La presidenta de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría advierte de que prometer nuevos derechos sin garantizar medios puede generar «frustración» en los pacientes y sobrecarga profesional
14 sep 2026 . Actualizado a las 13:42 h.La presidenta de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría, Leticia González Blanco, ha advertido este lunes de los «desajustes» que el texto de la futura ley de Salud Mental puede presentar con la realidad clínica por lo que ha reclamado «rigor» en su redacción así como medios humanos y materiales necesarios para hacerla viable.
González Blanco ha hecho estas afirmaciones ante la comisión parlamentaria de Salud donde ha comparecido a requerimiento del PP dentro del grupo de expertos citados para valorar el proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de mayo.
La presidenta de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría ha incidido en la necesidad de adecuar el marco legal y normativo en este ámbito, pero ha solicitado una ley «viable» dado que prometer derechos nuevos sobre recursos asistenciales limitados sin planificar ni asegurar su dotación solamente generará «frustración» a los pacientes y sobrecarga a los profesionales. Además, ha pedido que la ley blinde de forma inequívoca la prioridad asistencial para el paciente con trastorno mental grave.
En esta línea, González Blanco ha añadido que la normativa tiene como prioridad defender al paciente, sus familias y a los profesionales, por lo que ha compartido el espíritu del texto en la lucha contra el estigma, el fortalecimiento comunitario de la misma y el avance en derechos.
Pese a ello, ha advertido de «desajustes» que este proyecto puede presentar con la realidad clínica dado que, ha advertido, no todo sufrimiento psíquico es un trastorno mental por lo que usar en el texto el concepto de problemas de salud mental es «ambiguo» y no queda delimitado con precisión.
Esta circunstancia podría provocar una atención «inversa e injusta», así como el agotamiento los recursos disponibles a costa de desatender a pacientes con trastorno mental grave, por lo que ha solicitado «rigor» en los términos y no «desdibujar» la realidad médica de los trastornos.
Sí ha valorado el hecho de que la ley haga hincapié en la autonomía del paciente aunque ha considerado que puede verse mermada en situaciones de descompensación o crisis y dificultar la petición de ayuda, a la vez que ha advertido de que no intervenir ante un cuadro clínico grave «no es respeto, sino abandono asistencial».
También ha compartido el objetivo de tender a la mínima coerción pero ha advertido de que la ley no puede redactarse «de espaldas» a la realidad médica por lo que ha reclamado una dotación suficiente de personal «a pie de cama» con profesionales suficientemente formados, entornos idóneos y seguridad jurídica cuando tengan que intervenir de urgencia.
A su juicio, la familia de los pacientes ha de ser cuidada y protegida y resulta paradójico que un artículo de la ley promueva combatir las cargas excesivas y los horarios prolongados en el ámbito laboral general mientras la propia administración «los perpetúa» en la red sanitaria pública que gestiona.
Por último, ha alertado de que el abordaje de la conducta suicida, que constituye uno de los problemas de salud pública y mortalidad evitable «más importantes» de la región, puede quedar relegado a estrategias futuras sin recursos específicos, indicadores evaluables ni tiempos de respuesta garantizados, informa Europa Press.