Con un 14,3% de sus electores fuera de España, el censo del Principado no ha parado de crecer en América Latina
09 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El Tribunal Supremo ha acordado suspender de manera cautelar la inscripción en el censo electoral de los beneficiarios de la denominada «ley de nietos» que hayan obtenido la nacionalidad española mediante una instrucción del Gobierno que presupone la condición de exiliado a quienes abandonaron el país en las primeras décadas del franquismo. La resolución, adoptada a raíz de un recurso presentado por Vox e Iustitia Europa, paraliza de forma provisional el derecho al sufragio activo de miles de descendientes de la diáspora en los próximos procesos electorales. Asturias se perfila como una de las comunidades autónomas con mayor impacto relativo por esta decisión judicial, puesto que la medida podría dejar en suspenso el derecho a voto de un volumen de nuevos electores que podría situarse por encima de las 12.000 personas e incluso alcanzar las 16.800, cifra en la que ha aumentado el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en la región desde la entrada en vigor de la norma en octubre de 2022.
La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal no anula la concesión de la nacionalidad, pero condiciona la permanencia en el censo electoral a la acreditación individualizada de la condición de exiliado de los progenitores o abuelos. En la práctica, el fallo establece una diferenciación clara según el procedimiento de tramitación: por un lado, quienes obtuvieron la nacionalidad justificando documentalmente el exilio por razones políticas, ideológicas o de persecución mantendrán su derecho a sufragio; por otro lado, aquellas personas que lograron la ciudadanía acogiéndose a la instrucción gubernamental que establecía una presunción general de exilio para las salidas entre julio de 1936 y diciembre de 1955 verán suspendida provisionalmente su inscripción censal. La resolución exige a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral que requieran a los registros consulares el desglose de los expedientes para separar ambas modalidades, una medida cautelar que se mantendrá vigente hasta que el tribunal resuelva el fondo del asunto.
Asturias se sitúa, desde los inicios de la democracia, como una de las comunidades autónomas con mayor peso del voto exterior respecto a su censo total, como consecuencia de los intensos flujos migratorios así como del exilio político posterior a la Guerra Civil. El censo electoral autonómico incluye la modalidad del CERA, el censo donde se inscriben los ciudadanos españoles residentes de forma permanente en el extranjero con derecho a voto. A principios de 2026, el Principado contabilizaba 971.178 electores en total, de los cuales 138.944 correspondían al CERA. Esto supone que el voto exterior representa un 14,3% del censo total asturiano, más del doble de la media nacional (6,9%) y solo por detrás de Galicia (18,6%). El crecimiento de este censo ha sido notable tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática: entre enero de 2025 y enero de 2026, el CERA asturiano sumó 6.415 nuevos electores (+4,84%), mientras el censo de residentes en España descendía en más de 7.000 personas.
Geográficamente, la distribución del censo exterior muestra una notable concentración en América Latina, donde reside el 77,5% de la diáspora asturiana, frente al 20,7% afincado en Europa. Por países, Argentina encabeza la lista con 35.807 inscritos, seguida por México (26.975) y Cuba (17.546), naciones de donde procede también la mayoría de las personas que han retornado a la región en los últimos años. Esta vinculación exterior se traduce en singularidades locales dentro del mapa municipal asturiano, donde existen seis concejos rurales que cuentan con más electores censados en el CERA que residentes empadronados en su propio territorio: Pesoz (62% de censo exterior), Allande (61,7%), Peñamellera Alta (61,5%), Ponga (59,3%), Cabranes (52,8%) y San Martín de Oscos (52,6%).
El voto de la emigración ha tenido momentos decisivos en la historia electoral asturiana. El precedente más relevante se produjo en las elecciones autonómicas anticipadas de marzo de 2012, cuando apenas 573 votos procedentes del exterior inclinaron un escaño en la circunscripción occidental a favor del PSOE en detrimento de Foro Asturias, lo que permitió a los socialistas formar gobierno tras pactar con UPyD. Aquel escrutinio fue objeto de un prolongado litigio judicial que requirió la intervención del Tribunal Constitucional para confirmar definitivamente el resultado en mayo de aquel año.