Deducciones para inquilinos en zonas tensionadas: estas son las áreas de Asturias donde se aplicaría

En medio de un contexto de fuertes protestas sociales y escalada de los precios en el mercado inmobiliario, el Gobierno central prevé dar luz verde esta semana al decreto ley de vivienda con un paquete de medidas que incluye una deducción fiscal en el IRPF para los inquilinos que alquilen su residencia habitual con un requisito clave: sólo podrán beneficiarse de ella quienes residan en municipios o barrios declarados como zonas tensionadas. Esta defininición (que limita el precio de los alquileres) es una de los principales instrumentos de la Ley de Vivienda vigente pero que no todas las comunidades aplican ya que entra dentro de sus competencias autonómicas. Asturias sí se cuenta entre los territorios que han declarado zonas tensionadas, junto a Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Según se recoge en el texto que debe aprobarse en el Congreso, la medida permitirá a los arrendatarios deducirse un 10% del total de las cantidades pagadas por su alquiler anual, lo que se traducirá en un ahorro medio estimado de unos 500 euros por contribuyente. El incentivo está dirigido a personas con ingresos o bases imponibles inferiores a los 33.007,20 euros al año. Para quienes no superen los 23.007,20 euros, se fija una base máxima deducible de 11.630 euros, lo que permite alcanzar un descuento máximo de unos 1.163 euros en la declaración de la Renta. En el caso de Asturias, este beneficio fiscal tendrá un impacto inmediato en las doce zonas tensionadas que ya se encuentran vigentes y repartidas en cinco concejos: Gijón, Avilés, Gozón, Llanes y Cabrales. Los inquilinos que residan en estas delimitaciones y cumplan los requisitos económicos serán los primeros de la comunidad en acceder a esta deducción.

En todo caso el Ejecutivo asturiano ya anunciado su intención de extender esta figura en más concejos del Principado. La Consejería de Vivienda mantiene en trámite o en fase de estudio de información técnica la declaración de nuevos ámbitos tensionados, tanto de oficio como a propuesta de las corporaciones locales. Entre los planes concretos del Gobierno regional figura la incorporación de nuevas áreas urbanas en Oviedo, Gijón y Avilés, así como en los núcleos de Pola de Siero y Lugones (Siero), La Felguera (Langreo), Las Vegas y Los Campos (Corvera), Muros y San Esteban (Muros del Nalón), y las villas costeras de Ribadesella y Villaviciosa.

El decreto y las medidas anunciadas por el Principado se producen en un contexto de escalada de precios en el sector inmobiliario asturiano. Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Notariado correspondientes al mes de julio, el precio medio de la vivienda en Asturias experimentó un incremento interanual del 29,3%, situándose como la subida más elevada de todas las comunidades autónomas y muy por encima del promedio nacional, que creció un 7,7%. Este encarecimiento resulta aún más pronunciado en el mercado de pisos, con una subida del 30,2% hasta alcanzar los 1.952 euros por metro cuadrado. En paralelo al repunte de los precios, las operaciones de compraventa en la región registraron un descenso del 16,9% y la firma de préstamos hipotecarios cayó un 19,6%, reflejando que solo el 47% de las adquisiciones de vivienda en Asturias precisaron de financiación bancaria.

Para que la deducción fiscal sea plenamente efectiva, el Real Decreto Ley debe completar su recorrido normativo tras haber sido aprobado en el Consejo de Ministros mediante la convalidación en el Congreso de los Diputados. Una vez refrendado por la Cámara Baja y publicado en el Boletín Oficial del Estado, el texto adquirirá rango normativo definitivo. No obstante, al tratarse de un impuesto de devengo anual como el IRPF, el efecto económico no se reflejará directamente en el pago mensual del alquiler que abonar al propietario, sino que se materializará cuando los contribuyentes presenten la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2026, cuya campaña de liquidación se desarrollará en la primavera de 2027.

Estas deducciones en el IRPF se integran dentro de una ofensiva legislativa más amplia dividida en dos reales decretos leyes que el Gobierno somete a la convalidación del Congreso en un pleno extraordinario. El primero de ellos, publicado ya en el Boletín Oficial del Estado, amplía la protección del llamado escudo social prorrogando la suspensión de desahucios para personas en situación de vulnerabilidad hasta el 31 de diciembre de 2030. Como novedad, para desbloquear la norma, las administraciones públicas deberán compensar económicamente a los propietarios particulares cuando un desalojo quede paralizado. Asimismo, el paquete normativo incluye un freno a las compras especulativas prohibiendo durante dos años a los fondos de inversión adquirir viviendas o edificios enteros por debajo del 70% de su valor de tasación, salvo que los destinen a alquiler social, además de revisar la fiscalidad de las Socimi e incorporar un IVA del 10% a los pisos turísticos para atajar el fraude y desvío de oferta hacia los arrendamientos de temporada o por habitaciones.

Por su parte, el segundo real decreto ley busca reforzar de forma directa la estabilidad contractual de los arrendatarios en el mercado de residencia habitual. La norma introduce una prórroga automática que amplía la duración de los contratos de alquiler por otros cinco años al término del periodo inicial de cinco años. En caso de que el arrendador prefiera no renovar la relación contractual, estará obligado a notificarlo con seis meses de antelación y a indemnizar al inquilino con una cuantía equivalente a doce mensualidades de un alquiler de características similares. Esta obligación de indemnizar solo quedará sin efecto si el propietario demuestra la necesidad de disponer del inmueble para su propio uso o el de sus familiares directos.

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