Las empresas privadas poseen 14.214 viviendas en la región, la inmensa mayoría repartidas entre pequeños propietarios de hasta cinco pisos, según el catastro
29 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.La crisis de la vivienda, marcada por la escalada de los precios y los desahucios, ha vuelto al primer plano del debate político y social en España, impulsada por protestas ciudadanas y la acampada de colectivos sociales en la Puerta del Sol de Madrid. Ante esta presión, el Gobierno central ultima la aprobación de un Real Decreto Ley este martes con un paquete de diez medidas de urgencia orientadas a blindar el parque público, frenar la especulación e intervenir el mercado del arrendamiento. En este complejo escenario, la situación de Asturias es singular: se trata de una de las comunidades con menor porcentaje de parque residencial en manos de fondos de inversión y grandes tenedores societarios privados, aun cuando experimenta un fuerte incremento en los precios de la vivienda, en un mercado marcado por los pisos de segunda mano.
Según las últimas estadísticas del Catastro centradas en inmuebles de uso residencial, en Asturias existen 14.214 viviendas a nombre de sociedades privadas. Esta cifra representa un 2,2% sobre el parque total de 647.229 pisos de la región. El peso de los grandes tenedores societarios (definidos como aquellas empresas que poseen más de diez inmuebles urbanos residenciales) se sitúa en apenas el 0,9% sobre el total regional. En todo caso Asturias es, junto a Cantabria, Murcia, Navarra y La Rioja, una de las pocas comunidades en la que no se exige un registro público obligatorio de fianzas de arrendamiento por lo que es más difícil cuantificar con exactitud cuántas de estas propiedades empresariales se destinan de forma efectiva al mercado del alquiler residencial.
En lo relativo a la estructura de la propiedad societaria en el Principado, destaca su elevada atomización en pequeñas y medianas empresas. La mayor parte de los inmuebles corporativos está dividida entre propietarios con una sola casa (21%) o entre dos y cinco pisos (28%). Las grandes corporaciones de más de 100 viviendas aglutinan solo el 12% del total societario privado, lo que equivale a un 0,26% del parque residencial global asturiano (alrededor de 1.700 inmuebles). Hay una cierta 'paradoja asturiana' sobre los grandes tenedores de vivienda en la comunidad: sobre el papel el Principado aparece de forma destacada en el recuento de grandes propietarios pero la causa no obedece al capital privado ni a los fondos de inversión, sino a la propia administración pública ya pertenecen a la sociedad Vipasa. Mientras que las empresas privadas tienen ese 2,2%, el sector público es dueño de un 1,72% adicional del parque total residencial (el segundo porcentaje más alto del país tras Extremadura). En la comparativa nacional, Asturias figura com la penúltima de las autonomías en presencia de empresas privadas (lejos del 4,0% medio en España y del 7,5% de Canarias o el 5,6% de Madrid), mostrando un mercado corporativo mucho menos concentrado en mega-tenedores (lejos de los casos de Madrid o Cataluña con el 32% y el 25% de sus viviendas de empresa, respectivamente).
Pese a este menor peso de los fondos privados, el mercado inmobiliario asturiano experimenta fuertes tensiones de precios y demanda. Durante el segundo trimestre de 2026, el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) registró un incremento interanual del 15% en el Principado, situándose a la cabeza de las subidas en todo el país, un fenómeno impulsado por la segunda mano, que repuntó un 15,7%. Asimismo, en el mes de julio se firmaron 845 hipotecas sobre viviendas (+8,1% interanual), el segundo mayor aumento del país en un contexto de caída nacional del 3,5%, representando el volumen de firmas más elevado para un mes de julio desde 2010.
En el reciente debate sobre la orientación política del Principado, la Junta General aprobó una propuesta de resolución respaldada por el Gobierno de coalición (PSOE e IU-Convocatoria por Asturies) fijando un objetivo a diez años de construir 15.000 viviendas públicas. Por su parte, el presidente asturiano, Adrián Barbón, anunció medidas inmediatas que incluyen la licitación inminente de 800 viviendas públicas, la duplicación del presupuesto autonómico para ayudas al alquiler hasta alcanzar los 30 millones de euros en 2027 (beneficiando a 10.000 familias), la declaración de zonas tensionadas, la puesta en marcha del Plan de Vivienda Rural y un marco de incentivos y recargos fiscales. Entre estos últimos figuran una deducción en IRPF de hasta 5.000 euros el año de la compra o rehabilitación de la primera vivienda habitual (con tipo cero de ITP/AJD para los primeros 150.000 euros) y la aplicación de un tipo del ITP agravado del 10% para la adquisición de una segunda residencia, que se elevará al 12% a partir de la tercera propiedad.
Estas actuaciones autonómicas completan un marco normativo en transformación, a la espera de la concreción del Real Decreto Ley proyectado por el Ministerio de Vivienda. La propuesta estatal prevé sujetar los pisos turísticos al IVA, regular formalmente los alquileres por habitaciones y de temporada para frenar el uso fraudulento de los contratos de corta duración, prohibir la venta de patrimonio público a fondos buitre y habilitar bonificaciones fiscales directas para aquellos arrendadores que apliquen rebajas en la renta de sus inquilinos.