Los colegios concertados plantan cara a la iniciativa sobre las cuotas: «Alimenta una sospecha injustificada»
ASTURIAS
El pleno regional aprobaba recientemente una proposición no de ley que insta al Ejecutivo autonómico a informar a las familias con alumnado en estos centros de la prohibición de que estos les cobren cuotas. Los colegios en el Principado temen que este tipo de iniciativas puedan trasladar a la opinión pública una percepción «que no responde a la realidad»
21 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno regional (PSOE, Convocatoria IU-Más País-IAS, y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé) aprobaban en el pleno del 10 de septiembre una proposición no de ley presentada por Convocatoria que insta al Ejecutivo a informar a las familias con alumnado en centros de educación concertada de la prohibición de cobrar cuotas o aportaciones económicas por parte del centro.
El texto aprobado pide al Consejo de Gobierno que informe de manera directa y personalizada a todas las familias con alumnado matriculado en los centros de educación concertada del Principado de Asturias de la prohibición de exigir, por parte de los gestores del centro educativo, cualesquiera cuotas o aportaciones económicas, así como del derecho de las familias a negarse a realizar cualquier contribución financiera.
También solicita reforzar los controles para evitar la práctica del cobro de contribuciones económicas a las familias de alumnas y alumnos de centros concertados, suprimiendo los conciertos con aquellos centros educativos que no cumplan con la gratuidad del servicio. Desde las patronales de los centros de educación concertada en Asturias destacan que esta cuestión «es sobradamente conocida» y lamentan que, en cierto modo, este tipo de iniciativas puedan contribuir a sugerir a la opinión pública que actúan al margen de la ley «o con falta de transparencia».
Una sospecha «injusta» para unos colegios «que cumplen la normativa»
Simón Cortina, presidente de Escuelas Católicas de Asturias, opina que la gratuidad de las enseñanzas concertadas está «plenamente establecida en la legislación educativa» y ningún centro puede exigir aportaciones económicas para recibir las enseñanzas objeto de concierto, «ni establecer diferencias de trato entre las familias por razón de dichas aportaciones».
Esta obligación «es sobradamente conocida» por los centros y es recordada expresamente cada curso por la propia administración educativa, «como puede comprobarse en la página 44 de la Circular de inicio de curso 2026-2027 para centros concertados publicada por la Consejería de Educación». Por ello afirma que, desde los centros, no tienen «ningún inconveniente» en que las familias reciban información sobre sus derechos. Se trata, a su juicio, de una cuestión ya regulada y que forma parte de las obligaciones habituales de los centros concertados, sometidos además a la supervisión de la administración educativa.
«Lo que nos preocupa es que este tipo de iniciativas puedan trasladar a la opinión pública una percepción que no responde a la realidad, sugiriendo que los centros concertados actúan al margen de la legalidad o con falta de transparencia», explica Simón Cortina. Esa sospecha resulta «injusta» para unos colegios «que cumplen la normativa y escolarizan aproximadamente al 30% del alumnado asturiano no universitario».
Una medida para «alimentar una percepción errónea»
Asimismo, el presidente de Escuelas Católicas de Asturias considera que conviene diferenciar entre el cobro por enseñanzas concertadas, que está prohibido, las aportaciones verdaderamente voluntarias (que incluso son desgravables) y los servicios escolares (comedor, transporte, etc.) o actividades extraescolares que las familias deciden contratar libremente. «Mezclar estas realidades contribuye más a la confusión que a la información», remarca.
«Creemos que cualquier actuación de la Administración debe servir para ofrecer información rigurosa y completa a las familias, no para alimentar una percepción errónea sobre la enseñanza concertada», indica. En este sentido, comenta que «defender la gratuidad, la transparencia y la libertad de elección de las familias son objetivos plenamente compatibles y compartidos».
«La transparencia no nos preocupa porque ya la practicamos», puntualiza. Lo que sí le preocupa es que, «bajo la apariencia de informar, se pueda extender una sospecha injustificada sobre centros que cumplen la ley, están sometidos al control de la Administración y forman parte esencial del sistema educativo asturiano». Tras una consulta de La Voz, fuentes de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), presidida en el Principado por Luis Alberca, se han sumado a la opinión expresada por Escuelas Católicas de Asturias.