Asturias fija las prioridades para la futura PAC: competitividad, sostenibilidad y cohesión territorial
ASTURIAS
El consejero de Medio Rural exige que la Política Agraria Común garantice la viabilidad económica de las explotaciones
16 sep 2026 . Actualizado a las 19:56 h.El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha defendido este miércoles la posición del Gobierno de Asturias sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034, defendiendo un modelo que combine competitividad, sostenibilidad y cohesión territorial y que tenga en cuenta las características de las regiones atlánticas y de montaña. También ha reclamado las medidas necesarias para hacer frente al estrés hídrico de este año.
Ha sido durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en Madrid, Marcos ha señalado que la agricultura, la ganadería y la actividad forestal desempeñan una función prioritaria para la economía y para el mantenimiento de la población, la conservación del paisaje, la prevención de incendios y la cohesión del territorio. Por ello, ha reclamado que la próxima PAC garantice la viabilidad económica de las explotaciones. «No habrá sostenibilidad ambiental si previamente no garantizamos el mantenimiento de la actividad agraria efectiva», ha alertado.
El Gobierno de Asturias sostiene que las ayudas deben destinarse a quienes producen, asumen riesgos empresariales y generan empleo, con una atención prioritaria para las explotaciones familiares, profesionales y de montaña, que soportan mayores costes estructurales y desempeñan una labor estratégica en el territorio.
El Principado considera igualmente imprescindible mantener criterios agroclimáticos y territoriales en la distribución de las ayudas y rechaza modelos uniformes que no contemplen las singularidades de la montaña y de la cornisa cantábrica. Además, el consejero ha incidido en la importancia del refuerzo de la seguridad alimentaria y la autonomía estratégica mediante el mantenimiento de la capacidad productiva y el apoyo de Europa a sectores como el vacuno de leche y carne, la apicultura y los cultivos proteicos. Así, el Principado reclama una PAC con suficientes fondos, verdaderamente común, con una gobernanza que permita la participación efectiva de las comunidades autónomas y una adecuada territorialización de las medidas.
Ayudas ante el estrés hídrico
Por otro lado, el titular de Medio Rural ha trasladado la preocupación de Asturias, así como del resto de comunidades de la cornisa cantábrica y de Navarra, por el impacto de la falta de lluvia y las altas temperaturas sobre el sector agrario y ganadero.
La reducción de pastos obliga a numerosas explotaciones a adquirir alimentación animal que habitualmente producen por sí mismas. En este sentido, Marcos Líndez ha reclamado al ministerio medidas urgentes para las ganaderías afectadas, entre otras, ayudas extraordinarias, un fondo de reserva para crisis climáticas, el mantenimiento del alivio de costes y actuaciones destinadas a sostener la demanda de los productos de los sectores afectados.
Por su parte, el Principado destinará recursos propios para afrontar las consecuencias de esta situación. En concreto, incrementará los fondos destinados a complementar la aportación de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y tramitará ayudas excepcionales para las explotaciones.
Pesca
En relación con la pesca, el Gobierno de Asturias reclama que la futura política comunitaria mantenga recursos suficientes para responder a las necesidades específicas del sector y de las comunidades costeras. Así, considera que cualquier integración de la pesca en una arquitectura financiera más amplia debe garantizar que esta actividad conserve protagonismo, capacidad de decisión y financiación específica. Por ello, el consejero ha instado a que el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea (UE) incluya una asignación pesquera claramente identificable y con trazabilidad presupuestaria propia.
Igualmente, ha demandado la participación efectiva de las comunidades en el diseño, ejecución y seguimiento de los futuros planes regionales, así como mecanismos estables de coordinación con el Estado que permitan intervenir en decisiones estratégicas y reprogramaciones financieras.