Alcaldía que el automóvil se encontraba depositado en el inmueble y entregó dos llaves del vehículo junto con la documentación correspondiente. Apenas unos días después, entre el 7 y el 9 de julio, el coche desapareció de la nave. El 9 de julio, la Guardia Civil comunicó su localización: había aparecido calcinado en un monte. Al día siguiente, el alcalde presentó la denuncia por el robo.
La investigación penal terminó archivada. Fue entonces cuando el propietario acudió a la vía administrativa para reclamar al Ayuntamiento el valor del vehículo. Inicialmente solicitó 11.100 euros, cantidad que identificaba con el valor venal del automóvil conforme a los precios medios utilizados a efectos fiscales, además de los intereses legales. Su argumento era que la Administración había fallado en la vigilancia de la nave municipal. Según expuso, el almacén carecía de servicio de vigilancia y eran numerosas las personas que disponían de llaves y entraban y salían del inmueble. Por su parte, el Ayuntamiento sostenía que los servicios municipales habían funcionado de manera razonable y que la sustracción no se había producido por una actuación municipal. También consideraba que el vehículo se encontraba en un local cerrado con llave y que el robo y la posterior destrucción debían atribuirse a terceras personas.
Sin embargo, la propia documentación incorporada al expediente llevó al Consejo Consultivo a una conclusión diferente. Uno de los elementos determinantes fue el informe pericial elaborado a petición de la compañía aseguradora del Ayuntamiento. El perito atribuyó el siniestro a «una defectuosa gestión de la seguridad de la nave del Ayuntamiento donde se encontraba el vehículo». La pericial apuntaba que, al no existir signos de forzamiento, quienes sustrajeron el automóvil pudieron haber entrado manipulando la cerradura mediante una ganzúa o, alternativamente, ser personas que disponían de una llave.
Un gran número de personas tenía llaves de la nave
La investigación de la Guardia Civil aportaba más detalles sobre las condiciones de seguridad del inmueble. Según los interrogatorios incorporados al expediente, el vehículo no estaba inmovilizado ni precintado. Además, tenían acceso a las llaves de la nave «casi todo el personal de obras del Ayuntamiento, protección civil, policía local» y también una empresa que tenía alquilada una parte del inmueble. Pero la lista de personas que podían disponer de las llaves no terminaba ahí. Los testimonios recogidos por los investigadores señalaban que también «se dejaban las llaves a los que traen la pólvora del Carmen y los que realizan la cabalgata de Reyes».
Las condiciones físicas de la nave tampoco ofrecían, según el Consejo Consultivo, las garantías suficientes para considerar que la custodia había sido adecuada. Uno de los testimonios indicaba que uno de los pasadores interiores del portón «no cierra bien, por lo que es posible que quedara abierto», mientras que la cerradura de acceso era descrita como «muy sencilla». Con estos elementos, el Consejo Consultivo considera acreditado que fueron terceras personas las que sustrajeron y destruyeron el vehículo, pero rechaza que esta circunstancia libere automáticamente al Ayuntamiento de responsabilidad.
Otra de las cuestiones pasa por que el propietario reclamaba 11.100 euros, pero el Consejo Consultivo descarta esa cantidad porque no refleja necesariamente el precio real del vehículo en el mercado. La aseguradora municipal había valorado el automóvil en 2.900 euros, después de comparar precios de vehículos del mismo modelo y con una antigüedad similar. Hay, no obstante, una condición antes del pago. El coche había sido depositado a consecuencia de una deuda que había dado lugar al embargo. Por ello, el Consejo Consultivo ordena comprobar si esa deuda continúa pendiente. Si sigue viva, la indemnización deberá responder de ella antes de entregarse al afectado.